El Poder Judicial de Corrientes informó ayer que mediante una medida cautelar ordenó a tres personas a que se abstengan de maltratar verbal y físicamente a un joven de 14 años que asiste al mismo curso en un colegio de la localidad de Paso de la Patria. Intervino la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), que determinó atención psicológica para los involucrados y pidieron especial atención de los tutores.

Se trata de la medida impuesta por el juez de Paz de Paso de la Patria, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien ordenó a tres adolescentes, dos varones y una mujer, a que se abstengan de realizar agresiones físicas, verbales y dejen de intimidar, excluir y marginar a un compañero. También se dispuso tratamiento psicológico tanto para los denunciados como para la víctima, mediante Disepa.

Según la información oficial, como parte de las medidas se dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes, y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno.

“La denuncia la realizó la madre del chico que lo vio alterado y angustiado, con ataques de ansiedad por el constante acoso que sufre hace años por parte de estos tres alumnos”, destacó la institución.

Por su parte, en los primeros informes psicológicos la víctima de bullying dijo: “Estoy cansado de que me agredan de manera gratuita, yo no les hago nada. Siempre les digo que me dejen de molestar, pero no entienden. Yo me contengo, le di aviso a la preceptora y a una docente que intervinieron, pero aun así me siguen molestando”.

Al respecto, el juez de la causa explicó la situación a medios de comunicación. “Dictamos una medida de protección para el adolescente que sufría bullying. Es lo que él manifestó, así que atendimos a su madre con el problema. Lo citamos a que él se exprese, se lo escuchó y lo que se determinó fue una pericia psicológica. Con eso estuvimos acreditados para la medida cautelar. El joven se encontraba siendo víctima de hostigamientos constantes y sistemáticos”, sostuvo a LT7 el juez Sánchez Martínez. “Había que poner un corte a la situación porque muchas veces el cúmulo de tareas educativas no hacen que puedan ser tratadas adecuadamente”, agregó.

“La medida se toma en general. Lo primero que hicimos fue dar la intervención al Disepa. Luego notificamos a todos los padres de los menores y también al colegio, para que dé algún taller sobre estos problemas que están sucediendo”, agregó el profesional. “La medida ordena muchas cuestiones que tienen que ver con cualquier situación que atente contra los derechos humanos. Hay una extensión para que los jóvenes y las familias controlen que no se atenten contra los derechos en cualquier ámbito”, mencionó y aclaró que se suma al uso de redes sociales.

Los jóvenes, por orden de Sánchez Martínez, accederán a terapias psicológicas. “La orden es amplia. Los padres tienen que ser garantes en el tema porque es una situación compleja y no es la primera vez que nos pasa. Se debe dar un tratamiento serio al tema”, indicó.

“Lo que hicimos fue escuchar al chico y preguntar también qué buscaba al respecto. Nos interesa saber qué tipo de cosas buscan los menores frente a un tema tan serio”, mencionó sobre el diálogo constante con el menor agredido. “Los jueces de Paz tenemos que ser veedores de este tipo de cosas. La ley nos pide medidas urgentes y somos los responsables de justiciar este tipo de problemas”, cerró.

Martes, 25 de abril de 2023