Lo afirmó el abogado referente de la ONG "Red Infancia Robada", Hermindo González, con respecto a las cifras que se dieron a conocer a nivel nacional referidas al número de personas rescatadas, víctimas de explotación sexual. González, brindó datos alarmantes sobre el problema de la trata de personas en la provincia de Corrientes: "El problema es grave, esta provincia es la principal proveedora de mujeres para la trata con fines de explotación sexual, y sin embargo acá en Corrientes hay un solo caso judicializado. No hay voluntad política de terminar con este problema", aseguró.

Esta semana se conoció un informe difundido por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, que da cuenta que desde 2008 se han rescatado 5.607 personas víctimas de trata laboral y con fines de explotación sexual en todo el territorio nacional.

"El 53% de las personas liberadas durante los 2.539 allanamientos realizados desde 2008, tras la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, fueron objeto de explotación laboral; en tanto, el 47% fueron explotadas sexualmente", afirma el documento dado a conocer por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Ante éstos números, el referente local de Red Infancia Robada explica: "Esos números oficiales dicen que menos del 50% de las personas han sido víctimas de explotación sexual, sin embargo, las cifras que manejamos nosotros nos indican que en realidad son el 65% de los casos, de los cuales, el 20% de las mujeres son correntinas liberadas en distintos puntos del país", explicó Hermindo González.

"Si se trabajara con seriedad, las cifras en Corrientes harían explotar las estadísticas, porque esta provincia es la principal proveedora de víctimas de trata con explotación sexual, debido a un combo de circunstancias que hacen que aquí el negocio para los tratantes sea altamente lucrativo", aseveró.

El círculo vicioso correntino

Existen dos leyes nacionales e incluso una ordenanza municipal, cuyo objetivo es combatir la trata de personas, sin embargo, en la ciudad y en la provincia, son sistemáticamente ignoradas.

La ley 26364, sancionada en 2008 condena la explotación sexual y la trata de personas. En 2012 se aprobó la ley 26842, que la modifica condenando la figura del proxeneta, es decir de la persona que promociona y facilita los servicios sexuales de un tercero. En la ciudad de Corrientes, una ordenanza prohíbe las casas donde se facilite la prostitución.

"Sin embargo, cualquiera puede decir donde están los lugares donde se prostituyen personas, y sin embargo, no hay fuerza pública que se ocupe del tema", explicó.

"No hay voluntad política y judicial de investigar, detener y juzgar estos casos. En Corrientes no hay cifras oficiales de gente rescatada, sencillamente porque no hay ningún caso denunciado ante un juzgado federal que esté siendo investigado", agregó.

"Los casos en Corrientes deberían ser investigados tanto por la Gendarmería, como por la Policía Federal, e incluso por la Policía Provincial, que desde 2009 tiene una División Trata de Personas, que hasta la fecha no remitió ni un solo caso a alguno de los dos fiscales federales que hay en la provincia. Nadie investiga estos casos ni trabaja en la prevención de los mismos", afirmó.

"Si al gobierno correntino le preocupara este tema, tendría a la policía trabajando en coordinación con el Juzgado Federal, como lo hace con respecto a la droga y el narcotráfico. Pero la realidad es que la prevención y persecución del delito de trata no les importa", dijo con resignación.

Los chicos que se pierden

En Corrientes se pierde, según cifras policiales, aproximadamente un chico por día. En 2012 la cifra fue de 305, aunque según la Red, fueron 370, esos son 5 más que los días del año.

"De esos chicos perdidos, la Policía dice que 65 no han vuelto a sus hogares. Nosotros sabemos que los niños de los que no se sabe su paradero son 175", cuenta González.

"A estos chicos nadie los busca. Los que vuelven a su casa, lo hacen por decisión propia, porque la familia los encuentra o porque alguna ONG como la nuestra los encuentra, los rescata o los convence de volver a su hogar. Ni uno solo es encontrado por la policía, porque no hay ningún Juzgado en Corrientes que de la orden de buscarlos", explica.

"La sociedad ya ha naturalizado que los chicos en Corrientes se pierden y a nadie le importa. El estado debería implementar políticas públicas para que no haya hogares expulsivos, sino que contengan a los chicos".

"No todos los chicos perdidos son víctimas de trata, pero son menores vulnerables que se ven expulsados de su hogar a los peligros de la calle, que son muchos, entre ellos, la posibilidad de caer en manos de alguien que los explote laboral o sexualmente", agrega.

La tierra de los tratantes

"Todo esto hace que nuestra provincia sea un terreno perfecto para que proliferen los tratantes. La falta de ocupación en este tema solo puede ser por dos motivos: o por desinterés de parte de toda la estructura del estado (gobierno, fuerzas policiales, justicia) o por connivencia con el delito", reflexionó Hermindo.

"Hay una mezcla de corrupción de parte de los funcionarios gubernamentales, policiales y judiciales, que da impunidad a los delincuentes, en una obvia connivencia para que esto siga pasando. Este combo de circunstancias hace que Corrientes sea una tierra fértil para que prolifere el delito de la trata de personas", agregó.

La realidad de la Provincia de Corrientes con respecto a la desaparición y trata de personas, según la cruda y dura realidad que pintan desde una de las ONG que trabaja a pulmón, sin recibir ningún subsidio oficial, para buscar, encontrar y asistir a las víctimas de trata y chicos perdidos, es desesperante.

En Corrientes, la desaparición de niños y mujeres, no le importa a nadie de las estructuras oficiales. Los que aparecen, es porque sus familiares los buscan con desesperación, asistidos por gente voluntaria, como aquellos de la Red Infancia Robada.


Jueves, 3 de octubre de 2013