La fiscalía pidió además que el exjefe de Operaciones de Frontera de la delegación local de esa fuerza sea inhabilitado para ejercer cargos públicos. De acuerdo con la acusación, la droga ingresaba desde Paraguay por el río Paraná y el entonces prefecto liberaba la zona para que pudieran operar las embarcaciones involucradas en el tráfico y coordinaba la comercialización con un cómplice civil, respecto de quien se pidió la absolución.

l fiscal general Carlos Schaefer solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que condene al exjefe de Operaciones de Frontera de la delegación local de la Prefectura Naval, Raúl Gastón Fontana, a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial de diez años prevista en el artículo 20 bis del Código Penal, como autor del delito de organizador en el transporte de estupefacientes, agravado por la condición de funcionario público (previsto y reprimido en los artículos 7 y 11, inciso d, de la Ley 23.737).

Por otro lado, el fiscal solicitó la absolución del civil Aníbal Vicente Torres y la extracción de testimonios para que se investigue si el exoficial y otras personas coaccionaron.

En su alegato, Schaeffer señaló que Fontana era “quien controlaba la puerta de ingreso [de marihuana] al país a través de los ríos. Y se valió de ello para traficar droga por medio de Torres, y así defraudar a toda la sociedad en su conjunto”. También destacó que el imputado actuó “lamentablemente dilapidando recursos públicos al usar su cargo de jefe para cometer delitos”.

El debate, que comenzó el 7 de marzo pasado, está a cargo de los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Moreira. Las audiencias se reanudarán mañana con el alegato de la defensa de Fontana, tras lo cual el tribunal dará a conocer el veredicto.

Fontana está detenido con prisión preventiva desde el 30 de septiembre de 2021 en la provincia de Santiago del Estero y llegó a juicio acusado como autor del delito de organización de contrabando y tráfico de estupefacientes, agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad federal. Por su parte, a Torres -quien ya recuperó la libertad tras el pedido de su defensa y la fiscalía- se le imputaba haber actuado como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes.

La investigación que llegó a debate -en la que intervino la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini- comenzó el 2 de septiembre de 2020, a raíz de una presentación efectuada por la Sección Investigaciones Antidrogas Ituzaingó de la Gendarmería Nacional, que dio cuenta de actividades relacionadas al narcotráfico en la localidad correntina de Paraje Yahapé.

El Juzgado Federal de Corrientes dispuso una serie de medidas de investigación e intervenciones de comunicaciones telefónicas que permitieron establecer la relación entre los imputados y “la coordinación para la entrega de estupefacientes a los terceros para que luego personal de Prefectura Naval Argentina realice la incautación de la droga y la detención del comprador”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Torres -como conocedor de la zona- se ocupaba de la logística para ingresar la droga desde la República del Paraguay a través del Río Paraná y “obtenía información sobre los futuros cruce de embarcaciones; haciendo la puesta de la mercadería en suelo argentino, entregando la misma a los compradores, para luego entrar en función Fontana realizando los procedimientos”.

Además del transporte de la droga, Torres también se ocupaba de acopiarla y entregarla a potenciales compradores argentinos, e informaba a Fontana sobre los movimientos para que la Prefectura efectuara procedimientos, detuviera a los implicados e incautara los cargamentos.

Asimismo, Fontana “planificaba, coordinaba y ejecutaba las acciones para el ingreso del estupefaciente, brindando como parte de la logística los medios para efectivizar el traslado de la droga”. Según la pieza acusatoria, en su calidad de funcionario público se valió de “los medios para liberar la zona por donde Torres se movería con las embarcaciones e incluso, coordinaba con Torres - en los casos que sobraba parte del cargamento- para que se comercialice posteriormente”.



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En tal sentido, se constató la participación de los implicados en procedimientos efectuados por la Prefectura Naval. En el primero de ellos, desarrollado a principios de enero de 2021, se incautaron 72,620 kilogramos de cannabis sativa y un vehículo Chevrolet Zafira, y se detuvo a un hombre. Asimismo, el 19 de enero de ese año, en el marco de otro procedimiento, personal de la Delegación Ita Ibaté de la Prefectura apresó a tres personas y secuestró 2.067 kilogramos de marihuana, una camioneta Ford F-100 y un automóvil Chevrolet Vectra.

Finalmente, el 10 de mayo de 2021 personal del Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Chaco incautó una embarcación con 91,665 kilogramos de marihuana. Los dueños de la lancha se comunicaron con Fontana y le cuestionaron lo ocurrido, ante lo cual el imputado les aseguró que la embarcación sería reemplazada en el Depósito Judicial de Prefectura por otra similar y la lancha secuestrada les sería pintada y devuelta.

Martes, 28 de marzo de 2023