Vence el plazo para mejorar la oferta que realizó Arc Energy para quedarse con Impsa.

El Gobierno avanza un paso para para concretar la primera privatización de la gestión de Javier Milei. Este lunes vence el plazo que dio el Ejecutivo para presentar mejores condiciones de oferta sobre las acciones de la empresa metalúrgica Impsa.
Los plazos originales para la privatización de la empresa indicaban que este lunes es la fecha en la que el Gobierno definirá si adjudicaba o rechazaba la oferta que presentó la empresa norteamericana Arc Energy.
Los representantes de Arc Energy realizaron una oferta de US$27 millones para quedarse con el 84,9% de las acciones de Impsa que todavía están en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza.
El viernes 6 de diciembre, el Ejecutivo le solicitó a la firma estadounidense un tiempo de mejoramiento de condiciones de oferta, que es considerado clave para cerrar la operación. Ese tiempo vence este lunes a las 16.
La comisión evaluadora tomará protagonismo a partir del martes, una vez que expire el plazo establecido para este lunes por la tarde.
“Creemos que todo debería darse en las condiciones planteadas para que a fin de la semana que viene o principios de la otra el Gobierno pueda tomar la decisión y, en caso de resultar positiva, poder lograr la adjudicación de la compañía”, señalaron desde la empresa norteamericana.
Entre las diferentes condiciones que debería mejorar la firma están la reestructuración de la deuda, la actualización de los montos de los contratos de Impsa con distintas sociedades del Estado y la resolución de importaciones temporales que generaron compromisos impositivos que siguen pendientes de pago.
Vale realizar una pequeña revisión histórica para entender cómo llegó Impsa a esta situación. La compañía supo ser una gran multinacional que participaba en obras de infraestructura vinculadas a la energía.
Sin embargo, la competencia con otras empresas de la región, que contaban con mejor financiamiento, como las brasileñas, entre otras cuestiones, la desgastó y comenzó a aislarla de los grandes negocios. En 2014 entró en cesación de pagos. Cuatro años más tarde, la familia Pescarmona cedió el control de la firma a otros accionistas.
En 2020 sus autoridades le pidieron ayuda a la gestión de Alberto Fernández para sostener a la firma que acumulaba un pasivo millonario en dólares y no podía hacer frente al salario de sus trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno nacional adquirió el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza, el 21,2%. El resto permaneció en manos privadas.
Impsa está a punto de volver a cambiar de dueños con un perfil inimaginado hace pocos años. De los negocios a Venezuela podría cambiar a las exportaciones hacia Estados Unidos, cuyo próximo presidente, Donald Trump, impondrá fuertes protecciones en su país contra los productos chinos.

Lunes, 16 de diciembre de 2024