Con respaldo de Río Negro, Neuquén le reclamó a Nación que le ceda el control de los complejos en la provincia. La Casa Rosada se alista para prorrogar concesiones. Santa Cruz, afectada por parálisis de obras.

A la tensión reinante entre el Gobierno nacional y las provincias por la quita de fondos se suma un nuevo frente: el futuro de las represas hidroeléctricas. Por estos días, los distritos volvieron a la carga para que la Casa Rosada les ceda el mando de los complejos. Nación, por el contrario, se prepara para prorrogar por un año las concesiones de cuatro de ellas, que vencerán el próximo 11 de agosto.

Si bien la disputa está abierta desde los albores de la administración de Javier Milei, lo cierto es que, con el paso del tiempo y los plazos acotándose, la puja recobró volumen y se metió en el temario central de algunos gobernadores. En las últimas horas hubo novedades al respecto.

Neuquén presiona al Gobierno por las hidroeléctricas
Esta semana, Neuquén alzó la voz y exigió a la gestión libertaria que ceda el comando de las centrales hidroeléctricas emplazadas en la provincia. A la par reiteró el pedido para conformar una mesa de diálogo en pos de ese objetivo. En el reclamo, el gobierno de Rolando Figueroa habló de "empresas que administran los aprovechamientos hidroeléctricos y presas", argumentó que "el reclamo legítimo se funda en la propiedad de los recursos hídricos" y criticó la "indiferencia" del Poder Ejecutivo nacional.

Específicamente, la administración neuquina centra sus exigencias en los "aprovechamientos hidroeléctricos existentes en los ríos Neuquén y Limay".

También sobre las concesiones hidroeléctricas El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Arroyito, "cuyos respectivos contratos de concesión han expirado y sus períodos de transición han sido reiteradamente prorrogados a la fecha por la Secretaría de Energía de la Nación (SEN); como así también a las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y Planicie Banderita".

Desde Neuquén solicitaron que la Secretaría de Energía de la Nación -a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo- "se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión y/o medida en relación con los aprovechamientos y presas, sin antes dar participación en los procesos de toma de decisiones a la provincia y obtener la previa aprobación y/o acuerdo expreso (y, en lo que corresponda al río Limay, de la Provincia de Río Negro)".

"La indiferencia por parte del Ejecutivo nacional genera una gran preocupación restando escasos 10 días de la última posibilidad de prórroga en algunos de los mencionados emprendimientos", dispararon. Y explicaron que la situación afecta la continuidad de los múltiples puestos de trabajo del personal de las actuales concesionarias abocado a la operación y mantenimiento de los aprovechamientos y presas, como así también a las coberturas de los seguros que las concesionarias están obligadas a contratar y mantener vigentes.

Por último, la provincia patagónica advierte que se reserva el derecho a iniciar las acciones correspondientes en defensa de sus intereses y recursos naturales.

Paralelamente, la Legislatura neuquina avanza para aprobar una declaración solicitando al Congreso el tratamiento de los proyectos referidos al traspaso de las represas a la provincia. El texto, presentado inicialmente por Darío Martínez y retocado por Darío "Pampa" Peralta con sugerencias de otros diputados, ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Hidrocarburos provincial y será tratado en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura.

Una vez sancionada, la comunicación será enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con copia a los presidentes de cada bloque y a la Comisión de Energía.

Respaldo de Río Negro
La disputa por el futuro de las represas hidroeléctricas también compete a Río Negro, que en los últimos meses se movió en espejo a la vecina Neuquén. Si bien al calor de la pulseada con la Provincia de Buenos Aires por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) -que finalmente se hará en Punta Colorada- el gobernador Alberto Weretilneck bajó el nivel de confrontación con la Casa Rosada, los reclamos persisten.

En marzo, Weretilneck logró que la Legislatura rionegrina aprobara por unanimidad un proyecto de ley para cobrarle un canon de hasta el 5% a Nación por la utilización del recuso hídrico (agua) en la generación de energía. Durante el debate, el legislador oficialista Facundo López había planteado que “si se paga el agua para tomar, si se paga el agua para regar, también hay que pagarla para generar energía eléctrica. Donde se genera el 25% de la energía que se va al AMBA y se paga más barata que en Río Negro. Por instrucción del gobernador, vamos a coparticipar lo recaudado, sin importar el color político”.

La ley que regula las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica establece que la provincia percibirá hasta un cinco por ciento de canon por ser la dueña del recurso. El 20% de esos ingresos será coparticipable para los municipios y comisiones de fomento, con la salvedad que no se podrá utilizar el dinero para solventar gastos corrientes como los salarios.

Casi dos meses después, en mayo, lo propio hizo la Legislatura neuquina, aunque con algunas salvedades. A diferencia de Río Negro, Neuquén empoderó al gobernador para que sea el quien determine el precio del metro cúbico que se turbine, como una forma de otorgarle herramientas para negociar con Nación.

La parálisis en las hidroeléctricas golpea a Santa Cruz
Dentro del escenario patagónico, Santa Cruz sufre actualmente la parálisis en la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Ambos proyectos, financiados con capitales chinos, están freezados desde la asunción de Javier Milei y se convirtieron en un verdadero problema para el gobernador Claudio Vidal, que aguarda la firma de la Adenda XII por parte del Estado para reiniciar las obras.

Como contó Ámbito semanas atrás, la situación genera una pérdida de u$s3,5 millones diarios para el país, que podría ser de u$s1.307 millones anuales si las obras no se activan en los próximos meses, de acuerdo a fuentes calificadas al tanto del proyecto. El cálculo oficial indica que por la necesidad de importar energía el país gasta 3.580.822 dólares por día extras. Pero el costo puede ser aún mayor.


Al momento de la parálisis de las obras, que comenzó en noviembre del 2023 y se confirmó en febrero del 2024, el nivel de avance de la represa Jorge Cepernic era del 45%, mientras que la Néstor Kirchner iba por el 26%. Pero por decisión del Gobierno nacional de Javier Milei el proyecto quedó en stand by y actualmente hay unos 2.900 trabajadores desplazados, que si las obras se reactivan a partir de septiembre podrían volver rápidamente a sus puestos.

El congelamiento de esas dos obras estratégicas sumadas a la voluntad del oficialismo de avanzar con la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) son motivo de fricciones entre el gobernador Claudio Vidal y la Casa Rosada, que mantienen un vínculo tirante. El mandatario ni siquiera viajó a Tucumán el 9 de Julio para suscribir el Pacto de Mayo. Justificó su ausencia en la dura crisis climática que azotó a la provincia.

Mendoza toma el control de Nihuil IV
Esta semana, en tanto, la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) asumió la operación y mantenimiento de Nihuil IV, que forma parte del Sistema Hidroeléctrico del Atuel. La concesión de la misma venció el 31 de julio. El objetivo, ahora, es iniciar un período ordenado de transición hasta relicitar la operación de todo el complejo Los Nihuiles, compuesto por Nihuil I, II, III y IV, como ordena la ley aprobada por la Legislatura en 2023.

La medida fue anunciada por la ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre. “El objetivo es poder licitar el complejo en forma conjunta para que un operador privado pueda participar luego de una licitación pública y transparente y tomar la operación y el mantenimiento del complejo generador de energía hidroeléctrica más importante de la provincia”, explicó la funcionaria.

El plazo del Contrato de Operación y Mantenimiento de Nihuil IV se extinguió el 31 de julio del 2024 y no integra la concesión otorgada por la Provincia de Mendoza a la empresa Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (Hinisa), por lo que estaba jurídicamente separada del resto del sistema.

Cabe recordar que, a fines de mayo de este año, el Gobierno de Mendoza puso en vigencia el período de transición de Los Nihuiles. La ministra Latorre hizo el anuncio luego de una ley aprobada por la Legislatura, que defiende la propiedad de las centrales por parte de la Provincia.


















Lunes, 5 de agosto de 2024