Resta un día para que se cumpla una semana del acampe en la plaza 25 de Mayo, donde policías retirados y penitenciarios se encuentran encadenados en el marco de una serie de reclamos. Por un lado, piden que el Estado les abone una deuda de 52 mil pesos por cada uno de los más de 4.300 jubilados de esa fuerza de seguridad, y por el otro, además, el blanqueo de tres adicionales en negro, y la liquidación sobre los adicionales en blanco (por antigüedad y bonificación por el título) y adecuación del valor punto.

Sigue creciendo la convocatoria a la protesta de los uniformados. Hoy se espera la presencia del interior y del Chaco, que se adhieren a la lucha.

Poco es lo que han conseguido hasta el momento en relación a los reclamos respectivos, por lo que analizan sumar nuevas medidas. Mientras tanto, siguen recibiendo adhesiones a la lucha, por lo que hoy esperan la llegada de un contingente del interior y otro de la provincia de Chaco. Asimismo, confirmaron a este medio que se van a mantener firme en la decisión de permanecer en la “carpa del aguante” instalada frente a Casa de Gobierno, e inclusive tienen previsto evaluar en el transcurso de esta semana la posibilidad se sumar otras modalidades de protesta, siempre con el propósito de conseguir una respuesta a los reclamos salariales que vienen realizando al Gobierno. Los uniformados, cansados de golpear puertas y de denunciar deficiencias en la liquidaciones, esperan de los funcionarios provinciales que tengan la capacidad de negociar un acuerdo que satisfaga al sector. “Nosotros venimos reclamando desde el año pasado todos los errores que han cometido en cuanto a nuestra liquidación de haberes, y ahora recién quieren venir a instalar una mentira haciéndose de las víctimas, especialmente la interventora del IPS”, señala el último comunicado de Autoconvocados Retirados y los integrantes de la Comisión Directiva Provisoria de la Asociación Gremial Policial (Agrepol, Corrientes). También recuerdan que “no existe ninguna ley ni reglamento que prohíba o repruebe estas conductas, de reclamar nuestros derechos”, y descartan que puedan ser sancionados por pedido del Ejecutivo. “Lo más triste es que nadie se ha acercado. Es lamentable que hagan la vista gorda”, finalizaron.

Martes, 20 de octubre de 2015