Legisladores aseguraron esta tarde que son insuficientes las medidas tomadas hasta ahora, tras la detención de altos jefes de la Policía provincial supuestamente vinculados con una red de narcotráfico. "Está claro que hay una continuidad en los cambios que se han hecho. Son cambios coyunturales. Sin hacer valoración personal sobre nadie, tiene que ver con la continuidad de una política y ese es el eje que hay que discutir", aseveró a la prensa Liliana Montero, del Frente Cívico y Social (FCyS).

"Está claro que hay una continuidad en los cambios que se han hecho. Son cambios coyunturales"
Liliana Monterio, legisladora del FCyS
En el mismo sentido, ante los cambios en la conducción del Ministerio de Seguridad y de la jefatura de la Policía, la legisladora manifestó: "si ante tamaña crisis optamos por la continuidad, la situación es para preocuparse y mirarla con atención".

Montero subrayó que, con las renuncias de los exministros de Seguridad, Alejo Paredes, y del exJefe de Policía, Ramón Frías, que fueron reemplazados hoy por Alejandra Monteoliva y por César Almada, respectivamente, De la Sota sólo intenta "generar un golpe de efecto, pero nadie es ingenuo".

"Ella (en alusión a Monteoliva) es alguien que venía trabajando en el ministerio bajo las órdenes de Alejo Paredes y fue puesta por él. Trabaja en el Observatorio del Delito, división respecto de la cual tenemos pedidos de informes para saber qué se hace y no hemos tenido respuesta", se quejó Montero.



Por su parte, el jefe de la bancada legislativa de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Yuni, expresó que es necesaria "una discusión sobre la Ley de Seguridad de la Provincia, garantizar una estructura legal y ágil, y transparentar la situación de la Policía, de cara a la sociedad".

"No se debe discutir sólo un artículo de la Ley de Seguridad, sino la norma en su totalidad", dijo Yuni, tras lo cual añadió: "el problema de la seguridad no pasa por la selección del director general de Narcóticos. La inseguridad es estructural y necesitamos debatir esto en su conjunto".

De igual forma, la legisladora del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, recalcó que "toda la cúpula es responsable".

"El gobierno ya no sabe qué hacer" dijo, tras lo cual agregó: "esta Policía sigue siendo hija de la D2 (en alusión al Departamento de Investigaciones) y sigue siendo la vinculación con la dictadura militar. Nunca hubo depuración".

Finalmente, Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) expresó que "el problema de la Policía, es quizás, en parte, por culpa de la política" y acotó que "poner ahí a una persona sola (en alusión a Monteoliva), en el medio de una estructura policial, no va a dar resultado".

Desde el 11 de septiembre quedaron en calidad de detenidos los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba sobre quienes la Justicia Federal había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el negocio del tráfico de drogas.

Los detenidos son el exjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.

Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los involucrados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció hace dos semanas por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `el francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y que motivó al fiscal Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.

Viarnes, en calidad de "arrepentido", dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.

Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otro de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia, un hecho que para el fiscal de esa ciudad, Emilio Drazile, se trató de un suicidio.




Lunes, 16 de septiembre de 2013