Los empleados públicos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) no sólo están disconformes con el aumento salarial escalonado del 25% por ciento que anunció el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, sino que además exigen la implementación de las mesas de discusión en el marco de una paritaria.

El primer análisis del impacto de las medidas sectoriales indica: salud 19%, policía 17%, administración central 16%. Fuerte achatamiento de escalas.


El aumento salarial dado a conocer ayer, no contuvo las expectativas de los gremios estatales que reclamaban cada uno de los sectores que dependen del Estado provincial. Argumentan que es insuficiente, unilateral y discriminado (Ver Página 4). Varios referentes gremialistas expresaron su enojo sobre el anuncio salarial.

La mayoría de ellos encontró insuficiente el anuncio, como así también criticaron la metodología. “Es una miseria y encima en negro. Con esto el Gobierno mata tres pájaros de un tiro, desfinancia el IPS para poder justificar después el traspaso a Nación y deja colgado a los jubilados”, explicó Juan Arnedo por el Invico.

En el impacto salarial para la administración central -quienes reclamaban un salario mínimo de $13 mil pesos: con el incremento del 25% en el básico- se consigue un aumento del 16,2%,

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llegando a sólo $7.080 con 25 años de antigüedad. Parecido es el caso para el sector de salud, que con el incremento del 25% y con 25 años de antigüedad es del 19,4%, llegando a fin de año a $11.600 pesos. Para los auxiliares y enfermeros el incremento es menor. Este sector, la semana pasada dio a conocer sus pretensiones salariales en una nota: un salario mínimo de $20 mil pesos. “Necesitamos salarios acordes a nuestra situación”, señaló Andrés Vizcaíno por Asprosac.

Mientras que con la medida, para el sector policial con el aumento del 20% en el valor punto, y la modificación de dos adicionales, el impacto real para todo el año es en promedio de un 17,26%, yendo de $1.150 (12,92%) para un cabo, a $3.000 (20, 59%) un subcomisario. “Estamos en un año electoral, a la gente no se engaña más. El castigo de la ciudadanía será en las urnas”, señaló Eduardo Sánchez por el sector del Ioscor.

Martes, 14 de marzo de 2017