España se encamina hacia una crisis institucional sin precedentes: el Congreso de los Diputados amenazó este martes con recurrir al Tribunal Constitucional ante la negativa del gobierno español en funciones de someterse al control parlamentario.

“Esperamos que el gobierno reconsidere su posición, porque si no se producirá un conflicto institucional grave”, advirtió el presidente de la Cámara Baja, Patxi López.


"El gobierno mantendrá su criterio", le respondió, casi de inmediato, el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien defiende que el gabinete de Mariano Rajoy no debe ser sometido al control de un Parlamento que no lo eligió.

Es la primera vez que se produce un choque de este tipo entre el Ejecutivo y el Legislativo, aunque también es inédita la situación de bloqueo político que vive España desde las elecciones del 20 de diciembre pasado.

Pasaron casi tres meses de los comicios, y el gobernante Partido Popular (PP), que ganó las elecciones, no cuenta con ningún respaldo para la reelección, por lo que está a la espera de que el líder socialista Pedro Sánchez agote su tiempo para intentar formar gobierno tras fracasar en sus primeros intentos pese a forjar un pacto con los liberales de Ciudadanos.

Con unas nuevas elecciones como escenario más probable, lo que Rajoy no quiere es que la Cámara Baja sirva de altavoz de sus adversarios durante los dos meses que aún le quedan por delante a Sánchez para negociar.

Es por eso que su gobierno anunció que no acudiría a las sesiones de control en el Parlamento.

Desde el lado técnico, el conflicto se deriva de diferentes interpretaciones de la ley que ambas partes hacen respecto a la capacidad de control de la Cámara Baja sobre un gobierno en funciones.

López, tercera autoridad del país detrás del rey Felipe VI y Rajoy, esgrime el artículo 26.2 de la ley del Gobierno, según el cual todos los actos del Ejecutivo, estén o no en funciones –circunstancia sobre la que la ley no se pronuncia-, están sometidos al control del Congreso.

“Esta Cámara mantiene intacta su capacidad de control sobre un gobierno en funciones”, remarcó López, cuya posición cuenta con el respaldo del resto de fuerzas políticas, excepto el PP.

El diputado socialista también le envió una carta a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le pide que reconsidere su posición y no "conculque" la "capacidad constitucional" de la Cámara de controlar al Ejecutivo.

No obstante, la "número dos" de Rajoy respondió que el Ejecutivo en funciones ya está acudiendo a la Cámara para pedir su aquiescencia" en lo que se refiere a "actuaciones políticas", y querer que comparezca aún más es "forzar mucho la Constitución, la separación de poderes y los 'buenos usos' de la Cámara".

La semana pasada, Aylon había enviado invitado a las autoridades del Congreso de los Diputados a enfrentarse en el Constitucional.

"En caso de discrepancia con el criterio del Gobierno", el Parlamento dispondría de "las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo", indicó en un escrito enviado a las Cortes, a raíz de esta controversia.

El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, está convocado a acudir este jueves al Congreso para explicar en comisión la participación española en la misión de la OTAN en el mar Egeo en relación con la crisis de los refugiados, pero el funcionario ya avisó por carta que no asistirá.

A partir de ese momento, los socialistas son partidarios de declarar al Ejecutivo "en rebeldía" y activar los mecanismos para llevar su actitud ante el Tribunal Constitucional.

El presidente de la Cámara explicó que es posible plantear un "conflicto de atribuciones" ante el alto tribunal.

“Si el Gobierno se rebela contra el Congreso de los Diputados, nosotros estamos dispuestos a defender la potestad y los poderes del Congreso e instar a la Cámara para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional”, añadió, por su parte, el vocero parlamentario del Partido Socialista (PSOE), Antonio Hernando.

Pero no será hasta después de Semana Santa cuando los socialistas podrán recabar los apoyos que necesitan para acudir al Constitucional, ya que en ese momento se reúna el pleno de la Cámara Baja.

Tanto Podemos, de izquierdas, como Ciudadanos, de centro derecha, están a favor de llevar la decisión de Rajoy a los tribunales.

"Más allá del dictamen jurídico, hay un problema político y alguien tiene que rendir cuentas", dijo Íñigo Errejón, número dos de Podemos.

Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, acusó al PP de estar actuando "como siguiera con mayoría absoluta".

En tanto, los partidos opositores exigen que Rajoy comparezca de forma urgente para consensuar la posición de España ante el Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas en el que pretende cerrar un acuerdo con Turquía sobre la devolución de los refugiados que llegan a la UE a través de la frontera de Grecia.

Todos los partidos están en contra del preacuerdo que la UE alcanzó con Turquía, que inicialmente Madrid avaló pero que ahora rechaza.

Desde el PP se acusa a la oposición de querer convertir el Congreso en una set de televisión para hacer "campaña contra el PP". "A mí esto me parece un fraude intelectual", afirmó el vocero parlamentario de PP, Rafael Hernando.

Miércoles, 16 de marzo de 2016