Desde el Nivel Superior admitieron que hay Institutos de Formación Docente que obligan a los alumnos a efectuar una contribución monetaria. Remarcaron que esto debe ser optativo, pero señalaron que la ayuda es necesaria porque el Estado se ve “desbordado” ante el aumento de la oferta educativa.

A casi una semana de la promulgación de la Ley de Educación Superior, desde el área provincial que administra dicho nivel manifestaron que la normativa afecta más a las universidades que a los establecimientos de nivel terciario. Sin embargo, aseguraron que algunos institutos de Formación Docente exigen a sus alumnos el pago a la cooperadora, pese a que esto es legalmente optativo.
La semana pasada el Gobierno Nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que había estado en el epicentro de la discusión en el ámbito universitario. Es que entre los puntos modificados a la Ley 24.521 se encuentra el de la prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos a los estudiantes.
Muchas universidades se manifestaron en contra de la medida, aduciendo que se trata de una manera implícita de influir en la autonomía de las casas de estudio. Si bien están a favor del espíritu de la ley en cuanto a la garantía del acceso irrestricto, la mayoría mira con recelo la cuestión del financiamiento estatal.
Por otro lado están las instituciones del nivel terciario que son administradas exclusivamente por los Estados provinciales, y que cuentan con cooperadoras como otra fuente de ingresos avalada por la ley. “Los terciarios tienen la lógica de que son totalmente gratuitos, y que el Estado se hace cargo de garantizar la gratuidad de los mismos en toda la provincia, desde la infraestructura hasta el pago de sueldos”, explicó a El Litoral la directora de Nivel Superior de la Provincia, Susana Nugara.
De esa manera agregó que los Institutos de Formación Docente que integran el Nivel Superior “viven con los aportes de las cuotas de las cooperadoras, en el sentido de que ese dinero utilizan para la parte organizacional de la institución, que a su vez colaboran con el Estado porque no podemos hacernos cargo de todo”. “La mayoría de los institutos ya tienen personería jurídica, por lo tanto siguen todo el procedimiento que dispone la ley respecto a la elección de los miembros y la rendición de cuentas de los fondos”, especificó.
Sin embargo, Nugara admitió que existen muchos establecimientos de este nivel que exigen a los estudiantes una contribución monetaria, siendo que la normativa establece que esto debe hacerse de manera optativa. “Sé que algunos institutos le exigen por ahí la cuota de la cooperadora a los alumnos para poder rendir o inscribirse, y es una lucha contra esto que la peleamos todos los días”, manifestó.
Según detalló la funcionaria, existen muchas denuncias contra establecimientos que “exigen una colaboración”, pero que no pueden elevar sumarios al respecto porque “son denuncias verbales”. “Siempre les pido a los alumnos que escriban las denuncias porque, para poder accionar administrativamente, tenés que tener algo escrito y firmado por un responsable”, expresó.
Al no poder registrar legalmente la situación, Nugara comentó que “hacemos que los supervisores levanten un teléfono, advirtiéndoles a los rectores sobre esto, y por lo general conversando para que la cuestión se acomode un poco”. “No se puede condicionar ni el ingreso ni el examen del alumno a una cuota. Siempre les digo a los rectores que tienen que ser muy claros en que la cooperadora debe ser una colaboración”, recordó.

Trabajo con los Institutos
Nugara explicó que “hay institutos donde tenemos transparencia en el manejo de la cooperadora, ya que tienen su personería jurídica. Pero hay otros que por ahí cuesta un poco más, porque tienen en trámite la personería jurídica hace muchos años, por ejemplo”. Por esto manifestó que “no es fácil hacer entender a instituciones que por ahí toda la vida hicieron las cosas de una manera, que el pago obligatorio a la cooperadora va en contra de los derechos del alumno”.

“Estado desbordado”
Pese a que la contribución a las cooperadoras es optativa, la directora de Nivel Superior indicó que muchos de los establecimientos necesitan de esta fuente de ingresos, ya que existe una alta demanda a la cual el Estado le es difícil cubrir. “El Estado no se puede hacer cargo de todo, está como desbordado porque hay una demanda muy fuerte en Educación Terciaria en toda la provincia. Pasamos de 16 a 53 localidades con ofertas de Educación Superior”, comentó.
“Hay una necesidad de ayuda de parte de los municipios, que aportan con la limpieza, con algunas computadoras o algo por el estilo, y con el sostenimiento de la cooperadora, siempre con el sentido de la colaboración”, agregó la funcionaria.
En esa línea, Nugara pidió que los Institutos “trabajen culturalmente con sus alumnos para hacerles notar que la educación terciaria tiene que tener una colaboración para poder ser sostenida mejor”. “El Estado les solicita una ayuda porque tenemos también que crear la consciencia en nuestros alumnos de que todo cuesta, entonces es como una manera que el alumno devuelva al Estado algo de lo que le brinda”, finalizó.



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Es la cantidad de terciarios de gestión pública que hay en Corrientes, entre mixtos y de Formación Técnica.

Martes, 17 de noviembre de 2015