En Corrientes, una de cada diez personas vive en asentamientos irregulares donde existen conexiones precarias a las redes públicas de energía y agua y la mayoría no cuenta con una conexión formal a la red cloacal. Estos datos se desprenden del Relevamiento de Asentamientos Informales 2016 de la Organización No Gubernamental Techo, realizado entre los meses de julio de 2015 y febrero de 2016 en todo el país.

La falta de agua corriente, electricidad o cloacas son las principales problemáticas sociales. Además de los basurales y las inundaciones.





En el mismo se detalla la cantidad de familias afectadas, el acceso a los servicios básicos y la participación comunitaria, entre otros. Miembros de la ONG presentaron el relevamiento ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia, ante legisladores y funcionarios y solicitaron que sea tomado como herramienta para revertir la vulnerabilidad en que se encuentran miles de familias. “El problema es de gran magnitud y es urgente”, dijo Carlos Durán López, director de la sede Techo Corrientes/Chaco y agregó: “El Estado es un actor clave” para generar información, monitorear la situación y generar políticas estructurales de gestión y regulación del suelo. Techo, junto con voluntarios y organizaciones de base llevaron adelante una investigación que consistió en la georreferenciación y caracterización de las villas y asentamientos de Argentina. Ya habían realizado relevamientos similares en 2011 y 2013, pero éste fue el primero que incluyó a Corrientes. Explicaron que en el hábitat no adecuado sólo relevaron asentamientos informales, pero que existen más falencias. “Conocemos y sabemos que existen situaciones que todavía tienen los derechos vulnerados y que no entraron dentro de este relevamiento por cuestiones de alcance”, señaló Florencia Yacarino, coordinadora nacional del Relevamiento de Asentamientos Informales.

Informalidad

Del informe se desprende que en Gran Corrientes (Capital, Riachuelo y Santa Ana) se identificaron un total de 61 asentamientos informales, donde viven 10.330 familias aproximadamente. De ellas, 9.925 se encuentran en la capital, donde hay 55 asentamientos. “Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se cree que al menos 47.520 personas viven en asentamientos informales en toda la provincia”, advirtieron. En las zonas vulnerables del Gran Corrientes, las villas constituyen el 8% del territorio. Se acceden a las mismas a través de pasajes y tienden a crecer en altura, en tanto el 92% son asentamientos, que están divididos por manzanas y tienden a seguir el trazado de la calle. “Aquí se presenta una oportunidad ya que el abordaje para las políticas públicas es mucho más accesible debido a la facilidad de la trama urbana”, señaló Francisco Susmel, de la ONG. En más de cinco asentamiento habitan menos de un centenar de familias y la antigüedad promedio de cada urbanización precaria es de 28 años. El 71% se conformó de manera espontánea a través de tomas paulatinas. “Esto demuestra una problemática de tipo estructural y que corresponde a la falta de políticas que lleven a la persona tener un hábitat adecuado”, dijo Durán López.

Servicios

En lo que respecta a energía eléctrica, se constató que en la totalidad de los asentamientos, la mayoría de los hogares no cuenta con conexión formal a la red pública de energía eléctrica. “Una conexión irregular aumenta los riesgos de accidentes, tanto como el peligro de electrocutarse como de incendios”, comentó Susmel.


Miércoles, 9 de noviembre de 2016