En la sentencia emitida ayer rechazaron el pedido del intendente para declarar nula su separación del cargo. Adujeron que en el juicio político se garantizó el debido proceso y el derecho a defensa. Pero aclararon que el dictamen final lo darán las urnas. Hasta ese día, desde el Ejecutivo dicen que tienen aval para seguir en la Comuna. Y los ediles, que su par Pedro Maidana debe ejercer ese rol.

El intendente de Santa Rosa, Marcelo Otazo, había solicitado al Superior Tribunal de Justicia que se anulara su destitución argumentando que hubo anomalías en el juicio político que le realizó el Concejo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Planteo que fue rechazado ayer por los ministros, quienes fijaron que la continuidad del jefe comunal electo en el 2009 dependerá de lo que decida la mayoría en una consulta popular. Pero ahora surgió el debate sobre quién estará al frente del Municipio hasta que se realicen las elecciones.
Fue el pasado 29 de enero que la mayoría de los ediles resolvieron que tenían pruebas suficientes para acreditar que el jefe comunal debía ser separado de su cargo y en consecuencia tomaron juramento como intendente interino al presidente del Legislativo, Pedro Maidana. Luego notificaron de lo resuelto al STJ, ante quien también Otazo acudió solicitando que se declarara la nulidad de la sanción. En esa presentación, su defensa alegó que no estuvo garantizado el debido proceso y el derecho a defensa, consignando -entre otras cosas- que el intendente no había recibido las notificaciones para realizar su descargo en diferentes etapas del juicio político.
Considerando que el intendente decidió continuar en el cargo, los ediles resolvieron no tomar por la fuerza el Municipio pero solicitaron al STJ que ordenara el desalojo de Otazo. Sobre esto, el pasado 12 de febrero, desde los estrados judiciales respondieron que previamente debían cumplir con todo el proceso que también incluye la convocatoria al plebiscito.
Por ello, los ediles resolvieron fijar como fecha tentativa para las elecciones el 22 de marzo, es decir el próximo domingo. Y si bien presentaron este pedido en el Tribunal Electoral, aguardaban un fallo del STJ sobre la cuestión de fondo para poder saber si podrían acceder a las cuentas municipales para financiar los comicios.

A cargo
Mientras que finalmente ayer, desde el máximo órgano judicial de la Provincia emitieron una sentencia a través de la cual rechazaron el pedido para anular la destitución de Otazo. Basaron su decisión, según pudo saber El Litoral, en que los ediles acreditaron con “notificaciones notarialmente certificadas y no impugnadas ni reargüidas de falsas” que Otazo fue convocado en varias etapas del juicio político a ejercer su derecho a defensa.
No obstante, en el mismo fallo recuerdan que la “sentencia de destitución cuestionada requiere obligatoriamente como condición necesaria para poder ser efectivizada, una consulta popular cuyo resultado es vinculante”. Remarcando que fue convocada por ordenanza para el 22 de marzo y que “constituye el mecanismo específico previsto en la Constitución Provincial para decidir la suerte de esa sentencia dentro del ámbito del mismo municipio”.
Precisamente, este ítem es tomado como argumento tanto por el patrocinante legal de Otazo como por los concejales para fundamentar quién consideran que debería estar al frente del Municipio hasta que se haga a consulta popular.
“Allí dice claramente que para que se efectivice la destitución, primero debe votar el pueblo y así la mayoría decidir si el intendente debe continuar o no. Así que él seguirá en el cargo hasta que se hagan los comicios”, aseveraron desde la defensa de Otazo al ser consultados por El Litoral.
Versión que refutó el asesor legal del Concejo, haciendo hincapié en que “se realizó el juicio político de acuerdo a la legislación vigente, está destituido y ahora tal como lo establece el artículo 224 de la Constitución Provincial, se debe hacer el plebiscito. Ahí se define si permanece o se va del cargo”. Considerando esta postura, sería Pedro Maidana quien debería ejercer la intendencia.
“Igual nosotros no vamos a intentar tomar la Municipalidad que está vallada, en todo caso haremos los trámites necesarias para que Maidana se haga cargo de la administración y de esa forma garantizar la realización de la consulta popular”, expresaron ediles en diálogo con El Litoral. Por lo que señalaron que en las próximas horas definirán los pasos a seguir, aunque reiteraron que “no vamos a tomar el Municipio por la fuerza”.

Miércoles, 11 de marzo de 2015