Según indicaron los directores de los Centros Públicos de Salud, si bien por decreto la práctica no se realiza, si se atienden abortos incompletos.

Un informe publicado por el matutino El Litoral este miércoles detalla cómo se encara el aborto no punible en los hospitales públicos y también en centros privados, en una Provincia que se mantiene al margen del Protocolo para el Aborto No Punible que tiene valedez nacional.

En 2011 Corrientes le dijo no al aborto. Mediante un decreto declaró como política de Estado el derecho a la vida “desde la concepción”. Desde entonces, en los hospitales públicos de la provincia no se garantiza el derecho a la práctica, ni siquiera en los casos habilitados por el Código Penal.



“Corrientes por decreto defiende la vida”, afirmaron funcionarios del Ministerio de Salud Pública consultados por ellitoral.com.ar. Explicaron que la falta de acceso se debe a que “no existe una ley nacional de implementación”. Como es un “tema controvertido”, dijeron, genera problemas con diferentes sectores y además no existen datos y estadísticas en la provincia sobre la problemática.

Tres médicos consultados por este medio coincidieron en que no existe normativa alguna en Corrientes sobre abortos no punibles, pero asumieron que la práctica es una realidad.

“Acá no realizamos abortos, pero sí atendemos abortos incompletos”, explicó Teresa De Sagastizabal, jefa de Departamento Médico Asistencial del Hospital Materno Neonatal, el más grande de la provincia.

En el Hospital Escuela la situación es similar, su director, Alfredo Revidatti, informó que en el 2015 y 2016 no se registraron “complicaciones” por abortos, pero que constantemente reciben pacientes con hemorragias que “sospechan” son causadas por la pastilla abortiva, el Misoprostol. En esos casos, afirmó, que las atienden para verificar que la práctica se haya concretado y no se provoquen futuras infecciones.

A diferencia de las entidades públicas, en las clínicas privadas el aborto es una realidad sin importar el motivo que llevara a una mujer a practicárselo. “Cuando una mujer no quiere su embarazo, escuchará ofertas para evitarlo”, dijo el obstetra Hipólito Sodero. Según el médico, el rango de edad de mujeres que acuden a consulta por el tema es de 14 a 40 años.

En Argentina, a partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación del 2012, se estableció que una mujer puede acceder a un aborto no punible (ANP) cuando el embarazo representara un peligro para su vida; fuera causado por una violación y cuando la violación haya sido sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental. Luego de esta medida, la Corte exhortó a las provincias a adherirse al protocolo hospitalario que serviría como una norma de procedimiento para los médicos cuando se encuentren en alguno de los casos antes descriptos. Corrientes no lo hizo.



Del dicho al hecho

En el primer semestre del 2017, en el Hospital Materno Neonatal se atendieron 171 abortos incompletos, lo que equivale el 9,4%. De Sagastizabal dijo que estos números son elaborados a partir del informe “Plan Centinela” y elevados mensualmente al área de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública.

Para la médica hubo un cambio en la “estigmatización del aborto” en comparación de otros tiempos donde se ponía en tela de juicio el accionar de la mujer. Explicó que cuando atienden a mujeres en esta situación, se registra mediante informes y se actúa: “Siempre se trata a la paciente”, aclaró.

Para Sodero, es el Estado quien debe garantizar una solución para las mujeres que toman esta decisión porque, de lo contrario, es “una institución que hoy cuesta caro”, refiriéndose a los daños que pueden ocasionar en el cuerpo de la mujer si el aborto no fue bien realizado. La mejor solución, para él, es no generar embarazos no deseados, porque si esto se puede prevenir “el aborto quizás no existiría”.

El obstetra, que trabaja en una clínica privada de la capital provincial, dijo que la mayoría de las veces concurren a atenderse ya con “un aborto en curso y hasta terminado”. Entiende que el Misoprostol ha creado “una bisagra” porque ha evitado que las mujeres acudan a otros métodos que pueden poner en peligro su vida. “Si hoy nos sacan el Misoprostol vamos a volver a la vieja usanza de métodos caseros. Hemos encontrado ramas de perejil y hasta fósforos en el cuello del útero”, alertó.



El aborto legal

En casos donde se pone en riesgo la salud de la mujer, una de las causales que el Código Penal habilita para la realización de un aborto no punible, De Sagastizabal explicó que siempre actúan según la decisión que tome la mujer respecto a su embarazo. “Hemos tenido pacientes con leucemia, patología cervical que han optado por la prosecución del embarazo. Para su seguridad esto se puede realizar hasta la semana número 20”, expresó.

La decisión se evalúa con el equipo de médicos porque también se tiene en cuenta la“conciencia del facultativo” que está en total libertad de no hacerlo. Aclaró que si la paciente sufre “lesiones orgánicas graves” se informa a nivel policial, ya que se deben ejecutar “maniobras invasivas” que podrían causar complicaciones. También se encuentran con casos donde se decide seguir con el embarazo. Allí el equipo médico intenta llevar la gestación al límite y luego seguirlo con un soporte neonatal.

Para Revidatti no se debe priorizar una vida u otra, sino luchar por salvar a ambas. Para él, tanto el bebé como la mujer tienen derecho a vivir. Considera una posición facilista la de estar a favor del aborto ya que en muchos casos se lo toma como “una forma de planificación familiar”. Para el director del Hospital Escuela, se trata de “un genocidio” y peor que “el producido por los nazis”.



Educación sexual: una deuda pendiente

“Las personas que dicen no estar a favor del aborto son pro-abortistas, porque le quitan los recursos, el acceso a la información y los insumos a las mujeres débiles que son las más pobres”, explicó Ginés González García, quien fue el impulsor del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable aplicado en el 2002 durante su gestión como ministro de Salud de la Nación. El programa, fue un puntapié para la creación de políticas de estado en pos de la salud de las mujeres, prevenir embarazos adolescentes, disminuir la mortalidad materna, reducir el número de hospitalizaciones por abortos y prevenir enfermedades de transmisión sexual.

“En un momento donde está en agenda la igualdad de derechos por las mujeres la situación de esta provincia es una barbaridad”, criticó. González García dijo que es necesario hablar sobre el tema para que las mujeres sepan que se le está “negando un derecho” y afirmó que se trata de una “lucha de todos”

Cuatro años después, en el 2006 se promulgó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), pero su aplicación sólo ha sido parcial y aún existen muchas escuelas correntinas donde no se la ejecuta. “Nosotros no podemos llegar tarde, hay que educar a los chicos y esto no significa promover a que tengan relaciones sexuales, sino a que sepan de su cuerpo, se conozcan y decidan cuándo tener un embarazo”, explicó De Sagastizabal. La doctora criticó los espacios educativos donde en muchos de ellos sólo se enseña el aparato reproductivo

Para Revidatti es necesario “educar en valores”. Explicó que se debe enseñar al sexo no sólo como acto, sino como algo que repercute en el cuerpo y la mente. Destacó la importancia de vivirlo desde el “amor” y el respeto por el otro.

Sodero afirmó que la educación debe darse de una manera íntegra y que debe ser un deber de todas y todos para que, de nuevo, no recaiga únicamente en la docencia. También mencionó la necesidad de realizar campañas en los barrios, comedores o Salas de Atención Primaria (SAPS), como también en las escuelas sobre los métodos de anticoncepción para además evitar enfermedades de transmisión sexual. “La salud sexual tiene que ser tomada desde un punto de vista social como también médico”, dijo.

Jueves, 7 de septiembre de 2017