 PROSTITUCIÓN VIP EN CABAÑAS DE PESCA
Piden el apartamiento de juez de una causa de explotación sexual
El Ministerio Público Fiscal elevó una queja a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila de una causa por trata de personas por la que detuvieron a propietarios de cabañas de pesca que ofrecían servicios sexuales a los turistas.
La queja realizada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) se realiza después que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes accedió a agravar la calificación de los delitos endilgados a los detenidos por la causa, pero ratificó la continuidad del expediente en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
Ante esto, la oficina dirigida por Marcelo Colombo -en virtud a lo planteado por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer- pidió “revocar la resolución impugnada, y ordenar el apartamiento del juez o directamente de todo el Juzgado”.
El argumento para tal solicitud fue que el magistrado de primera instancia había recibido la denuncia de la explotación de personas, pero demoró tres años y medio el inicio de la investigación.
Agregaron además que el funcionario judicial había evitado tomar en cuenta una cantidad de pruebas y medidas que habían sido solicitadas, las cuales “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.
Las actitudes dieron lugar a una “sospecha objetiva de parcialidad por parte del instructor, derivadas de hechos concretos como es el haber paralizado aquella primera pesquisa que data del año 2011”.
En este sentido, aseguran que con su pasividad “le permitió a aquellos imputados (hoy procesados) seguir desplegando la misma y grave actividad ilícita de explotación sexual de mujeres, durante aquél período de parálisis judicial”.
Ahora la cuestión deberá ser analizada en los Tribunales ubicados en la avenida Comodoro Py 2002.
BANDA INTERPROVINCIAL
El reclamo realizado es en relación a una organización que captaba mujeres en Misiones que luego eran trasladadas a cabañas de pesca de Itá Ibaté y Paso de la Patria, donde eran ofrecidas a pescadores extranjeros que abonaban entre 800 y 1.000 pesos.s
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Recurrentes pedidos de alejamiento
El Ministerio Público Fiscal pidió el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila de una decena de causas, la mayoría de ellas por hechos de narcotráfico en los que se le cuestionó por haber liberado a los acusados, según apreciaciones de los fiscales, de forma indebida. Pero también denunciaron fallos controvertidos en el contexto de causas de trata de personas en las que se les atenuaron las acusaciones a los presuntos dueños de un prostíbulo de Santa Lucía.
En el caso por el que se elevó un reclamo a la Cámara de Casación se denuncian dilaciones en la investigación. Aseguran que las actividades ilícitas ya habían sido denunciadas por la Gendarmería Nacional en 2011, pero las averiguaciones no avanzaron. En 2015 el jefe de Prefectura de la localidad correntina de Itá Ibaté, habría tomado conocimiento de que en una cabaña de esa localidad se desarrollaban actividades vinculadas a la trata de personas, y fue allí donde se descubrió que los sospechosos eran los mismos que ya habían sido denunciados.
Lunes, 24 de abril de 2017
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