Mientras arrecian las protestas, el Gobierno de Perú estableció un nuevo toque de queda para la región de Puno y, al mismo tiempo, la fiscal de la Nación investigará por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a la presidenta Dina Boluarte y tres de sus ministros.

El Gobierno de Perú dispuso ayer el toque de queda en la región andina de Puno, en el sur del país, convertida en epicentro de violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejaron ya 18 muertos en dos días por los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.

Con estas muertes aumentó a más de 40 el número de fallecidos durante las protestas desatadas en Perú desde la destitución y detención de Pedro Castillo, quien en la actualidad se encuentra en prisión bajo una orden de detención preventiva por 18 meses mientras enfrenta un juicio por el delito de rebelión.

FOTO: REUTERS/BBC MUNDO.
Paralelamente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que ordenó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos a Boluarte y tres ministros en relación con esos hechos.

“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares de los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal” sobre la conducta de la jefa del Estado con respecto a los hechos en Puno, declaró Benavides a la prensa.

Más tarde, el Ministerio Público informó en un comunicado que la investigación preliminar, además de a Boluarte, alcanza a Otárola y a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.

La indagación se basa en "los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho", precisó el documento, publicado en Twitter.

FOTO: REUTERS/BBC. LAS PROTESTAS PROVOCARON CENTENARES DE HERIDOS.
Esa medida se suma a las diligencias preliminares tomadas por la fiscal sobre Otárola y la mandataria por el fallecimiento de 28 civiles en las manifestaciones realizadas en diciembre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer que visitará Perú entre hoy y el viernes "para observar la situación de derechos humanos", en un momento de profunda crisis institucional y política en el país.

Por su parte, también la ONU pidió ayer al Gobierno peruano que respete los derechos humanos y evite el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas antigubernamentales.

Paralelamente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que es “inaceptable y doloroso” que hayan fallecido tantas personas y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, opinó que está efectuándose “una masacre contra la población”.

Miércoles, 11 de enero de 2023