En los últimos años, especialmente a partir de la aparición de internet y de las redes sociales, todos hemos asistido a los fenómenos de los escraches o de las movilizaciones en reclamo de justicia, que no es otra cosa que la búsqueda de una sentencia a favor de lo que se reclama.

La vieja administración de justicia, tal como lo manda la Constitución Nacional y como lo replican las constituciones provinciales, comienza a hacer crisis y va surgiendo una nueva forma de "reparación social" frente a un conflicto que ha roto el orden y la paz social.

El fenómeno social de los piquetes (reclamos con cortes de calles) dejó de ser la herramienta de lucha de trabajadores desocupados, para pasar a ser de propiedad colectiva, en el que cualquier grupo social, sean vecinos, familiares o compañeros de trabajo, lo ejercitan.

Ahora bien, la gran pregunta a realizarnos es si esta forma de "administrar justicia" es justa, en el más correcto sentido de la acepción, o si es -por otra parte- la aceptación de la crisis institucional del Poder Judicial y sus instituciones y, con ello, la crisis de la democracia representativa y republicana.

Resulta claro que el derecho a movilizarse, a peticionar a las autoridades, a reclamar por nuestros derechos, es un derecho humano y su respeto es obligación del Estado. Pero ese derecho sin dudas choca contra el resto de los derechos de los que no participan en el reclamo que fuere. Entonces, ¿cuál es la solución?

Lo cierto es que un Poder Judicial que no brinda respuestas a la sociedad compleja de este tiempo, no resulta acorde ni válido. Y es importante comprender que la crisis de este poder del Estado tiene múltiples causas y sus necesarias consecuencias, por lo que precisamos discutir su rol, su mejoramiento y su validez como forma de mantener la paz social aplicando las leyes que nos rigen.

La cosa en realidad es así: el orden y la paz social son uno de los fines del derecho y para ello se crea un Estado que tiene tres poderes. Uno administra la cosa pública y tiene la obligación de garantizar el acceso de las personas a los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución. Otro debe dictar las reglas de convivencia social estableciendo condiciones y consecuencias legales para las diversas situaciones hipotéticas de la sociedad. Finalmente, el otro poder debe aplicar lo que dicen las leyes y debe controlar lo que hacen los otros poderes, dando a cada persona lo que merece o le corresponde en el marco de la convivencia social.

Pues bien, esto último no ocurre y la sociedad le perdió el respeto en forma progresiva al Poder Judicial acudiendo a las medidas de acción directa, sea marchando, sea reclamando en redes sociales o sea recurriendo a la violencia a fin de obtener las respuestas que exigen, según sus necesidades o aspiraciones.

La gran cuestión a analizar es si esto es lo que corresponde o conviene, si la parsimonia y la falta de respuesta del Estado, a través del Poder Judicial habilita esta forma de respuesta social, o si debemos detenernos a diagnosticar y buscar respuestas que permitan la recuperación del respeto y la consideración social a las instituciones judiciales como forma de garantizar y asegurar la paz y el orden social.

Caso contrario deberemos asistir al cuestionamiento de las bases sobre las que asentamos la organización social y de las instituciones que la gestionan, cosa que -estimo- no está tan lejos.

La forma de reclamar derechos, de pretender sentencias favorables a las propias pretensiones demuestra esta situación y describe esta problemática, la que pasa frente a nuestros ojos con la mirada impávida de los que conducen este poder del Estado.

Los hechos de violencia se multiplican y tenemos la fortuna de que no ha sido dirigida aún contra personal judicial o contra los jueces y fiscales en particular, pero ello es óbice para entender dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo.

Creo que los ciudadanos nos debemos una buena charla, incluyendo a todos los actores del sistema judicial, porque aún estamos a tiempo de revertir la situación y de evitar el caos que está a la vuelta de la esquina, cuando las situaciones peligrosas se siguen repitiendo.

Es mi palabra.

(*) Abogado M. P. 8356, Corrientes

Domingo, 26 de marzo de 2023