El ex primer ministro italiano pretende evitar el arresto domiciliario. Es por la sentencia a un año de prisión que recibió por fraude fiscal.

El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, solicitó hoy cumplir su condena a un año por fraude fiscal en el caso Mediaset realizando trabajos sociales, en lugar de permanecer en arresto domiciliario.

La petición realizada hoy por los abogados de Berlusconi ahora será instruida por el Tribunal de Vigilancia penitenciaria, que estudiará los antecedentes y convocará una audiencia en la que comunicará su decisión, informó la agencia de noticias EFE.
En los próximos días el Senado resolverá si expulsa a Berlusconi
La experiencia en este tipo de casos es que el Tribunal de Vigilancia penitenciaria tarda cerca de seis meses en dictaminar su decisión.

Uno de los abogados de "Il Cavaliere", Franco Coppi, había anunciado ya que presentarían esta solicitud, que es una de las opciones de Berlusconi para cumplir la pena, ya que debido a su edad (77 años) no tiene que ir a la cárcel.

La sentencia en firme dictada el pasado 1 de agosto por el Tribunal Supremo por el caso Mediaset, investigado y juzgado en Milán, condenaba al ex primer ministro a cuatro años de prisión, que quedaron reducidos a un año de acuerdo con una ley de indultos de 2006.

Berlusconi, quien tenía de plazo 30 días para presentar esta solicitud desde el pasado 15 de septiembre, fecha que se considera como de vuelta a la actividad normal de la justicia en Italia tras las vacaciones, puede llevar a cabo los trabajos sociales en Roma, ciudad a la que trasladó su residencia.

En los próximos días se prevé que el Senado decida finalmente si retira o no su escaño a Berlusconi en aplicación de la llamada "Ley Severino" por su condena en firme, después de que una comisión parlamentaria votara a favor de esa medida y pasara el tema al pleno de la Cámara.

El próximo 19 de octubre comenzará además en la Corte de Apelación de Milán el proceso para la revisión de la inhabilitación para cargo público de Berlusconi que el Supremo sentenció el pasado 1 de agosto, que en primera y segunda instancia se había fijado en cinco años.

Viernes, 11 de octubre de 2013