La Cámara baja se aprestaba a convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se convalida el acuerdo alcanzado con la empresa española Repsol por la toma del control estatal de YPF, con el 51 por ciento de las acciones de la firma.

La trascendencia del tema y el consecuente interés de muchos diputados por participar del debate hacen prever que el proyecto se votará recién pasadas las 6 de mañana, lo que sumado a las ocho horas que ya trascurrieron desde su inicio, completarían una sesión de más de 17 horas.

Para el momento de la votación el partido del Frente para la Victoria (FPV) aspira a reunir más de 135 votos, una cifra cercana a la que obtuvo para iniciar la sesión, merced al respaldo propio y de los bloques del Frente Cívico de Santiago del Estero, de Nuevo Encuentro, del Movimiento Popular Neuquino, del Movimiento Solidario Popular, los diputados referenciados en Hugo Moyano y el del PJ La Pampa.

Votando por la negativa quedarán el radicalismo, el Frente Amplio Progresista, UNEN, Unidad Popular y el Frente de Izquierda; en tanto el PRO y el Frente Renovador se abstendrán.

En el inicio del debate, el diputado Mario Metaza (FPV-Santa Cruz), presidente de la comisión Energía y Combustible, aseguró que el acuerdo con Repsol por YPF "consolida la confianza en el país" y otorga "un clima favorable de inversión".

Dijo que se trata de un acuerdo "tremendamente beneficioso, con una conclusión de manera amistosa, que pone fin a las causas judiciales", y sostuvo que "el eje central es la recuperación del control de YPF por parte del Estado con la expropiación del 51 por ciento de las acciones".

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti (FPV), aseguró que el acuerdo alcanzado con Repsol "es trascendente" para "tener un flujo de inversiones que a futuro permita desarrollar un aspecto clave como es la actividad energética".

A continuación refutó las críticas formuladas desde la oposición respecto del precio, al afirmar que "no hay ninguna valuación transparente que dé por encima de 5.000 millones de dólares" y defendió la recuperación de YPF al sostener que fue necesario "para continuar esta política industrial porque la perspectiva de tener una economía autónoma depende de la capacidad de Argentina de recuperar un vector de competitividad".

Por el radicalismo, el vicepresidente de la comisión de Energía, Eduardo Costa, justificó el rechazo de su bloque al proyecto: "apoyamos y creemos en una YPF estatal, pero no apoyamos este acuerdo por el que se pretende pagar más de 5.000 millones de dólares a la empresa que destruyó YPF".

"Para realizar la expropiación no se siguieron los pasos institucionales previstos, ni se utilizó una tasación correcta para fijar el precio de la misma", aseveró.

En tanto, la diputada socialista Alicia Ciciliani expresó su rechazo al acuerdo al sostener que "se carecen de detalles para su valuación" y "vamos a pagar una cifra millonaria a Repsol sin una tasación confiable".

Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Gilberto Alegre, anticipó que su bancada se abstendrá en la votación al entender "que hay que pagar pero no estamos de acuerdo cómo se pactó ese precio".

Federico Sturzenegger, legislador del PRO, anunció que su bancada se abstendrá durante la votación, al tiempo que aseguró que la fuerza liderada por Mauricio Macri tomó esa decisión para no "obstaculizar un acuerdo que plantea finalmente una normalización institucional y certeza contractual".

A su turno, Claudio Lozano dijo desde Unidad Popular: "Nosotros rechazamos y repudiamos este acuerdo dado que no se han defendido los intereses nacionales" y "es un premio para una empresa que vació YPF".

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

El entendimiento entre el gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre último, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por el 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF al momento de la toma de control estatal, y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.

Jueves, 24 de abril de 2014