El Juzgado de Paz intervino en una denuncia por el estado de vulnerabilidad y riesgo en que se hallaban tres niños, cuyos padres consumían alcohol y drogas. Se advirtió a los adultos que de no mediar cambios podrían declararlos en situación de adoptabilidad.

n El Consejo de la Mujer, Minoridad y Familia de Mocoretá denunció ante el Juzgado de Paz, la situación de tres niños que consideró en riesgo por la falta de salud, higiene, deserción escolar y las precarias condiciones de vida que estos llevaban junto a la madre y su pareja en una casilla ubicada en las afueras de la ciudad. En esa denuncia se daba cuenta de testimonios que aseguraban que la pareja aspiraba Poxiran a diario, además de ingerir alcohol; prácticas que realizaban junto con otros adultos en la casilla que tenían por vivienda.
El titular del Juzgado de Paz de Mocoretá, doctor Luis Jorge Podestá, dispuso en primer lugar una serie de medidas: se tomó declaración a la madre y su pareja, a una tía; se concretó una visita domiciliaria por parte del Consejo de la Mujer, Minoridad y Familia de la Municipalidad; se realizó un informe Socio Ambiental por integrantes del Cuerpo de Trabajadores Sociales Forenses y otro perteneciente al Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial; se pidieron informes a la escuela y también los médicos del Hospital local revisaron a los niños.
Se constató que la familia vivía en un puesto de fruta abandonado, construido en madera y recubierto en polietileno, sin luz, ni agua potable, ni baño, ni pozo, ni cocina, ni divisiones internas. Para bañarse acarreaban agua de la alcantarilla de la autovía, o se bañaban en un arroyito. El agua filtraba los días de lluvia y los niños no dormían de noche en esos casos. Como consecuencia de esa precariedad, los menores de edad presentaban carencias que afectaron el aprendizaje y, básicamente, todo lo que implicaba su desarrollo. Además, la convivencia del grupo familiar se daba con dos hermanos mayores de los tres niños que -aunque no implicaba riesgo de violencia o peligro- tampoco representaban un buen ejemplo, ya que consumían alcohol.
Los informes socio-ambientales los calificaba como una familia marginal con adultos que presentaban déficits, desorganización en la estructura, confusión de roles, incumplimiento de algunas funciones familiares, y negligentes en relación con el cuidado de sus miembros. ·Su situación económica socio-cultural se caracteriza por ser de pobreza estructural con prácticas internalizadas en cuanto a la naturalización de situaciones crónicas de riesgo: condiciones ambientales deficitarias, falta de atención de salud, deserción y desgranamiento escolar, inserción temprana en el mercado laboral informal, hacinamiento”.
Los informes psicológicos referían que la marginalidad en la que vivían los niños condicionaba directamente su desarrollo psicológico, afectivo, social y educacional en el crecimiento y la formación. Los adultos, señalaron, poseían un déficit intelectual por carencias afectivas socio-ambientales durante los primeros años de vida, lo que se traducía en conductas “apáticas, falta de entusiasmo y recursos psicológicos educacionales para superarse y autogestionar salidas resolutivas a la realidad que viven”.
Y se aseguró que el déficit en alimentación, higiene y salud de los menores de edad no eran a causa de un problema económico “sino intelectual- cultural” por lo que “era necesario el apoyo del Estado (Poder Ejecutivo), más que el apoyo y/o colaboración mediante comestibles o mercaderías, el seguimiento con profesionales para que los progenitores puedan establecer las ‘verdaderas’ prioridades que hagan al grupo familiar, imprescindibles para la satisfacción de las necesidades básicas de los chicos”.
Vale agregar que los tres niños fueron hallados en la consulta médica con bajo peso, siendo la nena la más comprometida por un cuadro de anemia.
Para finalizar, en relación a la situación económica, la mujer recibía una pensión no contributiva (madre de 7 hijos) y los dos chicos más grandes realizaban labores de cosecha, por lo que el ingreso mensual aproximado del grupo familiar era de $21.800 La mujer refirió retirar comestibles del municipio, y la escuela le enviaba leche y cereales. “De los informes -situacional y socio-ambiental- se pudo observar la precariedad en la que viven, precariedad que ellos mismos -los progenitores- reconocen (pobreza estructural), siendo que el ingreso mensual de todo el grupo familiar les permitiría vivir en mejores condiciones, más dignamente y que, en principio, el problema no sería de tipo económico, sino más bien debido al pésimo criterio para establecer las prioridades que hacen a todo el grupo familiar. De hecho, se puede advertir que la familia actualmente cubre la mayoría de los gastos que hace, y esto es así, en razón de que la alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) se la facilitan, tanto la escuela como así también la Municipalidad; no tienen gastos de alquiler ni tampoco de servicios (salvo los que hacen a la telefonía celular, internet: señal 3G en equipo celular tipo “smartphone” y cigarrillos). Por lo que de ninguna manera se justifica el estado de salud e higiene que presentan los niños.

Jueves, 11 de mayo de 2017