Desde el 13 de junio hay una provincia entera movilizada por Loan Peña. El caso sacó a la luz no solo una cadena de corrupción que enlaza al poder político, judicial y policial, sino también, la doble vara con la que se aplican las leyes en Corrientes. La psicóloga y activista social Fernanda Esmay asegura que en ese territorio donde nació y trabaja no existen derechos universales, sino privilegios de clase y ello los traduce en la criminalización de la pobreza y la desprotección de las niñeces que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Lxs niñxs que desaparecen casi siempre son pobres.

Estefanía Santoro
Por Estefanía Santoro

De la provincia de Corrientes, Goya es la segunda ciudad en cantidad de habitantes y extensión después de su capital, con una población de 88 mil habitantes de acuerdo al último censo. Loan despareció en 9 de julio, un pueblo ubicado a menos de 100 kilómetros de Goya y de acuerdo al distrito, la causa corresponde que se trate en el juzgado federal de dicha ciudad.

Fernanda Esmay es activista social y psicóloga, se formó en Rosario, donde además fue voluntaria en diversas organizaciones. En 2013 volvió a su Goya natal para ejercer su profesión con una extensa experiencia en trabajo socio comunitario que en Corrientes no existía. "Empecé a extrañar mucho el activismo social y mi hermano me dijo ‘por qué no armás una fundación para hacer todas las cosas que hacías allá’", recuerda. Un año después nació la Fundación Jóvenes, que ya cuenta con 10 años de trabajo territorial en el que identifican problemáticas sociales haciendo foco en niñeces, adolescencias y juventudes, cuyo principal objetivo es la promoción de sus derechos.

“Si te alejás del atractivo casco histórico, Goya es una ciudad con problemas estructurales como hacinamiento, déficit habitacional y falta de servicios públicos. No hay cloacas, alumbrado, energía eléctrica y gran parte de la población todavía no tiene agua potable en sus hogares. A esto se le suma la violencia familiar, de género y una grave problemática de abusos intrafamiliares que hacen estragos en la vida de las niñeces, sobre todo, en la adolescencia. También hay un elevado número de embarazo infantil y enfermedades de transmisión sexual”, explica Fernanda.

Trabajo territorial: esencial para proteger las niñeces
Frente a ese panorama entre 2014 y 2017 desde la fundación comenzaron a trabajar bajo la modalidad de diagnósticos socio comunitarios donde identificaron diferentes problemáticas y establecieron una derivación o contacto inmediato con el Estado municipal o funcionarios provinciales. “Por ejemplo, si necesitábamos una ambulancia para trasladar a una persona de un lugar a otro, nos comunicábamos con el director del hospital y nos daba una respuesta automática, cuando cambió el director no pudimos continuar ese trabajo esencial, territorial y preventivo”, asegura.

Ante la falta de posibilidad de articulación con el Estado, desde la fundación generaron dispositivos de asistencia para acompañar específicamente problemáticas de salud mental, muchas de ellas causadas por violencias y abusos. Esos dispositivos se sumaron al trabajo territorial que ya venían sosteniendo y en una tercera instancia incorporaron una escuela de artes y oficios donde ofrecen diversos talleres además de apoyo escolar y orientación vocacional. “Otra problemática que tenemos en Goya es la falta de trabajo, no tenemos industrias, ni fábricas, acá la gente vive de un emprendimiento o del trabajo en el Estado. Tanto el Estado municipal o provincial en su lógica clientelar y asistencialista genera mucha dependencia de la gente, por eso se perpetúan y perduran en el poder, no porque estén haciendo las cosas bien justamente. Ante esa falta de oferta laboral implementamos la escuela de oficios, dimos cursos de electricidad domiciliaria, de marketing digital para emprendedores, también damos talleres de ESI en escuelas y realizamos testeos rápidos de VIH.”

Como Fundación realizan un trabajo preventivo y de identificación de problemáticas teniendo como ejes la salud, la educación y el trabajo. La fundación integra además la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes (REDNAJ), nucleada en la Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales (RONAT).


La televisión está todo el tiempo generando contenido con el caso de Loan
Corrientes quiere justicia
Esta última semana en Corrientes creció el descontento social, la bronca y la indignación ante la falta de una investigación seria por la desaparición de Loan. Durante las movilizaciones televisadas por medios nacionales, muchxs vecinxs comenzaron a hablar de desapariciones de niñxs que ocurrieron años atrás. Carlitos González, Natalia Falcón y Miguel Bejarano son niñxs que desaparecieron entre 1993 y 1998, estos casos tienen en común a la pobreza, se trata de niñeces cuyas familias se encontraban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Qué información tenés sobre las desapariciones que ocurrieron en la década del 90?

--Conozco el caso de Carlitos en la intimidad porque su mamá Norma es vecina de mi mamá. Es parecido a lo que sucedió con Loan. El nene es de Santa Lucía, una ciudad a 30 km de Goya y tenía dos años cuando una tía lo invitó a un cumpleaños en Lavalle, una ciudad que está a 17 kilómetros más o menos entre Santa Lucía y Goya. Carlitos no se separaba de su mamá, no quería ir al cumpleaños y Norma no lo quería dejar ir. La tía insistió durante una semana y hasta le compró un regalo para que el nene lleve al cumpleaños después que Norma le comentó que no tenía plata para eso. El papá de Carlitos le dijo a su esposa: ‘dejalo ir para que se divierta un rato’. Finalmente Carlitos fue al cumpleaños y nunca más volvió. Esto da cuenta de la impunidad con la que suceden muchas cosas en nuestra provincia. En relación a Loan, las dos hipótesis que se manejan, tanto la del accidente como la del secuestro, dan cuenta de la impunidad. Si una persona cree que puede secuestrar a un niño y no tener ningún tipo de consecuencia o si cree que lo puede chocar y ocultar el cuerpo, estamos en la misma situación de desamparo, impunidad, corrupción y complicidad del poder político, judicial y de las fuerzas públicas que deberían de cuidarnos y protegernos.

¿El caso de Loan puso en evidencia ese entramado de complicidad?

--Acá hay dos líneas de pensamiento: o estas personas realmente son ineptas y no están capacitadas para ocupar el cargo público que están ocupando, como el gobernador que ya lleva siete años que deberían pedir perdón y dar un paso al costado, o son cómplices. Soy bastante crítica, en cómo se comunica, generalmente Missing Children y otros sitios dicen “desapareció”, en realidad, los pibes y los niños no desaparecen. Habría que empezar a decir que los secuestraron o los desaparecieron porque “desaparecer” es un acto independiente, arbitrario y sin responsabilidades de terceros. No estamos hablando de actos de magia, hay que ser más responsables en relación a cómo se utilizan las palabras. Carlitos no desapareció, lo desaparecieron, lo secuestraron, lo alejaron de su familia y después de 30 años su familia nunca dejó de buscarlo, quizá en su momento no se viralizó porque no existían las redes sociales, pero quienes vivimos en Goya sabemos que cada tanto sacan un comunicado, siguen difundiendo la foto e insistiendo en la búsqueda porque esa familia no descansa desde que él no está, de hecho es una familia fragmentada desde ese momento. Es alarmante y preocupante lo que se vive en la provincia porque es una situación de total desprotección y vulneración de derechos. Desde la Red venimos insistiendo en la legislación provincial de protección de derechos de la infancia, existe la ley nacional 26.061 que no tiene su contralor provincial. En Corrientes no existe el marco legal que genere los programas o los recursos necesarios para pensar en la implementación de protocolos.

¿Por ese motivo nunca se nombró en Corrientes la figura de defensorx de la niñez?

--Exacto, falta que la provincia adhiera a esta ley nacional y que genere los programas, protocolos y recursos necesarios y que, a su vez, designe un defensor o defensora. Hay un vacío legal y de políticas públicas. Si nosotras hoy vemos una situación de vulneración de derechos de la infancia, no sabemos a dónde ir, no hay esa representatividad institucional que una pueda vincular a ciertos derechos o protección.

A esa ausencia legal y de políticas públicas se suma que el único lugar donde se puede acudir es una comisaria que tiene representantes como el comisario Maciel, acusado de encubrimiento y que además tenía denuncias previas por abuso sexual y abuso de autoridad. La periodista Griselda Blanco lo denunció en 2022 y al año siguiente fue asesinada. ¿Por qué crees que ese caso tuvo poca relevancia mediática especialmente en los medios locales?

--Acá en Goya es muy común el cerco mediático y no es casualidad, todos los medios independientemente de su dueño, tienen convenios con el gobierno de turno. Blanco era una comunicadora muy comprometida con nuestras realidades y eso en Corrientes no es algo típico. Acá es raro encontrar algún comunicador o comunicadora que no sea oficialista. Ella fue una de las pocas que se animó a denunciar las tramas corruptas y de impunidad en nuestra provincia y su caso quedó como un crimen pasional, no se investigó más allá, ni siquiera se habló de violencia de género o femicidio.

En 2022 en el hogar de María de Nazareth de Virosaro falleció Claudio Flores, un adolescente de 14 años años que según la justicia se suicidó, sin embargo, el abogado querellante en la causa dijo que su muerte fue una consecuencia de los castigos que recibía. ¿Qué pasó con este caso?

--El caso sucedió en un hogar de menores que tenía denuncias previas por violencia y abusos pero nunca separaron a las personas de sus cargos, todas habían sido denunciadas. Claudio falleció en situaciones muy dudosas, lo catalogaron como suicidio, pero hubo un montón de irregularidades en los protocolos que se aplicaron, en los peritajes, en la autopsia, en el cuidado de la escena, en el proceso judicial. Lo mismo que sucede ahora con Loan, un día dicen una cosa y al otro día otra. De Claudio dijeron que se había ahorcado con un pañuelo en su habitación, desde el vamos eso es raro. El es una de las víctimas del sistema de protección, entre comillas, que debería proteger a las infancias y adolescencias que en ese momento estaba bajo la órbita del Ministerio Desarrollo Social de la provincia. Después de ese caso todo lo relacionado con minoridad pasó a la órbita del Ministerio de Justicia. Supuestamente se investigó, pero con todas estas irregularidades es imposible confiar, por eso necesitamos un defensor, alguien que pueda tomar estos casos y realmente investigar sin ser cómplices del poder de turno.

¿Parecería ser que durante mucho tiempo hubo un gran silencio social y a partir del caso de Loan hoy la ciudadanía se está animando a hablar?

--Creo que el silencio es multicausal. Por un lado hay complicidad, la gente que ostenta el poder se ocupa de que ciertas cosas se silencian, que no salgan en los medios ni aparezcan en redes sociales. Por otro lado, se perpetuó determinada manera de ser y de pensar en una provincia muy conservadora donde el manifestarse públicamente como está sucediendo ahora, muchas veces, ha sido estigmatizado. Si bien se hizo algo muy chiquitito cuando sucedió lo de Claudio, rápidamente se instauró en los medios de comunicación que fue un suicidio, entonces la gente no tuvo la posibilidad de acceder a otra información como sí pudimos quienes formamos parte de la Red y, por lo tanto tampoco, tuvo la posibilidad de poner en cuestión esa versión.

¿Y por qué ahora sí se manifiestan?

--La diferencia es que el caso Loan surge como un niño extraviado, trasciende por las redes sociales de la gente de 9 de Julio que pidió ayuda a localidades vecinas para que se sumen a la búsqueda voluntaria y se viralizó en redes sociales esto desde unirse solidariamente en la búsqueda de alguien que está extraviado. Pasan los días, el niño no aparece, comienzan a venir los medios nacionales y ya con esa presencia de medios nacionales, independientes al gobierno y al poder de turno es difícil instaurar una versión alternativa cómo pudieron hacerlo fácilmente con Claudio. Si no fuera por la presencia de medios nacionales probablemente el caso de Loan hubiera quedado silenciado, fueron los medios nacionales los que lo pusieron en la agenda y ahí los medios locales se sumaron a realizar la cobertura que ya estaba sucediendo porque no les quedaba otra.

¿Qué crees que pasó con Loan y por qué el gobernador después de tantos días se pronunció avalando la versión del accidente?

--No sé que es lo que pasó con Loan y ojalá pudiera saberlo. Sí te puedo decir que la investigación estuvo llena de irregularidades desde el primer momento. El protocolo de Alerta Sofía no se cumplió, los autos siguieron circulando y las fuerzas de seguridad no hicieron su trabajo. El país entero estaba hablando de una situación mientras el dueño de casa, el gobernador, no se pronunció al respecto, no se acercó a ver qué pasaba, ni apartó a su ministro de Seguridad, ni relevó a agentes de las fuerzas y cuando habló, lo hizo en defensa de los que están siendo investigados, eso es por lo menos raro. La tía dio su testimonio cuando la causa ya estaba en el fuero nacional y acá tenemos que preguntarnos cómo una persona que no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse desde 9 de Julio a Corrientes Capital, declaró frente a un fiscal que no atiende a nadie, que es conocido por ser inaccesible. El fiscal del fuero provincial la atendió un sábado, cuando la provincia ya se había declarado incompetente y luego le tomó declaración ¿Cómo fue hasta allá? ¿Quién la llevó? ¿Quién está pagando el hospedaje? Hay muchas preguntas sin responder y justo cuando viene la ministra Bullrich y declara secreto de sumario para silenciar el caso y apagar un poco el incendio, salió el gobernador a decir que había novedades. La verdad es que parece un mal chiste.

De manera muy distinta actuó la policía y la justicia cuando tuvo que buscar a la nieta de Jorge Goitía, el reconocido empresario de casinos.

--Si, en 2014 fue secuestrada la nieta de un empresario que tiene vínculos con el poder político y judicial. Fue tan rápido el operativo que inmediatamente después que él denunció el secuestro se paralizó la provincia, era como un estado de sitio. A esa niña la recuperaron y condenaron a los implicados del caso. Acá la doble vara es permanente, por eso decimos que aparezca un niño desaparecido es una decisión política y responde al poder económico que se encuentra concentrado en nuestra provincia. Acá si accedés a determinados vínculos políticos o tenés recursos económicos, gozás de un montón de privilegios, en cambio, si sos de una clase social baja, no tenés contactos políticos, ni recursos económicos te puede pasar cualquier cosa, desde no tener un turno en el sistema público de salud a no poder acceder a determinadas prestaciones sanitarias o a la educación. En Goya, por ejemplo, yo que soy psicóloga, sé muy bien que el acceso a la salud mental es un privilegio de clase. En el sistema de salud pública local no existe un servicio de salud mental, estamos hablando de la segunda ciudad de la provincia, imaginemos lo que pasa en el resto de las localidades más chicas y la situación de vulneración de derechos en la que se encuentran.

¿Qué pensás sobre el accionar de Patricia Bullrich?

--Creo que subestiman la dignidad y la inteligencia de los correntinos, todo lo que vino a hacer es una puesta en escena, vino a generar un circo, caminó por el campo, rodeada de personas de las fuerzas y se acercó a las cámaras para decir: “no hay novedad”. Es muy lamentable la escena que está montando. Creo que hay un afán de silenciar y apaciguar a la gente, pero la gente no es ingenua. El lunes marchamos en 36 localidades de la provincia, en Goya para lo que es esta ciudad con la poca adherencia que hay a la manifestación pública, era un montón de gente, de todos los sectores sociales, de diferentes ideologías políticas partidarias, gente independiente, niños, adultos, ancianos, realmente el reclamo es transversal. Hoy hay una unidad que lo que busca es justicia, la aparición con vida de Loan y que los culpables realmente se identifiquen y cumplan la condena que tienen que cumplir porque sabemos que hay una doble vara en la justicia. Acá hay gente que tiene denuncias por abuso, por cuestiones fiscales impositivas o lo que fuera, pero si tiene determinados contactos las causas quedan en la nada, pero un pibe de barrio por robar un celular va 15 años preso. Lo que están buscando con la baja de la edad de la imputabilidad es criminalizar a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes en contexto de pobreza, son discursos que el gobierno de turno acá apoya, fogonea e incentiva. Creo que es importante insistir en que es necesario un abordaje intersectorial de las problemáticas complejas, que tengo una articulación de recursos y de personas, en unidad reflexiva y colaborativa entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que venimos poniendo parches hace muchos años. Territorialmente Corrientes es una provincia limítrofe, si no existen mecanismos de protección y control, se favorece todo tipo de comercio ilegal. No sólo de trata de personas, también tenemos una problemática seria en relación al narcotrafico, por eso, nos llama la atención que demoraron la aplicación del protocolo de Alerta Sofia, no cerraron caminos, rutas, no pararpn autos en zonas fronterizas, algo que si se hizo rápidamente cuando ocurrió el secuestro de la nieta del reconocido empresario y que está bien, así tiene que ser pero para todos. Es más, el operativo en ese caso incluyó a otras provincias. Con Loan eso no pasó, estuvieron cuatro días rastrillando un campo.

Jueves, 11 de julio de 2024