El Consejo Federal de Educación estableció que los profesorados deberán atravesar un proceso de evaluación y acreditación cada 6 años. El objetivo es que para 2030 todas las instituciones hayan pasado por este ciclo.

Los gremios docentes rechazan la medida.
El Gobierno nacional y las provincias acordaron la creación de un sistema de evaluación de los institutos de formación docente. Lo hicieron por medio de la resolución N° 483/24, emitida hace unos días por el Consejo Federal de Educación (CFE), el organismo que nuclea a los ministros de educación de todo el país. La medida llega dos meses después de que el CFE aprobara una reforma de los lineamientos curriculares de los profesorados, que empezará a aplicarse en 2025.

Luego de discutirlo en las últimas cinco asambleas, el CFE aprobó por unanimidad el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). La iniciativa apunta a evaluar y acreditar los 1342 institutos estatales y privados que dictan estas carreras en todo el país. Los gremios docentes nacionales ya expresaron su rechazo a la medida.

El objetivo es “asegurar y mejorar los criterios y parámetros de calidad para las instituciones formativas”, señaló la Secretaría de Educación en un comunicado. La cuestión de la evaluación, que se viene debatiendo desde hace años, fue impulsada ahora por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), a cargo de Martín Müller, exministro de Educación de Entre Ríos. El financiamiento del nuevo sistema federal de evaluación estará a cargo del INFoD.



La resolución establece que todos los institutos de formación docente deberán pasar por un proceso de acreditación cada 6 años y que para el año 2030 todas las instituciones deberán haber atravesado al menos un ciclo de evaluación.

Ese ciclo involucrará dos instancias: una autoevaluación institucional y una evaluación externa a cargo de una Unidad Federal de Evaluación, integrada por tres “pares evaluadores” de otras provincias que se hayan inscripto previamente en un registro federal aprobado por el INFoD. Pueden postularse a ese registro docentes con más de 10 años de experiencia en formación o con al menos 5 años en gestión en los institutos.

A partir del informe que elaboren las unidades federales, el INFoD definirá la acreditación “total” (por 6 años) o “parcial” (por 3 años) de cada instituto. Transcurrido ese plazo, la institución deberá volver a iniciar el ciclo de autoevaluación y evaluación externa. Las provincias tendrán diez días para impugnar la decisión del INFoD. Además, las unidades harán recomendaciones que los institutos deberán considerar en sus “proyectos de mejora institucional”.

Una vez que todos los profesorados hayan pasado por este proceso, la acreditación (o no) repercutirá en la validez nacional de los títulos que otorga cada institución. La idea también es que el mecanismo sirva para orientar a las provincias en la definición de qué carreras son necesarias en cada localidad.

El proceso de evaluación de los institutos abarcará dimensiones como el diseño y desarrollo curricular, la gestión, la formación de los formadores, las trayectorias estudiantiles, las condiciones materiales y el equipamiento, entre otros aspectos. La resolución no prevé una evaluación de los aprendizajes o las capacidades de los estudiantes, como lo hizo el operativo Enseñar de 2017.

Viernes, 22 de noviembre de 2024