Aunque Brasil cuente con una sociedad civil variada y densa, al mismo tiempo no está acostumbrado al reclamo directo y masivo en el espacio público. Una historia de pactos entre elites, que son las que realmente gobiernan.

Por José Natanson *
Las masivas movilizaciones registradas en los últimos días en diferentes ciudades brasileñas producen desconcierto y una inevitable perplejidad en el análisis, que debe evitar las conclusiones fáciles y los paralelismos apresurados para avanzar con cuidado.

Señalemos primero que Brasil es un país que cuenta con una sociedad civil variada y densa, que incluye desde expresiones territoriales potentes como el Movimiento sin Tierra hasta una vasta red de organizaciones de carácter religioso, sindical o étnico, muchas de ellas con una vitalidad cultural asombrosa, pero que al mismo tiempo no está acostumbrado al reclamo directo y masivo en el espacio público. La “política en las calles”, por usar la fórmula que el sociólogo Fernando Calderón acuñó para Bolivia, pero que se aplica perfectamente a países como Argentina o Venezuela, está ausente en Brasil (salvo, claro, en el carnaval, esa ceremonia de inversión de roles –el rico se disfraza de pobre, el pobre toma la ciudad que lo explota– en la que la catarsis del baile precede siempre una vuelta a la dura normalidad).

Los motivos de este rasgo idiosincrático brasileño habrá que buscarlos en una historia en la que el pueblo movilizado –o el pueblo a secas– ocupa un lugar relativamente secundario, y en la que las que los grandes cambios tendieron a procesarse a través de acuerdos cupulares graduales, relativamente pacíficos y casi siempre lentos. En contraste con las guerras sangrientas que marcaron la independencia de la América española, Brasil se separó de Portugal por una decisión política de Pedro I, el príncipe heredero, aceptada sin resistencia por su padre, y más tarde, en 1889, se convirtió en república mediante una disposición no menos administrativa (esto ha hecho que la historia brasileña sea una historia desprovista de héroes: no hay allí ni un Bolívar ni un San Martín a los que venerar). Del mismo modo, la versión brasileña del populismo, el varguismo, fue un movimiento popular, redistributivo e incluyente, pero donde el componente movilizatorio estaba notablemente atenuado (digamos: un peronismo sin 17 de octubre). Mucho más tarde, la ebullición de los 60 creó un movimiento guerrillero entusiasta pero disperso y sin fuerza, al menos en comparación con Argentina, Uruguay o Chile, y luego la dictadura, aunque desde luego torturó y mató, no creó un sistema de campos de concentración al estilo argentino ni desplegó, por ejemplo, un plan sistemático de robo de niños. La recuperación de la democracia se realizó también de manera serena y pacífica, “segura”, según la famosa definición de Geisel, el general que la inició, a punto tal que, pese a los reclamos de la población, el primer presidente democrático no fue elegido por voto directo sino mediante el viejo sistema de colegio electoral creado por los militares.

Lo que quiero decir con esto es que la historia brasileña es en esencia una historia de pactos entre elites, que son las que realmente gobiernan Brasil, como no sucede en ningún otro país de la región salvo los de Centroamérica. Y esto se explica básicamente por las características de una estructura social en la que la distancia entre las clases es oceánica: Brasil fue, de hecho, el último país latinoamericano en abolir la esclavitud (fue en 1888 y, una vez más, mediante una decisión pactada, que evitó por ejemplo los 360 mil muertos de la guerra civil que quince años antes acabó con el flagelo en Estados Unidos).

Los efectos de esta tradición de cambios graduales son paradójicos: si por un lado le ha permitido a Brasil evitar “pisos de sufrimiento” como los registrados en Argentina (las luchas entre unitarios y federales, la dictadura, Malvinas, el 2001), por otro lado limitó severamente la incidencia de la población en las decisiones nacionales. La significativa ausencia en Brasil de una Plaza de Mayo, ese centro simbólico de la política argentina al que la gente marcha cada tantos años para festejar o voltear gobiernos, no responde tanto una cuestión urbanística como de historia política. Y también, claro, a la decisión de Kubitschek de trasladar la capital al medio de la selva, explicable por la estrategia desarrollista de llevar la civilización al desierto pero también por la intención de alejar el centro de las decisiones políticas de las masas que habitan los grandes conglomerados urbanos (en este sentido es interesante pensar qué hubiera pasado en la Argentina, por ejemplo en diciembre del 2001, si se hubiera concretado el proyecto alfonsinista de capitalizar Viedma).

Pero no nos desviemos. Mi argumento es que estos rasgos típicamente brasileños explican la sorpresa que generan las movilizaciones tanto como la reacción de la clase política, incluyendo a la derecha. En efecto, alcanza con revisar la prensa de estos últimos días para comprobar que los sectores más conservadores no saben bien qué hacer. Sucede que el reclamo, aunque está básicamente dirigido al gobierno nacional, los involucra, en la medida en que también apunta a gobiernos estaduales y municipales bajo control de los partidos opositores, y además incluye una impugnación general contra la clase política al estilo del “qué se vayan todos” argentino. La comparación, sin embargo, apenas funciona. En contraste con lo que sucede en Argentina, donde desde 17 de octubre hasta ahora los dirigentes políticos están acostumbrados a valerse de la gente en las calles para empujar sus objetivos, en Brasil la movilización social es un recurso que se utiliza con mucho más cuidado, como si ante momentos de crisis las elites prefirieran cerrarse sobre sí mismas (tal vez el único ejemplo moderno sea el impeachment a Collor, pero las marchas lideradas por el PT sucedían cuando el establishment ya le había soltado la mano). En este sentido, comparar las movilizaciones brasileñas con los cacerolazos opositores argentinos, como intentaron aquí algunos analistas un poco apurados, sería un error: no hay allí, por decirlo de algún modo, una Patricia Bullrich dispuesta a instrumentar la protesta a su favor.

La complejidad también deriva del hecho de que, a diferencia de lo que sucede en países con movimientos de “indignados” como España, en Brasil no gobierna la derecha sino una presidenta de izquierda, continuidad de un ciclo que combinó tasas muy moderadas de crecimiento (en los últimos diez años Brasil creció en promedio la mitad que Argentina) con una serie de avances sociales impresionantes. El ciclo del PT permitió que 35 millones de personas salieran de la pobreza, redujo la desigualdad a su nivel más bajo desde los 60 y expandió una nueva clase media baja que hoy conforman nada menos que 105 millones de brasileños y que ha generado un desembarco plebeyo muy visible en espacios antes reservados a los blancos, como universidades, restaurantes y aeropuertos. La presidenta, igual que Lula, conserva una imagen pública excelente, incluso en los sectores medios urbanos.

El análisis debe entonces esquivar los caminos directos (no se trata, al menos hasta ahora, de simples protestas de la clase media ni de una rebelión de los pobres contra el gobierno) para recorrer trayectos más sinuosos, señalando por ejemplo la conversión del PT de un partido de oposición en un partido de gestión. Hasta la llegada de Lula al poder, en el 2003, el PT y las organizaciones que controla, en particular la CUT, podían canalizar políticamente el malestar social: había una opción de izquierda a la cual apoyar y que generaba expectativa en millones de personas. Desde hace ya diez años que esa opción no existe, y no porque el PT haya defraudado esas esperanzas sino porque, como consecuencia de sus propios éxitos, no ha habido lugar para la emergencia de una oposición sólida por izquierda.

Al mismo tiempo, el PT produjo una renovación –siempre siguiendo la pauta gradual y pacífica– de las elites gobernantes, que creó nuevas zonas de confort para dirigentes que hoy viven un poco amodorrados en el calor burocrático de un Estado que siempre ha sido muy generoso con quienes lo integran, en el gobierno pero también en las empresas estatales, los directorios de las compañías privadas, los bancos, los organismos descentralizados, los fondos de pensión controlados por los sindicatos... Los históricos núcleos de resistencia anticonservadores –el movimiento campesino, el sindicalismo combativo, las iglesias progresistas– hoy forman parte del núcleo de poder o son sus aliados. Y en ese sentido, un comentario adicional: la idea de Lula como un obrero que llegó al poder es una construcción política sólo a medias verdadera. Lula, por supuesto, nació en una familia pobrísima y trabajó como tornero mecánico tras emigrar a San Pablo, como se cuenta con ternura en El hijo de Brasil, pero fue la mayor parte de su vida un sindicalista, con todo lo que implica en términos de estilo de vida, educación política y roce internacional. A juzgar por su gestión, no olvidó sus orígenes ni sus valores, pero esto no convierte a su gobierno en un gobierno de pobres y obreros. El suyo fue, y el de Dilma lo es todavía más, un gobierno de sindicalistas y burócratas.

En el medio, además, ocurrió algo notable. El PT, históricamente apoyado por los trabajadores de las industrias modernas del sudeste y los sectores medios progresistas, cambió su composición social hacia los sectores más pobres del nordeste beneficiados por las políticas sociales como el Bolsa Familia. Este cambio, catalizado por las denuncias de corrupción contra Lula del 2005, se vio claramente en los comicios del año siguiente, donde el oficialismo perdió en San Pablo y ganó en Bahía. En su notable libro Los sentidos del lulismo, André Singer define este tránsito como el paso del petismo al lulismo, que es el encuentro, a mitad de mandato, entre el líder y una fracción de clase, el subproletariado, que rompe con el tradicional caudillismo popularconservador para situarse bajo su órbita. Se trata, sin embargo, de un lazo frágil, reflejo de una inclusión que se da esencialmente vía consumo y que no ha sido acompañada por un esfuerzo militante equivalente de construcción comunitaria y territorial (como sí hizo, con todos sus problemas, el chavismo).

Rebobinemos entonces para concluir. Las crónicas desde Brasil cuentan que el movimiento de protesta comenzó alrededor de un tema puntual y en apariencia menor, un pequeño aumento del precio del transporte, y se fue ramificando en una serie de reclamos muy diversos, que van desde la salud y la educación hasta la corrupción y el despilfarro de recursos en la infraestructura del Mundial y la olimpíadas. Se respira, dicen, un clima de rechazo general a los políticos (militantes del PT y la CUT que querían sumarse a las protestas fueron agredidos), con un fuerte protagonismo juvenil construido horizontalmente a través de las redes sociales. Se trataría entonces de la versión brasileña de la tendencia a la repolitización de las juventudes observada en los últimos años en países tan distintos como Turquía y España, Chile y Túnez, Portugal y Estados Unidos.

Por si hiciera falta, un elemento más para sumar a un análisis que debe avanzar un poco a tientas ante la fluidez de una situación inédita y sobre la cual es imposible extraer conclusiones limpias.

Domingo, 23 de junio de 2013