Son ocho expedientes. serán enviados al despacho del magistrado federal porteño Sergio Torres, y unificados por tener conexiones.

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien instruía las causas de narcotráfico en la ciudad de Itatí, se inhibió de actuar en ocho expedientes, por lo que ahora éstos serán unificados con el que tramita su colega porteño Sergio Torres, que mantiene detenidos al intendente y vice de ese distrito. El magistrado resolvió finalmente apartarse de las investigaciones tras un pedido del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y de los fiscales correntinos Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, quienes intervinieron en esas causas. A esto se sumó una solicitud del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, quien en las últimas horas, junto a Schaefer, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal el apartamiento de Soto Dávila de una investigación que derivó en el rescate de 11 víctimas de trata y explotación sexual en la localidad correntina de Itá Ibaté. Con ese expediente suman nueve las causas en las que el magistrado correntino recibe pedidos para que decline su competencia en los casos de narcotráfico en favor de Torres, y en el de trata al juez de la segunda nominación correntino, Juan Carlos Vallejos, según informaron fuentes del Ministerio Público a Télam. Los fiscales correntinos, en conjunto con Iglesias, determinaron la existencia de conexiones clave entre los casos de narcotráfico que llegaron a los tribunales y el expediente sobre Itatí que lleva adelante el juez Torres, conocido como 3.002/17. Mientras que en el último pedido de apartamiento, Schaefer y Colombo recurrieron a los tribunales porteños de Comodoro Py 2002 luego de que en febrero la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazara la solicitud de apartar a Soto Dávila, motivada en la falta de investigación del caso de trata detectado en 2011 en Itá Ibaté pero sin avances hasta 2015. La justificación del magistrado fue que aquel largo período de inacción de la investigación se debía al “cúmulo de tareas” que afrontaba su estrado, situación que no le permitió un tratamiento “con prelación”. Los fiscales calificaron de “inadmisible” la justificación por parte del juez, consideraron que fundamentó la demora en “razones inverosímiles” y que “quiso cerrar por prescripción de la acción penal la investigación en favor de los ahora procesados por el delito de trata de personas”. Esa causa se originó en 2015 a raíz de una presentación realizada por el jefe de Prefectura de la localidad correntina de Itá Ibaté, y con la investigación se pudo establecer que la red tenía el control sobre, aproximadamente, 20 mujeres provenientes de Posadas, Misiones. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución con hombres que se hospedaban en el hotel “Jardín del Paraná” y en las cabañas “Sapito”, mayoritariamente turistas aficionados a la pesca y que pagaban 200 dólares para concretar la explotación. En septiembre de 2016, el fiscal federal de primera instancia Flavio Ferrini, con la colaboración de la Protex, solicitó una serie de allanamientos en los hoteles, donde fueron rescatadas once mujeres y se detuvo a cuatro sospechosos que este mes fueron procesados con prisión preventiva. En tanto, en todas las otras causas se investigaron hechos de narcotráfico en forma aislada, pero de acuerdo con los fiscales la pesquisa debería unificarse porque todos están relacionados. En la causa de Torres, el 14 de marzo último fue detenido el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino, tras 46 allanamientos en los que además fueron apresados miembros de fuerzas de seguridad y un abogado.

Miércoles, 26 de abril de 2017