El director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se mantiene en el ojo de la tormenta y esta vez a raíz de un posible fraude cometido en la contratación de la firma Voith, que tiene a su cargo la reparación de las turbinas averiadas en la central hidroeléctrica.

La denuncia la dio a conocer ayer el representante de la Cancillería ante el Consejo de Administración de la EBY, Dr. Diógenes Martínez, quien relató los antecedentes que datan del 2011, cuando el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la EBY, autorizó al Comité Ejecutivo la suscripción de un contrato por US$ 100 millones.

Pero, lo más grave, advierte Martínez, es que Thomas ahora recurre de nuevo al Consejo no solo para convalidar aquel contrato, sino para gestionar un complemento de 50 millones de dólares; pero él apenas rindió cuentas del primer contrato por unos 56 millones de dólares.

Por este motivo, el Consejo del lado paraguayo se opone a aumentar esa cifra que pide Thomas y también a “blanquear” el contrato por 100 millones de dólares que presentó para su aprobación, explicó. Además, Thomas solicitó una reformulación del contrato inicial, con la que el monto final asciende a US$ 218 millones, o sea, US$ 118 millones más.

La irregularidad, según el consejero paraguayo, está además en que el contrato solo lleva la firma del argentino Óscar Thomas, en su carácter de director ejecutivo, y no del Comité Ejecutivo, que en este caso está conformado también por el director paraguayo y el secretario. “A partir de ahí se produce un defecto casi descalificante del contrato, porque queda claro que un poder que le da la entidad para endeudarse por 100 millones de dólares, lo da a los dos representantes”, señala el consejero.

Agrega que Thomas invoca una norma del estatuto, por el cual él es director ejecutivo y quiere hacer valer ese contrato. “Nosotros no le cuestionamos el contrato ni su contenido, sino la forma en que lo hizo porque debía haberle hecho firmar también a la parte paraguaya”, afirma el Dr. Martínez, para quien esto constituye no solo un abuso de poder, sino podría derivar en lesión de confianza si no se justifican los gastos. (ABC Color)

Miércoles, 21 de mayo de 2014