Lo establece la Emergencia en Seguridad, que decretó ayer el Gobierno. Estará vigente por un año en todo el país. La medida apunta a revertir la "situación de peligro colectivo" y hace foco en delitos complejos y el crimen organizado.

Luego de la triple fuga que tuvo en vilo al país, el gobierno nacional declaró ayer una polémica emergencia en Seguridad Pública en todo el país por un año. La iniciativa prevé el derribo y destrucción de aviones. A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo justificó la medida para revertir la "situación de peligro colectivo" que provoca el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.

El controvertido decreto dejó a cargo de los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de control en todos los medios de transporte aéreos. Entre esos instrumentos se destaca la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino". De acuerdo al documento emitido por el Poder Ejecutivo serán declaradas "hostiles" aquellas naves que puedan "perturbar, poner en riesgo o causar un daño".

Las "reglas" establecen que "una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza a emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial o adopte la actitud que se le ordene. En el mismo "manual" se autoriza "el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción" de las mentadas aeronaves. La autoridad de aplicación de estas alarmantes normas serán las Fuerzas Armadas.

Con esta decisión se retoma una de las medidas de campaña que anunció el ex candidato presidencial por el Frente Renovacor, Sergio Massa, quien viajó ayer con Macri a Davos (ver aparte) y que en su momento fueron muy criticadas. Para la diputada por el FIT, Myriam Bregman, se "instaura por decreto la pena de muerte sin juicio previo". El actual diputado del Parlasur y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, ya se había manifestado en el mismo sentido cuando comenzó a instalarse el fomento de una Ley de Derribo, tres años atrás. En la misma época y en pleno debate sobre la cuestión, el entonces ministro cortesano y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, definió al derribo de aviones como "una locura". Según el prestigioso jurista podría provocar graves problemas internacionales. A Mauricio Macri poco le importaron estas advertencias.
Es más, en otro de pasaje del decreto se habilita otra polémica decisión: se autoriza al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que no haya sido condenado por delitos de lesa humanidad, no estén procesados penalmente o no hayan pasados a retiro por razones disciplinarias.

En el flamante decreto también se crea el gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia. Y se constituye el "Operativo Fronteras" que reemplazará al kirchnerista "Escudo Norte" porque "no ha dado a la fecha los resultados esperados". Dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial "que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014".

Se adoptan medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el "eficiente control" fronterizo. Y se concede "la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".

Presupuesto y estadísticas
El decreto sostiene que el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, "dispondrá la modificación de las partidas presupuestarias necesarias de la Ley N° 27.198 y sus modificaciones para hacer frente a la presente declaración de emergencia de seguridad pública y a las mayores erogaciones que exija para los Ministerios de Seguridad y Defensa". Es decir que la erogación quedará a libre albedrío del jefe de ministros.

Con el marco de la emergencia, el Poder Ejecutivo determinó una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal y la elaboración de estadísticas. Se estableció que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro Único de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior. «

Miércoles, 20 de enero de 2016