El número de condenados durante 2013 fue de 160, de los cuales 142 fueron acusados por primera vez, según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El relevamiento del proceso de juzgamiento de los imputados por delitos en el marco del terrorismo de Estado precisó que son 1.069 los procesados, 520 personas fueron condenadas y 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de Derecho, mientras que sólo 71 personas cuentan con la sentencia firme.Este último dato es considerado un "déficit" que contrasta con el aumento constante que adquirieron los juicios en los últimos años: de los 122 procesos judiciales concluidos desde 1983, 107 se realizaron a partir de 2004, en tanto sólo en el último año finalizaron veinticuatro.

El informe agregó que el número de detenidos por crímenes de lesa humanidad durante 2013 fue de 114, sobre un total de 927, de los cuales el 62,1% se encuentra alojado en unidades penitenciarias, el 36,2% con detención domiciliaria, el 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,6% en hospitales.Parte del informe anual del organismo, publicado hoy en el sitio www.fiscales.gob.ar, indicó que desde 2008 la cantidad de condenados aumentó más de un 700 por ciento.

El seguimiento reveló que 2013 fue el año del avance de la justicia sobre los civiles cómplices de la dictadura y destacó la primera condena a un funcionario judicial, el ex juez Víctor Brussa. Hay 1.069 procesados, 520 personas fueron condenadas y 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de Derecho El informe también destacó la elevación a juicio de dos causas que involucran a cinco funcionarios judiciales de Mendoza, que serán juzgados partir del 17 de febrero, y otro de Santa Fe, y las confirmaciones de procesamiento sobre otros cinco imputados, mientras que otros once cuentan con un procesamiento en primera instancia en diferentes puntos del país.

Como hechos sobresalientes de 2013, la Procuraduría puso de relieve la extradición desde Chile del ex camarista federal mendocino Otilio Roque Romano; la decisión de la Cámara de Casación acerca de que la actuación del ex juez salteño Ricardo Lona constituyó crímenes de lesa humanidad.

Además, destacó que el máximo tribunal penal también prohibió la salida del país del suspendido juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft, quien dilata con presentaciones judiciales sus indagatorias.

Además, el informe refirió como avances de las investigaciones sobre "la complicidad del sector empresarial con los actos de terrorismo de Estado" el procesamiento de los antiguos jefes de personal y de sección de la Minera “El Aguilar” (Jujuy) y la confirmación del procesamiento de los directivos del ingenio “Ledesma” (Jujuy).

También destacó el requerimiento de elevación a juicio presentado el 20 de diciembre pasado en las actuaciones en las que se investiga la responsabilidad de los ex directores de la automotriz “Ford”, en la localidad bonaerense de General Pacheco.


Sábado, 4 de enero de 2014