El fiscal federal Guillermo Marijuan investiga a los empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en paralelo, son beneficiarios del programa más importante del ex-Ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen, como mínimo, 5000 incompatibilidades.

En las últimas horas el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, ordenada por Marijuan a principio de noviembre.

Solo 9 provincias cumplieron con la demanda judicial. Las otras 15 no lo hicieron: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A la nómina se debe sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las incompatibilidades

Hasta el día de hoy, y en base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), y que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) surgen que como mínimo existirían 4656 incompatibilidades y en condiciones de ser dados de bajo.

En la provincia de Buenos Aires, en la cual fue reelecto Axel Kicillof, se registran 809 empleados públicos que a su vez cobran el programa social. El dato es parcial porque apenas corresponde a la nómina del ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni.

En Buenos Aires optaron por que cada repartición envié la base de datos de sus empleados en vez concentrarla en una sola, con lo cual la investigación se hace mucho más lenta y tediosa.

En Córdoba se contabilizaron 194 beneficiarios del plan social, que además son empleados provinciales. En Corrientes fueron 518 las posibles incompatibilidades. Según la base de datos enviada por la provincia de Formosa, allí existirían 180 personas en condiciones de ser dadas de baja, un hecho que, según la normativa del Potenciar Trabajo, el hecho debería ser automático.

En La Rioja se registran 303 empleados que cobran el plan y 757 contratados, lo que da un total de 1060 de potenciales incompatibilidades.

En Río Negro el registro de posibles bajas es de 198 y en Salta, 434. En Santa Cruz las incompatibilidades fue de 128.

Hasta ahora la provincia de Tucumán es la que más empleados públicos registra cobrando el Potenciar Trabajo: son 1135 de acuerdo con el análisis realizado. El distrito, no obstante, podría ser ampliamente superado por la gobernación a cargo de Kicillof ya que en un solo ministerio se registraron 809 posibles irregularidades.

De seguir esta tendencia, el número de bajas que podría solicitar Marijuan al finalizar su investigación superaría las 20.000, según fuentes judiciales.

Miércoles, 13 de diciembre de 2023