El fiscal general Pablo Ouviña requirió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal que condene a penas de reclusión, de entre 10 y 25 años, a 17 de los acusados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la asociación ilícita transnacional denominada Operación Cóndor, que coordinó la represión ilegal de las dictaduras del Cono Sur, y solicitó la absolución para uno de los militares que llegó a juicio. Entre ellos se encuentra el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII Corrientes, Eugenio Guañabens Perelló.

El pedido de pena fue el corolario de un alegato que duró tres meses, a lo largo de los cuales Ouviña -asistido por la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky y el equipo de trabajo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos- describió los antecedentes, los alcances y las acciones desplegadas en distintos lugares del continente en el marco del acuerdo represivo. La exposición de la fiscalía había comenzado el 7 de agosto pasado, luego de más de dos años de juicio oral y público, que comenzó en marzo de 2013.





Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.



En tanto, el fiscal pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez; el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 “Patricios”, Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa. Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.



Por los mismos delitos y grados de autoría Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.



Las penas de 25 años de reclusión requeridas por el fiscal comprenden a los ex comandantes de Institutos Militares Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros; al ex director de la Escuela de Caballería y jefe del área militar 430, Rodolfo Emilio Feroglio; y al ex jefe del Regimiento de Infanteria 1 “Patricios”, Humberto José Román Lobaiza. Todos fueron considerados autores del delito de asociación ilícita y coautores mediatos de la privación ilegal de la libertad de diferentes personas.



La misma pena requirió Ouviña para el ex Integrante del Ejército Uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de su país, Manuel Juan Cordero Piacentini, a quien acusó en grado de partícipe necesario de las privaciones ilegales de la libertad agravadas de once personas.



El fiscal pidió también 25 años de reclusión para el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Miguel Ángel Furci, quien actuó en el centro clandestino Automotores Orletti, una de las bases de la Operación Cóndor en Argentina. Lo acusó por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada en 60 oportunidades y triplemente agravada en otros siete casos, e imposición de tormentos en 123 hechos.



Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad. El fiscal solicitó la extracción de las constancias de la causa sobre el imputado y su remisión a la justicia federal de Mendoza para que se investigue “el rol que cumplió” en “la denominada lucha contra la subversión” en esa provincia. En el mismo sentido, requirió que se impulse la investigación del acusado Tragant por su actuación a cargo de la intervención militar en la provincia de San Juan a partir del 24 de marzo de 1976.

Viernes, 13 de noviembre de 2015