Estela Regidor, ingresó a la Cámara de Diputados en el tercer lugar de la lista del radicalismo, el pasado martes por la mañana prestó juramento a la banca como los demás legisladores electos el pasado 5 de julio, pero había otra decisión tomada por parte de su jefe político, Ricardo Colombi. Tras el acto formal de la jura la entonces diputada electa caminó cincuenta metros hasta la Gobernación y estuvo por una hora y media en el despacho privado del mandatario provincial. Regidor seguirá al frente de la intervención del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su lugar asumirá Geraldine Calvi.

Ayer lo confirmó el gobernador, la abogada seguirá en el organismo y en su banca de diputada asumirá una dirigente radical de Goya.


dirigente radical goyana y hasta el 10 de diciembre venidero concejal en el segundo distrito provincial. La joven abogada deberá permanecer en el organismo previsional debido a gruesos problemas internos, hay dos pedidos de auditoría: uno en marzo pasado y otro reiterado el 11 de noviembre último por parte del Centro de Jubilados y Pensionados provinciales. Esa entidad pidió indagar en el IPS debido a que el organismo no cumple con los fallos judiciales a favor de los pasivos, al contrario, apela argumentando que no posee recursos. A la situación ajetreada de los últimos días que no se sabía si Regidor cumpliría con el mandato popular de su elección como legisladora o seguiría en el organismo, se sumó la renuncia del gerente general, Bruno Magnani, de mala relación con la funcionaria justamente por su estilo de conducir el organismo. Además, Magnani responde al ministro de Hacienda, Vaz Torres, con quien la abogada tampoco tiene buena relación. A su vez, hay otras cuestiones. Regidor cobró casi 100.000 pesos en concepto de vacaciones adeudadas desde 2009. La funcionaria al parecer estaba convencida de que cambiaría de lugar laboral. A eso se suma una extensa lista de frondosos viáticos, liquidados a funcionarios políticos con el rango de consejeros. Pero lo que más desvela a Regidor y Colombi, es un fallo judicial que neutralizaría todos los fondos ingresados al IPS para abonar 8 mil causas, a un costo de $30 mil cada uno. Esto es lo que habría frustrado el cumplimiento de la voluntad popular para la cual fue electa Estela Regidor, quien deberá seguir buscando algo que a simple vista parece un laberinto sin salida.

Viernes, 4 de diciembre de 2015