El caso de la crisis en Santa Cruz puso el foco sobre las finanzas públicas de las provincias y la manera en que harán frente a las actualizaciones salariales de este año.
La única excepción es CABA. Si se suma la coparticipación que reciben, usan más de la mitad de los recursos totales para solventar el empleo estatal.

Si bien la situación del empleo estatal en la provincia gobernada por Alicia Kirchner ocupó la atención mediática, no es el único caso donde están dadas las condiciones para un conflicto.

Con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, ningún distrito logra cubrir con recursos tributarios propios el gasto que les demanda el pago de los sueldos a los empleados estatales.

Si se incluyen en el cálculo los ingresos que reciben de la Nación derivados de la coparticipación de impuestos nacionales, la situación es menos crítica, aunque la proporción entre gasto en personal y recursos totales excede el 50% en la mitad de los distritos.

Un informe de la consultora Economía y Regiones (E&R) analizó caso por caso. El resultado es que sólo lo logra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que usa sólo parte de sus ingresos propios para pagar salarios, aunque esa parte es alta: el 72%.

En el otro extremo, Formosa necesitaría multiplicar por siete (771%) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de los empleados provinciales. En condición similar están La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Cuando se incorporan los fondos de la coparticipación, las provincias gastan, en promedio, el 55,9% de sus ingresos totales en solventar el empleo público, llegando al extremo de Tierra del Fuego, donde el 67% del ingreso total se va en pagar salarios públicos.

En el otro extremo, San Luis sólo usa un 31,8% del ingreso total para pagar salarios y tiene un margen más amplio para aplicarlo a inversiones, por ejemplo, en obras públicas.

“El peso del gasto en personal de las provincias es alto”, dice Federico Cuba, analista fiscal de Economía y Regiones (E&R).

“Se fue incrementando en los últimos años hasta duplicarse en términos del PBI en los últimos ocho años”, agrega.

Las provincias del NOA y el NEA “tienen una carga de empleo público bastante alta, lo mismo que Santa Cruz. Allí el gasto en personal tiende a ser mayor”, afirma.

En 2016, la Patagonia y el NEA fueron las regiones con mayores caídas interanuales en los puestos de trabajo privados registrados, lo que llevó a esas provincias a tratar de compensar la caída con empleo público, señala La Nación.

Trabajo estatal
En el cuarto trimestre de 2016 los empleados públicos totales en el país llegaron a 3.490.056. Un 21,2% corresponde al personal del sector público nacional; los empleados provinciales aportan el 65,8%, y los municipales, el 12,9%.

Según el último informe del ministerio de Trabajo llamado “Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal”, las provincias y los municipios no dejan de sumar empleados en los distintos niveles del Estado. Las primeras sumaron 27.000 puestos en 2016, y los municipios, casi 11.000. El empleo público a nivel nacional cayó un 0,2%.

Además, según la cartera laboral, aún no están claros los números del empleo público provincial y municipal en su totalidad. Falta información de algunos organismos públicos provinciales, principalmente en Santa Cruz.

Por otro lado, de los 2236 municipios que existen en el país sólo 131 informan cuántos empleados tienen.

“Los ratios que se ven en las provincias, en los municipios tienden a ser más altos, sobre todo en aquellos que tienen menos actividad económica. Ellos destinan alrededor del 60% de sus ingresos en gastos de personal. Crece más rápido el empleo municipal que el nacional y el provincial. Esta situación se va agravando”, dice Cuba.

Según Cynthia Moskovits, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), “hay datos oficiales de 2015 donde se ve que el gasto en remuneraciones significó el 30,7% del gasto primario de la Nación y las provincias”.

“Si a ello se suman las transferencias corrientes a universidades, que se destinan a remuneraciones prácticamente en su totalidad, entonces se ve que un tercio del total del gasto primario (gasto total antes del pago de intereses) se va en remuneraciones”, explica la economista. Todavía no están los resultados de 2016, pero Moskovits calcula que este panorama no ha cambiado demasiado.

Gasto en aumento
Un informe de septiembre de 2014, publicado por el ministerio de Hacienda, explica que, después de la crisis económica y social de 2001-2002, el gasto público del conjunto de las provincias y CABA se incrementó sostenidamente en términos del PBI, pasando de representar el equivalente al 9,8% en 2004 a un 13,5% en 2012.

Durante este período el gasto en personal representó, en promedio, la mitad del gasto público provincial.

Pero no paró ahí, y según los datos de Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados, hoy el gasto en salarios públicos llega al 14% del PBI.

Pero, en realidad, si se suma el 17% del gasto en seguridad social, el 3% de intereses de la deuda, 10% en subsidios y otros gastos, se llega al 46% del PBI, indica La Nación.

“Se trata de un nivel de gasto muy por encima del promedio de los años 90, que era del 25% del PBI, teniendo en cuenta todos los factores que lo conforman (salarios públicos, seguridad social, etc.)”, dice Spotorno.

“De 2002 a 2006 subió el gasto público al 26% del PBI; a 2011 trepó al 36%, para llegar a fines de 2015 a un 47%”, agrega.

El economista considera que no debería superar el 30% del PBI, pero “solamente con salarios y jubilaciones ya llegamos a ese porcentaje”.

Excederse en el gasto puede implicar, entre otras cosas, la necesidad de subir impuestos, que ya son demasiado altos en términos internacionales, con su consecuencia sobre el empleo privado registrado. “Hay que tender hacia la baja de impuestos al empleo para que haya una reactivación en este sentido”, concluye Spotorno.



Miércoles, 3 de mayo de 2017