La iniciativa fue impulsada por una agrupación de plantadores de cannabis y fue la diputada nacional por Corrientes, Araceli Ferreyra la que le puso su firma en el Congreso de la Nación. Esta propuesta está en sintonía con la disposición de Uruguay que ahora controla y regula el consumo de la droga.

(Parlamentario) En sintonía con los reclamos centrales de la 4ta. Marcha Nacional por el Cannabis realizada este sábado, el proyecto contempla una reforma integral de la actual “Ley de Drogas” Nº 23.737, que además de despenalizar la tenencia de sustancias prohibidas y el autocultivo de marihuana, reforma otras figuras penales para evitar la constante violencia institucional y el abuso del que suelen ser víctimas los usuarios.

La iniciativa fue representada este año con algunos nuevos aportes, ofreciendo una perspectiva integral y novedosa en la materia, señalando “los fracasos de la absurda política represiva y prohibicionista en la materia, presente en la cantidad víctimas de violencia, prisionizados y muertos que se pueden adjudicar a esta ‘guerra’ que nos fue impuesta. El proyecto que legaliza el cannabis, deja abierta la oportunidad de regulación de dicha sustancia, considerando que no pudiéndose regular lo prohibido, el primer paso debe ser la legalización seguida de una regulación complementaria (como ser el caso del alcohol y el tabaco por ejemplo, que son ambas sustancias legales pero reguladas). Por lo cual, entiende que la legalización y la regulación, no son términos antagónicos sino más bien complementarios y sucesivos, apartándose de una falsa dicotomía que no ayuda al proceso”.

De tal forma, la propuesta entiende que hay que desinvertir esta carga probatoria, y que las agencias de seguridad y la justicia penal, con todas las atribuciones que le son propias (tareas de inteligencia, etc.) tienen el deber de obtener pruebas "complementarias y suficientes" que indiquen que la posesión de estupefacientes será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos, no pudiendo las fuerzas de seguridad proceder a la demora, aprehensión o detención de una persona, ni abrirse causas penales por la mera tenencia.

Se considera así que la existencia de normas actuales o propuestas que contengan formulaciones abstractas como ser “por su escasa cantidad”, o “demás circunstancias del hecho”, permiten y permitirán una persecución y discrecionalidad policial incompatible con nuestra democracia, y alientan a que nuevas causas como el caso de Miguel Ángel Durrels (joven detenido en septiembre pasado por la supuesta tenencia de una escasa cantidad de marihuana que apareció muerto en una celda de la comisaría 1ra del Partido de Pilar) o Alexis Torrijo (joven de Santiago del Estero prisionizado y actualmente procesado por tenencia para su propio consumo), sigan poblando nuestras cárceles o sean víctimas. Desde la sanción de la actual ley de drogas, 1989, 400.000 jóvenes han sido víctimas de este sistema perverso de persecución, extorsión y criminalización, mediante la figura de "tenencia" y su formulación vaga y ambigua; por lo cual, el proyecto brinda principal atención en ello.

Además, para promover la salud integral de consumidores de todas las sustancias –legales e ilegales- y de la sociedad en general, se incorporó al proyecto políticas de reducción de la vulnerabilidad de los usuarios y de los daños asociados al consumo. Esta perspectiva, si bien es novedosa en nuestro país, fue aplicada exitosamente en países de Europa y algunos de la región, ya que permite mejorar sensiblemente la calidad de vida de quienes consumen sustancias psicoactivas. Ello a su vez se complementa con la creación de un "Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios y Usuarias de Sustancias Psicoactivas", de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad y respeto a los derechos humanos.

En relación a la presentación del proyecto, la secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y legisladora, María Rachid, expresó: “Estamos orgullosos de que la diputada Ferreyra haya tomado este proyecto que esperamos esta vez sea tenido en cuenta sin más demoras para ser tratado en el Congreso Nacional. Consideramos que la legalización es un tema de derechos humanos porque tiene que ver con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la vida de cada uno/a, pero también es una cuestión de salud pública porque no hay peor política de salud para prevenir los daños del abuso de drogas que la prohibición. Así lo han demostrado la ley vigente y las políticas de los países que promueven enérgicamente políticas prohibicionistas”. Agregó que “este debate es un debate urgente y necesario en nuestra democracia, debido a que la actual política de drogas ha llevado a una persecución, discriminación y criminalización histórica a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, siendo la excusa necesaria de las agencias de seguridad para extorsionar y apremiar a nuestros jóvenes en barrios, comisarías y prisiones”.

A su vez, la diputada nacional Araceli Ferreyra consideró “un orgullo firmar y acompañar el trabajo realizado conjuntamente con la Mesa Nacional por la Igualdad, AACA y la diputada María Rachid, que ha culminado en la presentación de este proyecto de ley que abarca una reforma integral de la actual legislación represiva en materia de drogas, estableciendo un nuevo paradigma basado en el respeto de los derechos humanos de los/as usuarios/as de drogas prohibidas. Seguiremos trabajando y presentando nuevas iniciativas complementarias a la presente, para que toda la legislación en la materia contemple éste nuevo paradigma y proteja a nuestra población de los abusos impuestos por el actual régimen prohibicionista y su guerra absurda. Creemos que el debate en materia de drogas prohibidas lleva tantos años de demora en nuestro país y esta tan atrasado en comparación con países como Uruguay, que necesitamos urgente un debate y una reforma mucho más profunda que la planteada hasta el momento”.


Jueves, 12 de diciembre de 2013