El plenario de Seguridad discutirá hoy los proyectos de modificación del régimen juvenil penal para que los jueces puedan imputar a partir de los 13 años. El correntino Aguirre presentó una propuesta similar.

DÍAS ATRÁS, UN PLENARIO ANALIZÓ TIPIFICACIÓN DE LA COMPRA DE NIÑOS.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados comenzará hoy el debate por la baja de la edad de imputabilidad, como así para la modificación de la ley contra la trata de personas tras el caso Loan. El correntino Manuel Aguirre presentó un proyecto para cambiar el régimen juvenil penal. Por su parte, el peronista Christian Zulli señaló que el oficialismo busca desviar la atención de la realidad económica.

Desde el mediodía, el plenario discutirá los proyectos de leyes que proponen una modificación del régimen juvenil penal que establece la baja de la edad de imputabilidad de delitos penales de 16 a 13 años. La Libertad Avanza impulsa esta norma como parte de su paquete de seguridad que también incluye la Ley Antimafias. Algunos sectores de la oposición señalan que dicha modificación colisionaría con la Convención Internacional de los Derechos del Niño al que adhirió Argentina y que tiene rango constitucional.

Desde el Gobierno, no obstante, señalan que no se admitirá “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua” para los menores de 18. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad, en tanto, será de 20 años.

Por su parte, el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, es autor de uno de los proyectos de modificación del Régimen Penal de Menores que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. Aunque aclara que no lo serán quienes “no reunieren las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones”.

“Al Gobierno le interesa meter muchos temas para tapar la realidad”, dijo el diputado nacional por Corrientes, Christian Zulli, en referencia a varios de los paquetes que presentó el oficialismo en la Cámara Baja nacional. Señaló que la intención de La Libertad Avanza y de los bloques dialoguistas es avanzar con el tratamiento de la baja de imputabilidad en una sesión especial del 7 de agosto.


Otro de los proyectos que se analizará en el plenario de hoy es la modificación del artículo 145 bis de la ley nacional de lucha contra la trata de personas. La norma establece que se penará con cuatro a ocho años de prisión a quienes ofrecieren, captaren, trasladaren, recibieren o acogieren personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En tanto, se impulsa la incorporación que se penará con prisión a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. El argumento de los cambios se debe al caso del niño Loan Peña.

Niños
“En Argentina, la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”, indica un documento de UNICEF que señala la poca efectividad de la baja de la imputabilidad en el combate contra el delito.

Menores en unas 170 causas
Según un informe de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de Corrientes, en 2023 se iniciaron 173 causas en las que hubo al menos un adolescente infractor de la ley penal. Los delitos más frecuentes están relacionados con el robo agravado y lesiones dolosas.

Del total, un 78.4% son adolescentes varones y un 21.6% son mujeres. A su vez, un 26.9% tienen 17 años o 18, mientras que un 17.5% son menores de 14 años, franja etaria a la cual apunta el análisis de la modificación del Régimen Juvenil Penal en el Congreso de la Nación.

El trabajo indica que en total son 176 los niños y adolescentes involucrados en un delito penal. En cuanto a las causas, 38 se iniciaron en Corrientes Capital. En tanto, en Ituzaingó se dieron curso a 29 causas, en Virasoro 18, en Paso de los Libres 20, en Mercedes 16, en Esquina 13, en Curuzú Cuatiá 12, en Monte Caseros 9, en Saladas 7, en Bella Vista 3, en Goya 2 y en Santo Tomé 6.

El 54,7% de los menores en conflicto con la ley penal tienen secundaria incompleta. El 31% solo completó la escuela primaria. El informe, a su vez, marca que del total de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, 16 padecen consumos problemáticos de sustancias psicoactivas; 16 reiteraron su conducta delictiva y 22 participaron con un adulto.

El reporte se realizó en el marco de la implementación de los Indicadores de la Justicia Penal Juvenil organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS).

Miércoles, 31 de julio de 2024