La Corriente Justicia Tarifaria considera que el organismo realiza "cobros ilegales debido a la falta de razonamientos técnicos". Llevarán una demanda colectiva a los tribunales en los próximos días, mientras siguen sumando reclamos.

Miles de usuarios correntinos de 41 localidades se unieron a una demanda judicial contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). Consideran que los elevados montos percibidos en las facturaciones correspondientes al último bimestre son "ilegales". Por ello buscarán que la Justicia haga lugar a un amparo que les devuelva parte del dinero.

El abogado y referente de la Corriente Justicia Tarifaria, Juan Manuel Cubilla, precisó, en una entrevista con diario época, que más de 3.800 usuarios titulares sumaron la documentación suficiente para conseguir un amparo judicial. Además existen 1.000 personas que no cuentan con la titularidad del servicio, pero pagan las facturaciones.

Según Cubilla, la movida tomó un rápido impulso debido al "enojo" de los clientes de la DPEC. En consecuencia, se presentaron decenas de voluntarios para convocar a los interesados y reunir los requisitos entre vecinos de los diferentes municipios. "Se firma un poder por el cual otorgan a la representación ante la Justicia. A ello se anexa la fotocopia de su DNI y las boletas", explicó.

El letrado consideró que la tarifa con la que se determina el costo del servicio tiene distintas irregularidades. "No está pensado como un servicio público, sino que se basa en una decisión política arbitraria con un simple fin recaudatorio", sostuvo. A la vez que calificó a los precios como "criminales" y "confiscatorios": "Un jubilado que recibe una jubilación mínima de $300.000 está pagando $150.000".

Por otro lado, señaló que la convocatoria a audiencias públicas se llevan a cabo en distritos que no representan ni un 10% del total de usuarios. "La idea del proceso es que la mayor cantidad de gente tenga acceso a la información del cuadro tarifario. El año pasado se hizo en Alvear", destacó.

Por último, afirmó que las quejas de los usuarios se centran en la falta de claridad sobre cada concepto de las facturaciones. "Hay una falta de transparencia y de equidad", agregó.

Los impulsores de la medida todavía no definieron a qué Juzgado entregarán la demanda. Al respecto aseguraron que elegirán uno con suficiente conocimiento en materia de defensa a los derechos al consumidor.


Veredictos
"Los cobros carecen de legalidad porque no están fundamentados con cuestiones técnicas. Si la Justicia nos da la razón, la DPEC deberá devolverle el dinero a los usuarios, esto se puede hacer devolviendo un proporcional en las facturas subsiguientes", explicó Cubilla.

Otro cambio trascendente es que la empresa del Estado se verá obligada a retrotraer el precio de la energía a valores de 2023. "Es un objetivo ambicioso, pero viable", remarcó.


La recolección de documentos concluirá esta semana, pero tienen previsto solicitarle al juez la incorporación de más usuarios a la causa. Incluso aquellos que no son titulares del servicio, pero lo abonan. "Debemos analizar cómo acreditarlos y sumarlos como prueba", acotó.

En caso de que la demanda no resulte favorable, no existe costo alguno para los usuarios que acompañaron el reclamo. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claro que en los juicios por derechos de los consumidores los usuarios nunca deben pagar costas ni gastos (principio de gratuidad)", recalcaron desde las redes sociales de la Corriente Justicia Tarifaria.

Para conocer más detalles sobre el reclamo, se puede visitar las cuentas de Facebook e Instagram "@lacorrientejusticiatarifaria" y "Juan Manuel Cubilla Podestá".

Desde el movimiento vecinal alertan que el grueso del aumento todavía no golpeó a los usuarios pues se prevé que impacte en el mes de marzo de 2025, cuando los altos consumos de enero por la ola de calor con sensaciones térmicas de 45ºC reinantes se facturen con las tarifas dispuestas por la Provincia.

Miércoles, 5 de febrero de 2025