El mexicano Edgar Tamayo, que sufre una leve discapacidad intelectual, recibió una inyección letal tras pasar 20 años en el corredor de la muerte. Reclaman que no fue sometido a un juicio justo.

El Gobierno de Estados Unidos "lamentó" este jueves la decisión del estado de Texas de ejecutar en la noche de este miércoles al preso mexicano Edgar Tamayo "sin revisar" el caso, como había pedido la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004.

"El Departamento de Estado lamenta la decisión de continuar con la ejecución de Tamayo sin esa revisión y reconsideración", indicó Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

Tamayo, de 46 años, fue ejecutado el miércoles mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el último recurso presentado por sus abogados. El hombre declinó decir unas últimas palabras antes de que acabaran con su vida a las 21.32 hora local del miércoles (03.32 GMT de este jueves).

La ejecución del preso mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994, se produjo con tres horas de retraso, debido a la presentación de un recurso de última hora ante la Corte Suprema de EE.UU., que lo rechazó.

A petición del preso, ningún familiar suyo presenció sus últimos momentos, a los que sí asistieron diversos parientes del agente asesinado, Guy Gaddis, entre ellos la madre y otros familiares cercanos.

Pocos minutos después de la ejecución, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, acusó al gobernador de Texas, Rick Perry, de "haber faltado al respeto a Tamayo, a Texas, a México y a Estados Unidos".

La ejecución se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que denunciaron la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo.

En las horas previas, el mexicano había confesado que estaba "listo" para morir y que veinte años en el corredor de la muerte "son demasiados", según dijeron fuentes penitenciarias.

En su último día de vida, el preso tuvo ocasión de saludar y sacarse fotos junto a su padre y sus hijas, a quienes pidió "que mantuvieran la calma y estuvieran tranquilos". No pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de cerdo, arroz, verduras, maíz, café y té.

Las distintas peticiones de los abogados del preso fueron rechazadas en menos de 24 horas y de forma consecutiva por un tribunal de Texas, la Junta de Perdones del estado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans y, finalmente, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Según los abogados de la defensa, Tamayo nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal del consulado de México, recogido en la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos.

Además, la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a EE.UU. que revisara las condenas a muerte de aquellos presos cuyo derecho a la notificación consular hubiera sido violado, como en el caso de Tamayo. A pesar de esa resolución judicial, otros dos presos mexicanos en la misma situación fueron ejecutados en los últimos años.

Ese hecho tensó en las últimas semanas las relaciones de los gobiernos de México y EE.UU., a pesar de que el propio secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llegó a exigir en diciembre pasado a las autoridades de Texas que revisaran el caso de Tamayo debido a la violación de sus derechos consulares.

Otra circunstancia que alimentó todavía más las protestas de las organizaciones humanitarias fue la discapacidad mental leve que padecía el preso desde su adolescencia, y que fue diagnosticada por un psicólogo en 2008.

La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió en 2002 la ejecución de internos con discapacidad mental, pero cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA con sede en Washington, exigió la suspensión de la pena por considerar que Estados Unidos había violado los derechos del preso mexicano a un juicio justo.

Los gobiernos de Estados Unidos y de México presionaron hasta el último momento para evitar la ejecución, pero el gobernador Perry se negó a suspender la pena y mantuvo que el preso mexicano estaba "sujeto a las leyes estatales" y había tenido "un juicio justo".

En una carta remitida a la agencia EFE por el propio Tamayo, fechada el 14 de enero pasado, el preso confesaba que todavía tenía "la esperanza" de que su caso fuera revisado, aunque también señalaba que se había preparado mental y físicamente para cualquier decisión.

De los 330 presos condenados a muerte en Texas, doce son mexicanos. Las autoridades tienen previsto ejecutar al menos a otros seis presos en 2014.

Viernes, 24 de enero de 2014