A pesar de esto, Rousseff, fogueada de mil batallas, aseguró en durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 21 de diciembre, el fin de la crisis política que afecta a su gobierno, que cumplirá el primero de cuatro años el 1° de enero.

Luego de marcar las consecuencias de la caída de los commodities y la lentitud de la recuperación mundial, la mandataria, que hace poco más de un año fue reelecta por ajustado margen para gobernar Brasil hasta el fin de 2018, dijo que la economía de su país tiene fundamentos sólidos, “con elevadas reservas y una situación financiera bajo control”.

El caso es que en el tercer trimestre de 2015 el PBI brasileño tuvo un retroceso del 4,5 por ciento, respecto de mismo período de 2014. Este dato supera los peores augurios de los especialistas y se tema que incida en la recuperación económica en 2016.

La desocupación, en tanto, llegó en noviembre pasado el 7,5%, el índice más alto desde 2008, pero al medir específicamente el sector de los jóvenes desempleados, de 18 a 24 años, esos guarismos llegaron al 19,7% en septiembre.

En este contexto, el avance de las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras y sus causas derivadas ha convertido en un tembladeral la base oficialista en el Congreso, donde el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el ex presidente Luiz Lula da Silva, y el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tienen a varios dirigentes implicados, algunos procesados.

La Policía descubrió que durante los últimos años había operado en la petrolera, la principal empresa del país y responsable de casi el 12% del producto interno bruto (PIB) brasileño, una red de corrupción formada por partidos políticos, en su mayoría de la base oficialista, y algunas de las mayores firmas privadas del país.

La propia empresa estatal reconoció en sus balances que, entre 2004 y 2014, esa red se apropió ilegalmente de unos 2 mil millones de dólares, que fueron repartidos entre ex directores de la compañía y los políticos y partidos que facilitaron las corruptelas.

La investigación afecta a medio centenar de dirigentes y golpea directamente al PT, cuyo ex tesorero Joao Vaccari ya fue condenado a 15 años de cárcel.

También están en la mira de la justicia los presidentes de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien tras iniciar el proceso contra Rousseff puede perder su escaño por su supuesta responsabilidad en la corrupción, y del Senado, Renán Calheiros, ambos del influyente PMDB.

El PMDB, liderado por el vicepresidente Michel Temer, es el más poderoso de Brasil y tiene corrientes internas que se preguntan si luego de haber apoyado a tres gobiernos sucesivos del PT -dos de Lula, el primero de Dilma Rousseff y lo que va del segundo mandato- no es tiempo de tomar las riendas del poder.

Uno de los que está en el foco de las sospechas del PT es el propio Temer, quien ha dicho que en caso de que avance el impeachment (juicio político) y Rousseff deba dejar el poder al menos durante el proceso, está dispuesto a cubrir ese rol, lo que le valió que desde la administración petista se lo calificara de “traidor”.

En el palacio de El Planalto, sede del gobierno, han expresado públicamente sospechas de negociaciones entre sectores o dirigentes del PMDB con la principal fuerza de oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que lidera el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y representa al centro derecha de Brasil.

El otro actor protagónico de este año es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB acusado entre otros casos de corrupción por desviar dinero de Petrobras y a quien se le descubrieron cuentas en Suiza.

Cunha, quien rompió lanzas con el gobierno de Rousseff a causa del avance de las investigaciones en su contra y como presidente de Diputados es quien tiene la potestad para aceptar o rechazar los pedidos de juicio político. Tras estudiar durante meses los pedidos de impeachment contra Rousseff, el legislador opositor terminó aceptando.

La intervención en la penúltima semana del año del Supremo Tribunal Federal de Justicia postergó para las primeras semanas de 2016 la definición sobre la constitucionalidad del juicio político contra la presidenta.

La Corte brasileña hizo lugar a un recurso presentado por el oficialismo para que se exija una mayoría especial en el Congreso para aprobar el impeachment. Eso significó un respiro para el gobierno, aunque no impide que continúe la tensión, por lo que desde el oficialismo se alientan canales de diálogo para evitar una “guerra fratricida”.

En este contexto, Rousseff reiteró el martes 22 de diciembre que la Constitución es clara al prever la posibilidad de una destitución del jefe del Estado en caso de delito de responsabilidad, por lo que en su caso un impeachment carecería de base legal, aseguró.

“No hay fundamento legal porque yo tengo una vita intachable. En mi pasado y en mi presente no hay ninguna acusación fundada contra mi”, se defendió. Y acusó a los defensores del impeachment a trabajar por el "cuanto peor, mejor".

Previamente en Brasilia, el ministro jefe de la Casa Civil, Jaques Wagner, dijo a periodistas en el Palacio del Planalto que cree que en febrero, tras el receso parlamentario, el gobierno tendrá votos suficientes para archivar el pedido de juicio político que tramita en la Cámara baja.

Miércoles, 30 de diciembre de 2015