Organizaciones políticas y barriales intentan frenar los aumentos en la Justicia. Además, realizarán protestas el miércoles.

En Córdoba se presentaron ya casi un millar los amparos en juzgados federales en contra de los aumentos de tarifas en gas y electricidad. Sumado a esto, vecinos de distintas ciudades protestarán el miércoles en contra de los tarifazos.

Los organizadores de la protesta informaron que un grupo centros vecinales de la ciudad de Córdoba realizará mañana por la tarde un Cabildo Abierto en la plaza San Martín para reclamar contra el incremento tarifario. Además, indicaron que los centros vecinales de barrio Marechal, Quinta Santa Ana, Alto Alberdi, Obrero, Villa Páez, Parque San Antonio, Parque Vélez Sársfield y Yapeyú ya receptan los reclamos de los vecinos y los documentos que certifiquen el aumento desmedido para realizar una presentación colectiva de amparos judiciales.

LEER MÁS: Tarifazos: En Córdoba festejan los aumentos "para los porteños"

Esta misma iniciativa también se registró en localidades del interior cordobés como Bell Ville, Pascanas, Villa Nueva y Río Cuarto, donde mañana los vecinos protestarán por la tarde en la plaza Roca.

Se estima que ya se presentaron casi mil amparos en juzgados federales de Córdoba y Villa María a través de organizaciones políticas y barriales que receptan los reclamos de los vecinos y la documentación correspondiente.

El primer grupo de recursos de amparo fueron presentados ante la Justicia federal por Horacio Viqueira, referente provincial del Frente Grande. El Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, acumula expedientes que suman a casi mil usuarios, entre clientes residenciales y pequeños comercios.



El fiscal federal Enrique Senestrari avaló el pedido de medida cautelar y consideró que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe ser investigado por el presunto delito de abuso de autoridad (al haber omitido la audiencia pública), violación de deberes de funcionario público y también por negociaciones incompatibles con la función pública (al haber sido accionista de Shell, empresa a la que Argentina le compra el gas). "Es un delito, el juez deberá dar de baja las decisiones del gobierno", aseguró Senestrari en una entrevista con radio Pulxo y agregó: "Son decisiones tomadas con incumplimiento de deberes públicos y negociaciones incompatibles con la función pública".

Esto se suma al amparo del juez federal de la ciudad de Villa María, Roque Rebak, que ordenó, la semana pasada, a la empresa Ecogas la refacturación de las boletas del servicio para unos mil usuarios que recibieron aumentos por encima de 400%, la abstención del corte del servicio para aquellos no pagaron y la devolución en créditos para aquellos que ya abonaron una factura con aumentos.

Este lunes, el grupo de vecinos de Villa María que presentó el amparo, no conforme con el tope del 400% de aumento, apeló la medida de Rebak y reclamaron retrotraer la suba al 30 de marzo y declarar inconstitucional todo aumento hasta que haya audiencia pública.

Miércoles, 15 de junio de 2016