Las transnacionales son dueñas de casi 1.000.000 de hectáreas productivas, el 13,7% del total de la ruralidad correntina. En los Esteros del Iberá, entre el 30% y 80% de los recursos naturales es propiedad de estadounidenses, franceses e italianos. El artículo 61 de la constitución correntina se adelantó algunos años a la ley nacional 26.737.

Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández presentó ayer el primer informe sobre las tierras productivas de la Argentinaque en manos de capitales foráneos, físicos o jurídicos. El relevamiento muestra que Corrientes es la segunda provincia del país con menor soberanía sobre un importante porcentaje de su superficie.


Pegado a Misiones, que ocupa el primer lugar con el 13,9%, Corrientes en el segundo distrito que mayor cantidad de tierras rurales y recursos naturales entregó a los capitales extranjeros.


De las 7,2 millones de hectáreas de hectáreas productivas que tiene Corrientes, casi 1 millón de ellas están en manos de las transnacionales que manejan el 13,7% de toda esa superficie.


Esta provincia solo está 0,2% abajo del denigrante primer puesto. Pero estar en segundo lugar no es un aliciente ni ayuda a digerir la pérdida de soberanía política, económica y social sobre tanta extensión de tierras productivas, masas de agua, fauna, flora y otros tantos recursos naturales estratégicos sobre los que deberían decidir todos los correntinos.


En la reserva natural de los Esteros del Iberá está la mayor concentración hectáreas entregadas. En los departamentos de Ituzaingó, San Miguel, Mercedes, Santa Rosa y Concepción del 30% y 80% de las tierras está en manos de capitales foráneos.


En el sur y noroeste de la Provincia;en los departamentos de Berón de Astrada, Goya, Esquina y San Roque; hay zonas en las que del 15% al 30% de lashectáreas productivas está extranjerizada.


La mayor cantidad de estas fueron entregadas, principalmente,personas físicas, jurídicas y sociedades anónimas de origen estadounidense, italianos y franceses.


Según la ley nacional Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales -que ayer motivó el informe de la Presidenta- en Corrientes solo se le podrá vender a los capitales transnacionales el 1,3% de la superficie productiva restante.


Luego ya no podrá extranjerizarse más hectáreas porque no se podrá superar el límite del 15% que -por suerte- fija la ley nacional 2.6737 aprobada por el Congreso en diciembre de 2011, reglamentada y puesta en vigencia por Cristina Fernández en febrero de 2012.


Antes que esta norma nacional, en la reforma de 2007 un reducido grupo de convencionales instalaron en la sociedad la necesidad de condicionar, limitar y hasta prohibir la venta de tierras y humedales correntinos a capitales extranjeros.


Luego dieron la batalla política en la legislatura, lograron convencer a otros constituyentes y así consiguieron los votos -ajustados pero suficientes- para conquistar el Capítulo XI y el Artículo 61 de la Constitución provincial que evitó se siga entregando recursos estratégicos a ciudadanos,capitales yasociaciones foráneos.


Si esos convencionales no hubiesen ganaron aquella batalla social y política, entre los años 2007 y 2012 los correntinos habríamos perdido la soberanía sobre más del 30% de nuestra superficie a manos de supuestos proyectos desarrollistasque los iban a ejecutar capitales extranjeros,diseñados y exigidos por el Banco Mundiala cambio de asistencia financiera.


Pretendían implantar más bosques de pino y eucalipto para luego instalar pasteras sobre el Río Paraná; querían entregar decenas de miles de hectáreas para aumentar más el monocultivo de arroz; esas tierrasen las que hoy se produce horticultura y se hace ganadería de subsistencia, hace tiempo hubieran sido vendidaspara instalar allí las millones de cabezas de ganados industriales que son corridas de otras provincias por los pool internacionales que plantar oro transgénico verde y amarillo: soja, maíz y trigo.


El Artículo 61 de la Constitución de Corrientes se adelantó algunos años a la ley nacional 26.737.

“Corresponde al Gobierno de la Provincia mantener la integridad del territorio provincial.El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios.Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo precedente, con excepciónde los extranjeros que acrediten residencia legal conforme laley”, dice la cláusula impuesta en la reforma de 2007.



Miércoles, 24 de julio de 2013