Presiones, persecucio­nes y coacciones es lo que denunciaron los dirigentes de la Asociación de Profe­sionales de la Salud (Aspro­sac), quienes iniciaron otra semana con pedidos de au­diencias ante las autorida­des del Ministerio de Salud de la provincia.

Desde Asprosac adelantaron que de confirmarse “estos aprietes” se van a radicar las denuncias. Afirman que se coarta el derecho de huelga.


“Empezaron las presio­nes hacia los que apoyan la medida”, aseveró ayer el di­rigente gremial Andres Viz­caíno, quien sostuvo que de esta forma las autoridades sanitarias están cometiendo “errores, se está coartando el derecho a huelga”.

Mencionó que en los dis­tintos centros asistenciales (hospitales Juan Ramón Vi­dal, Ángela Iglesia de Llano, y Escuela), de acuerdo a lo que denunciaron los afilia­dos que participaron de la marcha el viernes, fueron avisados de que se va a dar a conocer al Ministerio de Sa­lud la nómina de quienes se adhirieron a la lucha.

A su vez, el dirigente gre­mial Vizcaíno sostuvo que hasta ahora no fueron con­vocados por el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, para iniciar una mesa de diálogo.

RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Y CARRERA SANITARIA

La movilización del vier­nes pasado se llevó a cabo a raíz de que un pedido de audiencia fue denegado el pasado jueves, por lo que los médicos cargaron bombos y pancartas hasta la esquina de 25 de Mayo y La Rioja, donde fueron obstaculizados por uniformados de la Policía de Corrientes que les impidieron llegar hasta la Casa de Gobierno.

En un contexto de plena tensión con el Ministerio de Salud Pública, los médicos recibieron el apoyo de los legisladores de la provincia, quienes se pusieron en con­tacto con el secretario gene­ral de la Asprosac.

La insistencia en la con­vocatoria de una mesa de negociación salarial se debe a que, con los dos aumen­tos del 13% otorgados por el Gobierno provincial en el corriente año, el bási­co apenas llega a $1.997, lo que se traduce en un sueldo neto que ronda los $9.000 aproximadamente, muy so­bre el límite de la pobreza, siendo el más bajo a nivel país.

En esa oportunidad, el primer mandatario había dicho: “Nadie les obliga a estar donde están. Si no es­tán cómodos, que se vayan a trabajar al sector priva­do”. Ricardo Colombi (UCR) reiteró sus dichos hacia los profesionales de la salud con respecto a las quejas.

Luego bajó el tono y am­plió la fundamentación al resto de la administración estatal: “No se puede dar lo que ellos piden, porque ade­más no es sólo la salud pú­blica la que necesita”.

Martes, 2 de agosto de 2016