Evo Morales promulgará hoy la ley que establece el 17 de octubre como Día de la Dignidad Nacional, a 10 años de la jornada en que un levantamiento popular obligó a renunciar al mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fugó a EEUU tras una represión que dejó más de 60 muertos y 400 heridos.

La caída de "Goni" Sánchez de Lozada tras varios meses de una rebelión popular denominada "Guerra del gas" -porque el detonante fue el intento de vender ese hidrocarburo a Chile y desde este país a Estados Unidos- fue definida por Morales como el inicio de "la liberacion del pueblo boliviano de un modelo neoliberal".

"Hace un año o dos tuvimos algunos encuentros con dirigentes, exdirigentes, y veníamos comentando que, como se escapó Goni en esta fecha, ésta se debe declarar Día de la Dignidad Nacional”, afirmó el mandatario, citado por el diario paceño La Razón.

El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada presentó ante el Congreso (hoy Asamblea Legislativa Plurinacional) su renuncia por escrito, ante la fuerte presión social que exigía su dimisión por las políticas económicas que pretendía establecer, y asumió su vice, Carlos Mesa.

Horas después huyó con dos de sus ministros rumbo a Estados Unidos desde el aeropuerto Viru Viru, en el departamento Santa Cruz, momento del que Télam fue testigo y pudo dar la primicia para la Argentina.

Sánchez de Lozada, acusado de genocidio ante la Justicia boliviana, sigue refugiado en Estados Unidos, país que no concedió el primer pedido de extradición al gobierno de Bolivia, y hoy está en trámite un segundo reclamo del país sudamericano.
El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada presentó ante el Congreso su renuncia por escrito, ante la fuerte presión social que exigía su dimisión por las políticas económicas que pretendía establecer
Mesa asumió la primera magistratura pero el repudio social, encabezado por el entonces ex diputado Morales, lo obligó a renunciar en marzo de 2005.

Entonces asumió el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, hasta que las elecciones de diciembre de ese año consagraron al líder indígena y cocalero como mandatario de Bolivia con el 54 por ciento de los votos.

Por su parte, las organizaciones sociales afines al presidente Morales -el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam)- convocaron para mañana jueves a una gran concentración en El Alto, ciudad vecina a La Paz, para celebrar el 10mo. aniversario de la caída del millonario empresario minero Sánchez de Lozada.

Pero la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto decidió no participar del acto porque considera que no fue atendido por el gobierno su pliego de reclamos de 28 puntos, en el que demandan, entre otras cosas, una banca parlamentaria más y un aumento presupuestario para la ciudad, epicentro de la rebelión popular de 2003, como resarcimiento institucional por la "Guerra del gas".

En tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla Tórrez, indicó que mañana se rendirá homenaje a los muertos que habían luchado para evitar la venta de gas a Chile, y lamentó que la Fejuve no participe en esa conmemoración.

También afirmó que ya se dio respuesta al pliego de peticiones que enviaron al gobierno antes del paro de ayer.

"Nos han indicado que aún no la han leído, pero de todas frormas estamos dispuestos a sentarnos a dialogar en el transcurso de esta semana para dar respuesta a sus demandas", dijo Santalla Tórrez.

También la dirigencia de la Asociación de Víctimas de Octubre de 2003 expresó su rechazo a la declaratoria de esta fecha como el Día de la Dignidad.

"A 10 años recién quieren acordarse con un Día de la Dignidad, que para nosotros no es de importancia”, manifestó a la emisora Erbol la representante de la organización, Lisbeth Callante.

Por otra parte, tras el inicio en 2005 del juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, sus ministros y varios militares que participaron de la represión, la Fiscalía General congeló los bienes de los 17 acusados, 10 de ellos fugados y en rebeldía frente a la Justicia.

Lo cierto es que, a pesar de haber logrado embargar 272 bienes, que pueden ser rematados para el pago de resarcimientos a las víctimas, el grueso de las propiedades de los acusados pudo ser transferida, vendida o liquidada durante la transición posterior a la caída de Sánchez de Lozada.

"Lo que se logró anotar preventivamente (congelar) es prácticamente, en términos objetivos, nada", lamentó el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, y recordó, por ejemplo, que después de salir del país Sánchez de Lozada logró la transacción de un paquete accionario de la Compañía Minera del Sur (Comsur) por casi 600 millones de dólares.

Jueves, 17 de octubre de 2013