Las jurisdicciones subnacionales podrían registrar una pérdida cercana a $5,5 billones el próximo año, según informes en una comisión conjunta.

Se alerta sobre una nueva reducción de la obra pública y de las transferencias automáticas.

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE LAS COMISIONES DE ECONOMÍA Y DE ANÁLISIS.
En una reunión informativa conjunta de las comisiones de Economía y la de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados de la Nación expusieron representantes de consultoras y organizaciones que analizaron los números del proyecto de Presupuesto 2025. Durante el encuentro hubo varias advertencias sobre la continuidad del ajuste a las Provincias para el año entrante.

La primera en hablar en este bloque de exposición fue la directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Alejandra Scarano, quien evaluó que el proyecto que envió el Ejecutivo Nacional tiene como diagnóstico que "los problemas derivan del déficit fiscal". Alerta que la regla fiscal que establece la iniciativa que impulsa Javier Milei, reproduce la Ley de Déficit Cero que el gobierno de Fernando De la Rúa remitió en 2001. Dicha cláusula tiene un fallo de la Justicia que considera inconstitucional según el fallo Tobar, un empleado que había denunciado por el recorte de sus ingresos.


La economista indicó que la propuesta menciona que recortará el gasto discrecional si no se tiene una buena recaudación, es decir, si los ingresos son menores, pero no se define sobre qué gasto se pasará el bisturí o la motosierra. Lo cual se entiende como "una delegación de facultades encubierta", indica. Recordó que esta regla fiscal, de aprobarse, no solo regirá para el periodo entrante, sino que se fijará de manera permanente a través de su incorporación en la Ley de Administración Financiera.

La expositora consideró "optimistas" los pronósticos" previsto en el proyecto. Por ejemplo, el crecimiento del 5% del PBI para 2025 cuando este año se contempla caerá la economía un 3%. A su vez, preocupa la suspensión de la garantía del 6% del PBI para educación, lo cual ajusta al sector nuevamente.

Con respecto al déficit primario, en 2023 fue de 2,7%; para este año se prevé sea de 1,5%, mientras que para el año entrante, se reducirá a 1,3% del PBI.

La iniciativa avizora "una baja sostenida de la inflación", según indicó la analista. Si bien el gobierno nacional prevé cerrar el año con una inflación de 104%, desde CEPA consideran que la suba será de 122%. Esto implica una posición "optimista" según detalló, respecto de lo que se espera sea el Índice de Precios al Consumidor ya que en el Presupuesto se marca un 18,3% para 2025. Mientras que el FMI contempla un cierre del 45%, números en coincidencia con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina sobre la base de información de las consultoras.

La directora de CEPA también manifestó su preocupación sobre el crecimiento económico.


Este crecimiento, según alerta, se sostendría sobre el consumo, que puede ser público y privado, y la balanza comercial. Sin embargo, se prevé una baja de ambos consumos para 2025. Pero hay precaución sobre la recaudación a que Ganancias registrará un crecimiento de 9%. Esto debido a que los trabajadores volverán a pagarlas. Mientras que en Bienes Personales, caerá un 40% el año próximo por su eliminación.

Este año tendrá un buen resultado por el blanqueo y se espera una caída para el año que viene. "Los contribuyentes con mayor capacidad pagarán menos tributos, y las personas con menor capacidad pagarán más", expresó Scarano.

Por otra parte, se indica que habrá un aumento de la presión tributaria de 22,9% para 2025, un porcentaje menor en relación con los 22,5% de 2024. En el caso de Argentina, se ubica por debajo de la presión tributaria de los países integrantes de la OCDE, la cual ronda un 34%.

En paralelo, el proyecto contempla un ajuste de 18 puntos en el Ministerio de Salud, como así, bajas en Educación. El ajuste en servicios económicos será del 40% en 2025. Esto, principalmente, según detalló la expositora, se debe a la reducción de subsidios a la energía y el transporte, dos aspectos que golpea a las Provincias y con efectos en los bolsillos de los ciudadanos.


"Las transferencias a las Provincias se recortarían 60.000 millones de dólares", indicó Scarano, aunque aclaró que éstas podrían aumentar en relación con 2024 aunque no queda en claro dónde se realizarán los recortes discrecionales. En tanto, "con los recursos coparticipables que crecen por debajo" de la inflación, se preconfigura que "el ajuste será importante".

Además, se advierte que "la obra pública estará en niveles similares a 2024", lo cual, en "términos nominales" prácticamente implica que no hubo inversiones en ese sentido. A lo que se suma un recorte del 25% los fondos para subsidios si se tiene en cuenta la inflación, es decir, en términos reales, lo cual se traslada en el aumento de tarifas y de combustibles.

Dependencia de las transferencias

"Más de la mitad de las provincias argentinas tienen una fuerte dependencia de recursos automáticos nacionales", indicó Alejandro Pergoraro, director de la consultora Politikon Chaco. Indicó que hay 15 provincias cuyos ingresos por transferencias nacionales representan más del 50% de sus ingresos totales. "Tenemos picos como en Santiago del Estero donde llegan al 80% y un piso como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde no llega al 10%", expresó. Esto habla de "la importancia de los recursos nacionales en las finanzas provinciales".

Desde la consultora se informó que de enero a octubre hubo una caída cercana al 12% de los ingresos totales por transferencias automáticas a las jurisdicciones subnacionales. Solo en lo que respecta a los recursos de coparticipación, la baja fue del 11% en términos reales.

Una excepcionalidad se observó en mayo cuando hubo un crecimiento del 25% de las transferencias automáticas, las cuales se explican en el impacto del crecimiento de Ganancias por los cierres de periodo. Mientras que en septiembre, la reducción fue menor debido a un crecimiento en Bienes Personales por el blanqueo. Sin embargo, en el resto de los meses, "la caída fue sostenida", según detalló el especialista.


De acuerdo con la información proporcionada por la consultora, a octubre de este año, las pérdidas de las provincias respecto a la caída de las transferencias automáticas rondan los $5,4 billones. En tanto, entre enero y octubre de 2024, las jurisdicciones subnacionales registraron una caída del 77% de las transferencias discrecionales.

"Si analizamos las cuentas provinciales, tuvieron un ajuste muy fuerte", indicó Pergoraro. Estas se debieron no sólo a la caída de los ingresos por coparticipación y recaudación propia ante la recesión y posterior caída de la recaudación, pero también, por el ajuste a los envíos discrecionales.

En el primer semestre, 18 distritos registraron una caída del 23% en términos reales, según se informó en el plenario conjunto. Un pico se observó en Formosa, donde el ajuste del gasto público rondó el 43%, y una menor caída en CABA, con un ajuste cercano al 10%.


Si se tiene en cuenta que la recaudación nacional cayó un 7% en el acumulado anual y las transferencias automáticas totales, cerca del 12%. Con la quita del Impuesto PAIS, se espera una mayor participación de las provincias en la distribución para 2025, cercana al 49%, en relación con el 45% de este año.

Sin embargo, una advertencia es que "no habrá una recuperación" de los envíos automáticos para el año entrante. Para 2025 se calcula que la pérdida de las jurisdicciones subnacionales alcanzaría los $5,5 billones. Esta sería superior si se contempla la inflación contemplada por el FMI.

"El año que viene la política de recortes de financiamiento a las provincias continuará, sumado a que las proyecciones de recursos automáticos están atadas a la evolución de la recaudación", indicó Pergoraro. De allí que consideró que "no se recuperará lo perdido este año" en 2025.

Sin embargo, el especialista aclaró que "si bien fue un año complicado para las cajas provinciales", estas lograron mantener equilibrio fiscal a pesar de que hubo una fuerte contracción de los ingresos.

Visión integral

Por su parte, el responsable del área Económica de Fundar, Guido Zack, explicó que la regla fiscal que se contempla en el proyecto de Presupuesto es que "no tiene en cuenta la integralidad del gasto fiscal y tributario".

"El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad", expresó el especialista, quien consideró que se debe "ampliar la base tributaria". Para Zack "hay margen para simplificar el sistema tributario sin una nueva ley de coparticipación" pero sí se "necesita coordinación", lo que redundaría "en un sistema más eficiente, simple y progresivo".

Reproducción de la pobreza intergeneracional
Uno de los expositores fue Agustín Salvia, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, quien consideró "clave" la creación de mayor empleo "no solo con equilibrio fiscal, sino también con inclusión social". En esa línea, resumió que para salir de la situación actual "en términos de clave de un proyecto estratégico de crecimiento, desarrollo y de inclusión social, va a implicar no crear burbujas de consumo ficticias y superficiales. Sí, crear inversión y trabajo, al mismo tiempo que se invierte en capital humano". A su vez, indicó que la inversión debe ser fuerte en salud, educación y seguridad alimentario, entre otros aspectos. Indicó la necesidad de cortar "la reproducción de la pobreza intergeneracional".

Giro de 180°
Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma remarcaron: "Este Presupuesto necesita un cambio de 180 grados para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados". Rivolta puntualizó que "en este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla".

La AGN presenta su plan de trabajo

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, expuso el Programa de Acción Anual ante la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Explicó que el objetivo consiste en "hacer converger la capacidad de producción que tiene la AGN sin afectar su calidad ni el profesionalismo con el que se hacen técnicamente los informes".

"Incorporamos temas que son de debate del parlamento, la sociedad y los medios, como por ejemplo el equipamiento y la compra en Defensa y Seguridad, la política alimentaria del ministerio de Capital Humano -teniendo en cuenta los índices de pobreza e indigencia que se acaban de publicar-, la gestión de las reservas de oro del Banco Central y la gestión de CAMMESA y la cuestión energética", explicó.

Sobre la auditoría a las universidades, dijo que se trata de "una discusión donde hay una confusión de conceptos", ya que "no hay ninguna duda que es la AGN quien realiza el control externo de las universidades".

Jueves, 7 de noviembre de 2024