Las personas imputadas habrían explotado a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad, una de ellas menor de edad, en tres prostíbulos de la ciudad fronteriza.

El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer y las auxiliares fiscales Tamara Pourcel y Victoria Sassola -quien presta asistencia desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- solicitaron la condena a penas de hasta 12 años de prisión para 12 personas acusadas de integrar una organización que explotó sexualmente a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

El juicio comenzó el 10 de mayo pasado con 16 personas imputadas, pero una de ellas falleció y otra -que estaba acusada como partícipe primario de trata de personas agravada y autor de amenazas- admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, cuyo acuerdo la fiscalía pidió que se homologue. El MPF pidió ayer la absolución de otras dos personas.

Pedidos de penas

Ante los jueces del TOF de Corrientes Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra, el Ministerio Público Fiscal pidió que se condenara a la pena de 12 años de prisión a Rosana Estela Rodríguez y Ricardo Aguirre (p), como coautores como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; acogimiento y explotación de otras 9 mujeres, todos ellos agravados por haber sido cometidos mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y por la consumación de la explotación sexual, reiterada en 11 oportunidades; y asociación ilícita. Por los mismos delitos, pero en calidad de partícipe necesario y miembro de la organización se requirió idéntica pena para el excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero, cuñado del exfiscal Pont.

El fiscal general y las auxiliares fiscales requirieron además condenas de 8 años de prisión para Juan Ramón Carpe, Silvio Antoni Dos Santos, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre (h), a quienes acusaron por los mismos hechos y calificaciones, pero en grado de partícipes necesarios. La misma pena y por los mismos hechos, calificación y tipo de intervención se pidió para Dionisio Velasco, quien además fue acusado por amenazas.

Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

En su alegato que comenzó el

nEl fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer y las auxiliares fiscales Tamara Pourcel y Victoria Sassola -quien presta asistencia desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- solicitaron la condena a penas de hasta 12 años de prisión para 12 personas acusadas de integrar una organización que explotó sexualmente a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

El juicio comenzó el 10 de mayo pasado con 16 personas imputadas, pero una de ellas falleció y otra -que estaba acusada como partícipe primario de trata de personas agravada y autor de amenazas- admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, cuyo acuerdo la fiscalía pidió que se homologue. El MPF pidió ayer la absolución de otras dos personas.

Pedidos de penas

Ante los jueces del TOF de Corrientes Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra, el Ministerio Público Fiscal pidió que se condenara a la pena de 12 años de prisión a Rosana Estela Rodríguez y Ricardo Aguirre (p), como coautores como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; acogimiento y explotación de otras 9 mujeres, todos ellos agravados por haber sido cometidos mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y por la consumación de la explotación sexual, reiterada en 11 oportunidades; y asociación ilícita. Por los mismos delitos, pero en calidad de partícipe necesario y miembro de la organización se requirió idéntica pena para el excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero, cuñado del exfiscal Pont.

El fiscal general y las auxiliares fiscales requirieron además condenas de 8 años de prisión para Juan Ramón Carpe, Silvio Antoni Dos Santos, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre (h), a quienes acusaron por los mismos hechos y calificaciones, pero en grado de partícipes necesarios. La misma pena y por los mismos hechos, calificación y tipo de intervención se pidió para Dionisio Velasco, quien además fue acusado por amenazas.

Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

En su alegato que comenzó ayer culminó hoy, la fiscalía además requirió una condena de 8 años de prisión para Juan Manuel Schell como coautor de trata de personas mediante el acogimiento y explotación sexual de 19 mujeres, agravado por haber sido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la cantidad de víctimas superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 18 oportunidades, y por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad en uno de los casos. Asimismo, solicitó 8 años de prisión para María Gloria Ponce y Rafael González, a quienes acusó como coautores de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante acogimiento y explotación sexual en perjuicio de siete víctimas, agravado por haber sido cometido mediante un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por consumación de la explotación, reiterado en siete oportunidades.

Finalmente, el y las representantes del MPF pidieron la imposición de 5 años y 4 meses de prisión para Claudia María Dos Santos, como partícipe secundaria de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; y acogimiento y explotación sexual de las restantes nueve víctimas, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 11 oportunidades; y como miembro de una asociación ilícita.

Por otra parte, solicitaron la absolución de Norma Rosalía Lanatta -en los términos del artículo 5° de la Ley N°26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece la no punibilidad por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata- y de Jorge Antonio Lisasoain, por falta de pruebas.

Se prevé que, tras las conclusión de los alegatos de las defensa, el tribunal de a conocer su veredicto el próximo 12 de septiembre. .(NG).

y culminó ayer, la fiscalía además requirió una condena de 8 años de prisión para Juan Manuel Schell como coautor de trata de personas mediante el acogimiento y explotación sexual de 19 mujeres, agravado por haber sido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la cantidad de víctimas superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 18 oportunidades, y por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad en uno de los casos. Asimismo, solicitó 8 años de prisión para María Gloria Ponce y Rafael González, a quienes acusó como coautores de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante acogimiento y explotación sexual en perjuicio de siete víctimas, agravado por haber sido cometido mediante un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por consumación de la explotación, reiterado en siete oportunidades.

Finalmente, el y las representantes del MPF pidieron la imposición de 5 años y 4 meses de prisión para Claudia María Dos Santos, como partícipe secundaria de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; y acogimiento y explotación sexual de las restantes nueve víctimas, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 11 oportunidades; y como miembro de una asociación ilícita.

Por otra parte, solicitaron la absolución de Norma Rosalía Lanatta -en los términos del artículo 5° de la Ley N°26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece la no punibilidad por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata- y de Jorge Antonio Lisasoain, por falta de pruebas.

Se prevé que, tras las conclusión de los alegatos de las defensa, el tribunal de a conocer su veredicto el próximo 12 de septiembre. .(NG).

Viernes, 1 de septiembre de 2023