La medida de ajuste busca reducir el gasto público invocando la emergencia económica.

A través de una resolución del nuevo Ministerio de Economía y Coordinación, se ha dispuesto la liquidación progresiva de estos programas, que hasta ahora financiaban proyectos de infraestructura vinculados con la salud, la educación y el desarrollo comunitario. Esta decisión se enmarca en un plan de ajuste que busca mejorar la eficiencia y reducir el gasto del Estado en medio de la severa crisis que atraviesa el país.

Programas e impacto
Entre los programas que serán eliminados se encuentran el "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil", que proporcionaba asistencia financiera para la construcción de espacios dedicados al cuidado y desarrollo integral de niños en condiciones de vulnerabilidad, y el "Programa de Infraestructura Sanitaria", destinado a fortalecer los centros de salud a lo largo del país. Asimismo, el "Programa de Infraestructura del Transporte, Movilidad y Accesibilidad", que buscaba mejorar la conectividad y seguridad en las áreas urbanas, también será discontinuado.

Además, se ven afectados el "Programa de Infraestructura del Cuidado", enfocado en la red de atención para infancias, personas mayores y géneros vulnerables; el "Programa de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal", que promovía la creación de empleo y el desarrollo regional; y el "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria", que apoyaba a barrios populares con proyectos de infraestructura social y sanitaria.

Las razones
El decreto gubernamental argumenta que la decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos públicos en un contexto de emergencia declarado el pasado diciembre de 2023. Según el decreto 70, que estableció la emergencia económica, financiera y social hasta diciembre de 2025, la situación del país requiere ajustes drásticos para garantizar la estabilidad fiscal y evitar la generación de mayores desequilibrios.

El gobierno justifica la eliminación de estos programas alegando que no responden a los criterios de eficiencia en el sector público necesarios en este contexto. También resalta que la crisis económica heredada obliga a tomar medidas severas para evitar un colapso de la organización social y política.

Consecuencias y desafíos
La eliminación de estos programas afectará la continuidad de numerosas obras ya en ejecución en distintas provincias, que se financiaban a través de los convenios suscritos entre el Estado y los municipios o provincias. En algunos casos, como en el de los Centros de Desarrollo Infantil y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, la medida podría tener un impacto directo sobre los sectores más vulnerables de la población, que dependían de estos espacios para acceder a servicios básicos de salud y educación.

A nivel provincial y municipal, las autoridades locales podrían verse obligadas a devolver los fondos que habían recibido para obras que ahora no podrán completarse. Según la resolución, las provincias y municipios tendrán que devolver los montos actualizados conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina en caso de rescisión de contratos.

El ajuste también implica un desafío político para el gobierno, ya que la cancelación de programas clave en áreas sensibles podría generar tensiones con los gobiernos provinciales, sobre todo en aquellos distritos más afectados por la crisis.

Con la eliminación de estos seis programas, el gobierno busca redirigir los fondos hacia áreas que considera más prioritarias. Sin embargo, queda por ver cómo se gestionarán las necesidades de infraestructura en el país y cómo afectará esta medida a las provincias y comunidades más vulnerables.

Viernes, 27 de septiembre de 2024