El fiscal general Sessions expresó que el programa que protegió a unos 800 mil “soñadores” (dreamers, en inglés) y rige desde 2012, por un decreto del ex presidente Obama, “es un ejercicio de autoridad inconstitucional”.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer el fin del programa que protege de la deportación a los llamados “soñadores”, los inmigrantes que llegaron al país de niños y que por un decreto de la administración anterior lograron un paraguas legal que les permitía trabajar y tener cobertura social.

En una intervención ante la prensa, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció lo que desde hace dos semanas era un secreto a voces: “El programa DACA será rescindido”, aseguró y aclaró que los beneficiarios tendrán esa cobertura hasta marzo de 2018, pero que desde ayer ya no se aceptarían nuevas solicitudes. Sessions, uno de los miembros del gabinete de Trump con posturas más duras en materia migratoria, expresó que el programa que protegió a unos 800.000 “soñadores” (“dreamers”, en inglés) y rige desde 2012 por un decreto del ex presidente Barack Obama “es un ejercicio de autoridad inconstitucional”.

El secretario de Justicia aclaró que la eliminación del programa entrará en vigor en seis meses, un lapso destinado a dar oportunidad al Congreso de tratar de hallar consensos para aprobar una reforma migratoria integral que lidie con la situación de los millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Trump, en un comunicado, dijo que el cambio será un proceso gradual y no una eliminación súbita. “Así, en efecto, no voy a limitarme a cortar el DACA, sino más bien voy a dar una oportunidad al Congreso para que, finalmente, actúe,” señaló, diciendo también que él no estaba a favor de castigar a niños por las acciones de sus padres. Al mismo tiempo “también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos un Estado de derecho, y los jóvenes estadounidenses también tienen sueños,” dijo el presidente.

Inmediatamente después del anuncio, cientos de dreamers se manifestaron en Washington, Nueva York, Denver y otras ciudades del país para protestar contra la “cruel” y “vergonzosa” decisión del mandatario. En la capital, concentrados en la plaza Lafayette, justo en frente de la puerta de la Casa Blanca, más de medio centenar de personas prometieron mantener la batalla para exigir al gobierno una solución a su irregular situación migratoria.

“La lucha continúa, nadie nos va a quitar la dignidad”, aseguró, entre lágrimas, Maribel Santiago, una dreamer que viajó a Washington desde Yonkers, en el estado de Nueva York. Por su parte, Obama lamentó que se haya arrojado “una sombra” sobre miles de inmigrantes. “Una sombra se ha arrojado sobre algunos de nuestros mejores y más brillantes jóvenes. Apuntar a estos jóvenes es erróneo y es cruel”, afirmó en un comunicado el ex mandatario.

El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC), Javier Palomarez, renunció ayer como asesor del presidente Donald Trump en protesta por la decisión del mandatario estadounidense de eliminar un programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes, en su mayoría latinos, llegados a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños.

Sessions explicó que el desmantelamiento formal del DACA será en seis meses y que las nuevas solicitudes serán detenidas hoy mismo, aunque se renovarán hasta marzo de 2018 los permisos que sean solicitados antes del 5 de octubre. El fin del DACA era una promesa de campaña de Trump, cuya mira ha estado en los inmigrantes desde su aparición en la vida pública de Estados Unidos. Su primer objetivo fueron los mexicanos que ingresan al país de manera ilegal, cuya entrada prometió detener con un muro fronterizo de concreto. Luego decretó una veda al ingreso de ciudadanos de seis países musulmanes, y ahora les llegó el turno a los “soñadores”.

Trump tiene una base electoral que se reafirma con sus medidas anti inmigratorias. Sin embargo, una buena parte de sus seguidores ve con buenos ojos la regularización de los dreamers y rechaza que estos jóvenes, muchos de los cuales ni siquiera hablan español, sean obligados a volver al país de sus padres.

Presionado desde algunos sectores, el mandatario se desligó de tomar una decisión y dejó en manos del Congreso la difícil tarea de resolver el asunto antes de que el gobierno deje de renovar los permisos para las personas que ya están cubiertas por el programa.

El anuncio se dio el mismo día en que se vencía un ultimátum de legisladores republicanos de nueve estados que, encabezados por Texas, prometieron llevar el tema a tribunales, a menos que la administración de Trump rescindiera el programa. Además, muchos de los asesores más cercanos del mandatario, entre ellos Stephen Miller y el ex jefe de asesores Steve Bannon consideran que el programa es inconstitucional y habían instado a Trump a cumplir con su promesa de campaña de ponerle fin.

Pero tras su llegada a la Casa Blanca, Trump expresó su simpatía por los dreamers y admitió que el futuro de esos jóvenes, a los que el DACA permitía trabajar aunque sin residencia, era una de las decisiones más difíciles que debía enfrentar.

La decisión del republicano de dejar el tema en manos del Congreso amenaza con exponer las profundas divisiones que yacen en el seno de su Partido Republicano, que han surgido con renovada fuerza tras la llegada del neoyorquino a la vida pública.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se esperanzó con la idea de encontrar un consenso legislativo que les permita asegurar que “quienes no han hecho nada malo pueden contribuir como parte valiosa de este gran país”.

Por su parte, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la decisión de Trump “es un acto vergonzoso de cobardía política y un despreciable asalto a jóvenes inocentes en comunidades de toda América”. Además, instó a sus pares republicanos a actuar de manera inmediata para evitar que los dreamers sean deportados.

El Congreso tiene en carpeta un proyecto presentado por senadores republicanos que, de aprobarse, otorgaría estatus legal permanente a más de un millón de jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 18 años y que cumpla ciertos criterios similares al DACA. Sin embargo, no está claro si el presidente apoyará esa legislación o si tiene en mente otra cosa.

Miércoles, 6 de septiembre de 2017