La medida se adoptó mediante la Resolución 129/2016 de la cartera a cargo de Juan José Aranguren, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En sus considerandos, la norma explica que "el significativo incremento del consumo de gas vinculado a las condiciones climáticas registradas en determinadas regiones del país (...) provocó que, aún con la aplicación de los topes de facturación establecidos en la Resolución N° 99/2016, se registraran facturas a usuarios por montos totales significativamente superiores a los del mismo período del año anterior".

Y que, en ese contexto, "se plantearon numerosas acciones judiciales contra las resoluciones que dispusieron los incrementos de precios y tarifas referidos al servicio de gas, con resultados dispares en distintas instancias y ámbitos territoriales, circunstancia que ha afectado el grado de certidumbre y claridad que deben tener los usuarios de todo el país con relación al servicio público que reciben".

Además, las decisiones judiciales que se pronunciaron en contra de la aplicación o validez de tales resoluciones "han afectado también la aplicabilidad del régimen de Tarifa Social".

Por ello, el Ministerio de Energía consideró "conveniente y urgente adoptar nuevas medidas que, por un lado, permitan mitigar el impacto del incremento del consumo registrado a partir del mes de abril del corriente año en el marco de los nuevos precios y tarifas vigentes y, por otro lado, posibiliten mantener el camino iniciado en dirección a la normalización de precios y tarifas, en un marco que aliente las inversiones necesarias para obtener el gas natural que requieren los usuarios del país, a la vez que brinde protección para que los usuarios de menores recursos económicos puedan continuar accediendo al servicio a través de la Tarifa Social".

Miércoles, 13 de julio de 2016