Vía Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Mauricio Macri completó la formación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designando dos jueces en estado de comisión, una herramienta de excepción que si bien está contemplada en la Constitución Nacional nunca se había usado desde el retorno de la democracia en 1983.

Nombró en comisión a dos miembros de la Corte Suprema. El procedimiento es inédito desde el retorno de la democracia.




Hay que remontarse 150 años en la historia, al período en el que gobernaba el liberal Bartolomé Mitre, para hallar un antecedente igual en el orden nacional. La designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo órgano judicial, eludiendo el mecanismo parlamentario (establecido por la Constitución Nacional) representa un gravísimo retroceso institucional que además destiñe la promesa de “cambio” con el que llegó Macri a la Casa Rosada. La medida tomó por sorpresa a sus socios electorales en “Cambiemos”, también a los miembros de su partido, y generó críticas de la oposición encarnada por el peronismo (y el kirchnerismo), que ahora se escandalizan por una metodología de uso extendido en las provincias. Corrientes es el mejor (mal) ejemplo. Aquí, en los últimos tres lustros, la Justicia se moldeó retorciendo la Constitución provincial. A cinco días de asumir, Mauricio Macri ha comenzado a imitar el procedimiento utilizado hasta el hartazgo por el gobernador radical Horacio Ricardo Colombi -en colaboración con sus socios del peronismo- para articular en Tribunales una red de contención que le evite dolores de cabeza a la gestión. Los jueces de facto (es decir aquellos que se designan a sola firma) reflejan el costado más autoritario de la política, en Corrientes dominaron la escena durante los primeros cuatro años de gestión del mandatario mercedeño. En 2002, Colombi llegó armar todo un Superior Tribunal de Justicia por decreto. Nombró tres ministros y el fiscal general, quienes asumieron en sus cargos en medio de un escándalo y entraron a sus respectivas oficinas a los empujones (ver aparte). Más aún, en los primeros meses de 2003, el Gobernador radical despachó otra ristra de diez decretos para designar jueces de primera instancia, camaristas y fiscales. Hasta 2005, cuando dejó el poder a su primo, Arturo Alejandro Colombi, la Justicia siguió funcionando supeditada al humor político del mandamás de 25 de Mayo y Salta. De esta manera, eludiendo a la Legislatura y por lo tanto mancillando a la Constitución provincial, el mandatario radical que por aquel entonces era kirchnerista y socio del peronismo correntino, fue cubriendo las vacancias judiciales con un sentido político antes que profesional. Muchos de los jueces y fiscales que hoy forman parte del entramado judicial, fueron antes de recibir el acuerdo del Senado, empleados en “estado de comisión”. El caso paradigmático fue la designación en diciembre de 2002 de Elpidio Monzón, Clemente Maldonado y Liberato Simonelli como ministros del Superior Tribunal de Justicia. De por si constituían una mayoría automática. En el mismo acto también nombró como fiscal general del STJ a Mario Payes, cuyo pliego había sido rechazado en sucesivas ocasiones por el Senado provincial. Sin posibilidades de revertir el voto legislativo, Colombi armó una Justicia a su medida. En febrero del año siguiente, después de la feria, asumirían también en comisión (Alejandro Chaín, Graciela Ferreyra, Raúl Passeto, Morilla de Zancerri, Buenaventura Duarte entre otros) generando un clima de conflicto político -que lesionaba la seguridad jurídica- que habría de mantenerse hasta el recambio legislativo. La Justicia en Comisión es lo más parecido a un “gabinete” del Ejecutivo para asuntos legales. Colombi supo como usarlo. Ahora Macri lo imita, no es una buena señal. (L.A.S)

Miércoles, 16 de diciembre de 2015