Minutos después del me­diodía de ayer, el Defensor del Pueblo de la provincia, César Vallejos Tressens, presentó la solicitudad de amparo contra la Resolu­ción 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que incrementa el valor de la energía eléctri­ca, tras una modificación en el esquema de subsidios otorgados desde el Poder Ejecutivo a las empresas distribuidoras provincia­les. La presentación se hizo ante el Juzgado Federal 1, dirigido por Carlos Soto Dávila, sobre la base de la inconstitucionalidad de la medida ejecutada por el Gobierno nacional a partir del pasado 1 de Febrero.

Lo presentó ayer en la Justicia Fede­ral la defensoría del pueblo provin­cial. Apunta a la quita de subsidios y a la emergencia hídrica local.




“La presentación es ex­tensa pero básicamente lo que expusimos es la contradicción del Estado nacional, que por un lado anuncia la aplicación de nuevas tarifas con quitas de subsidios, pero por otro declara la emergencia hí­drica en la provincia”, ex­plicó a NORTE de Corrien­tes, el obusman provincial.

El pedido de amparo consta de 39 páginas y en uno de sus principales pá­rrafos, expresa: “El objeto de la presentación judicial es obtener que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la Resolu­ción Nº 6/2016 del Minis­terio de Energía y Minería de la Nación y se ordene al Estado Nacional que no extienda los efectos de di­cha resolución al servicio de energía eléctrica que se presta en la provincia de Corrientes.

Entre otros fundamen­tos para cuestionar la Re­solución del Ministerio de Energía, la Defensoría sos­tiene que es incoherente que el Poder Ejecutivo Na­cional por un lado declare el Estado de emergencia hídrica y por el otro dis­ponga incrementos que afectarán a una de las provincias asoladas por las inundaciones”.

El expediente agrega más adelante: “Otro de los fundamentos es que el aumento del valor de la energía dispuesto por el Estado Nacional es injustificable para la población de una pro­vincia que soporta altí­simas temperaturas (que alcanzan los 40 grados), porque pretender que se ahorre energía a costa de la salud de niños, jóvenes, hombres, mujeres y ancia­nos es inaceptable en un Estado de Derecho”.

Sobre los pasos proce­sales, Vallejos Tressens no quiso adelantar cómo se desarrollarán, pero el magistrado federal podría solicitar información a la cartera nacional de Ener­gía antes de expedirse. También se plantearía una cuestión de competencia juridiccional, debido a que el planteo fue hecho por una defensoría provincial ante un estamento federal. Pero tiene su fundamento: “La defensoría nacional está acéfala y por eso deci­dimos avanzar en el plan­teo”, explicó el defensor.

La defensoría de la Pro­vincia del Chaco, por es­tos días analiza hacer una presentación similar a la de Corrientes tras la mo­dificación en el reparto de subsidios también para ese distrito.

Para hoy, se aguarda una reunión de todas las em­presas distribudiores que están en poder de los go­biernos provinciales, cada una de ellas analizará el impacto de la suba en la tarifa y el porcentaje. Tam­bién, cómo se aplicarán las tarifas sociales en cada una de esas jurisdicciones.s

Y también

El planteo de neutralizar la suba en la tarifa del ser­vicio energético, a través de la falta de Audiencia Pú­blica, es algo que no está definido al menos por aho­ra. “Lo que plantean las empresas es un corrimiento de los costos al momento de la modificación en las tarifas y que eso motoriza la suba”, explicó el Defen­sor del Pueblo, César Vallejos Tressens. Sin embargo, algunas asociaciones de usuarios y consumidores ya anticiparon que podrían sostener sus planteos sobre esa bases. Para avanzar en un incremento en el costo de un servicio público, se debe llamar a la audiencia pública.

Miércoles, 3 de febrero de 2016