La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra Raúl Gastón Fontana, ex jefe de Operaciones de Frontera de la Prefectura Naval Argentina en Corrientes, por su participación en una organización criminal dedicada al ingreso de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná.

La decisión se dio tras el rechazo del recurso presentado por la defensa, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Fontana había sido condenado en abril de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que también dispuso su inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por ocho años, el doble del tiempo de la condena, junto con las accesorias legales y el pago de costas.

La causa se originó a partir de una presentación realizada por la Sección Investigaciones Antidrogas Ituzaingó de la Gendarmería Nacional, que el 2 de septiembre de 2020 alertó sobre maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes en Paraje Yahapé, una localidad correntina cercana al río Paraná.

La Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa, ordenando que Raúl Gastón Fontana cumpla cuatro años de prisión por su implicación en una red delictiva

Las tareas de investigación, que incluyeron intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado Federal de Corrientes, permitieron reconstruir una estructura delictiva en la que Fontana tenía un rol clave.

La organización operaba mediante el cruce de embarcaciones con marihuana desde Paraguay, que luego eran acopiadas y entregadas a compradores argentinos.

Uno de los elementos centrales de la acusación fue la intervención de Aníbal Vicente Torres, un lugareño con conocimiento de la zona ribereña. De acuerdo con los registros incorporados en el expediente, Torres se encargaba de ingresar la droga por vía fluvial y, tras concretar la entrega a compradores locales, informaba a Fontana, quien luego montaba procedimientos de incautación simulados para dar apariencia de legalidad a las maniobras.

Durante la investigación se documentaron al menos tres operativos vinculados a la red:

A comienzos de enero de 2021, la Prefectura incautó 72,620 kilogramos de cannabis sativa y detuvo a un individuo, además de secuestrar un vehículo Chevrolet Zafira.

El 19 de enero de 2021, en otro operativo, se secuestraron 2.067 kilogramos de marihuana, una camioneta Ford F-100 y un automóvil Chevrolet Vectra, con la detención de tres personas.

El 10 de mayo de 2021, el Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Chaco incautó una embarcación con 91,665 kilogramos de marihuana. Tras ese operativo, los propietarios de la lancha se comunicaron con Fontana para exigir explicaciones. El ex funcionario les indicó que la embarcación sería reemplazada en el Depósito Judicial de Prefectura por una de similares características y que la original sería devuelta tras ser pintada, según consta en las actuaciones.

En abril de 2023, el tribunal oral integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Moreira condenó a Fontana como autor de los delitos de confabulación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En línea con lo solicitado por la fiscalía y la defensa, el tribunal resolvió además absolver a Torres, quien había sido coaccionado, y ordenó la extracción de testimonios para investigar posibles presiones ejercidas por Fontana y otros involucrados.

La sentencia fue confirmada en mayo de 2024 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Alejandro Slokar, y la disidencia de Gustavo Hornos, quien opinó que correspondía la absolución por considerar que hubo una valoración arbitraria de las pruebas.

La mayoría de la sala sostuvo que “la contundencia de la prueba existente, en la forma en que fue razonada y esgrimida por el sentenciante, reúne los requisitos de certeza plena que una decisión de esta clase requiere”, según consta en el fallo.

Por su parte, el juez Hornos argumentó que “los sentenciantes realizaron una arbitraria, parcializada y contradictoria ponderación” del material probatorio, y señaló una “errónea aplicación de la normativa aplicable”.

Durante la etapa previa a la investigación, la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic había elogiado públicamente a Fontana durante una visita oficial a Itá Ibaté, donde el prefecto estaba a cargo de las operaciones.

“Estamos recorriendo la zona y ahora nos interesa particularmente esta unidad de Prefectura porque hizo un procedimiento muy exitoso en la costa del río”, había afirmado entonces, en relación a un operativo que resultó estar vinculado a la estructura ilícita.

Con información de Infobae

Viernes, 28 de marzo de 2025