El principal argumento para el veto fue que el proyecto sancionado iba contra la principal directriz del Gobierno libertario de sostener el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei firmó finalmente esta viernes por la noche el veto total a la reforma jubilatoria sancionada la semana pasada por el Congreso. Fue tras reunirse en Casa Rosada con diputados de La Libertad Avanza y del PRO y asegurarse el apoyo legislativo a la medida.

El principal argumento para el veto es que el proyecto sancionado va contra la principal directriz del Gobierno libertario de sostener el equilibrio fiscal ya que implicaría al Estado un gasto adicional de $6 billones para el año 2024 y $15 billones para el año 2025, lo que equivaldría al 1,02% del PBI para el año en curso y al 1,64% del PBI para el próximo.

"El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", indica el texto al que accedió Ámbito en exclusiva.

En este sentido, se establece que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional indican que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento” con el objetivo de "limitar la discrecionalidad" del Poder Legislativo que "debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas".

Además, se indica que "la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración" con el objetivo de alcanzar el bien común y que es el Presupuesto General de la Administración Nacional "la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental".

El texto del Ejecutivo también sostiene que las partidas necesarias para poder cumplir con la ley sancionada por el Congreso "tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes".

Asimismo, se asegura que "dificultaría gravemente" la sostenibilidad de las finanzas públicas "ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".

Entre los argumentos del veto también se asegura que "el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación".

Si bien el veto, con sus fundamentos, se firmó esta noche, fuentes del Gobierno aseguraron a este medio que recién será publicado en el Boletín Oficial tras el fin de semana.

La promesa del Pacto de Mayo
Los fundamentos del veto total a la reforma jubilatoria también sostienen que el Pacto de Mayo firmado entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores, el pasado 9 de julio, establecía entre sus principios el “equilibrio fiscal innegociable”.

En este sentido, aseguran que "sancionar un proyecto de ley como el presente implica hacer caso omiso de lo pactado" y que si esto no fuera contrarrestado por una decisión del Ejecutivo "tendría como consecuencia directa el retorno a una senda que ya ha sido probada inconducente".

Además, se agrega que el Pacto de Mayo también planteó la "necesidad de implementar una reforma" del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que tenga por objetivo brindarle "sustentabilidad al sistema" y que en la actualidad para que eso suceda "es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida en el Decreto N° 274/24, toda vez que el mismo garantiza -por primera vez en décadas- que los jubilados nunca más perderán contra la inflación".

Por último, se insiste en que la movilidad implementada durante el Gobierno de Milei fue "determinada responsablemente atendiendo a las necesidades de los beneficiarios y a las posibilidades fiscales" y que constituye "un puente hacia la revisión completa del régimen previsional argentino conforme se ha señalado en el Pacto de Mayo".



















Sábado, 31 de agosto de 2024