BOLETÍN OFICIAL
El Gobierno le puso un tope a los aumentos en la medicina prepaga
A través de un decreto, el Gobierno nacional estableció un nuevo régimen de incremento para las empresas de medicina prepaga. Regirá durante los próximos 18 meses.
Los constantes aumentos que les fueron permitidos llevar adelante a las empresas de medicina prepaga provocó un importante terremoto al interior del Frente de Todos y la coalición gobernante. Su momento más tenso llegó con un mensaje publicado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus redes sociales en donde arremetió directamente contra el Ejecutivo y el presidente Alberto Fernández.
Ahora, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno establece un nuevo régimen para los próximos 18 meses en donde pone un tope a las subas, el mismo comenzará a regir a partir de febrero del 2023.
En qué consiste En su artículo primero, el escrito indica: "Establécese que, a partir del 1° de febrero de 2023 y por el plazo de 18 meses, el incremento del valor de las cuotas (...) tendrá como tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado. Esta medida se aplicará respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles".
En ese marco, dispuso además que las prepagas deberán ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias, a partir del 1° de enero de 2023, "idénticos planes de cobertura al que posean en la actualidad sin copagos, con la inclusión de copagos sobre las prestaciones de primer y segundo nivel, a un precio de, como mínimo, un 25% menor al plan sin copagos".
En los considerandos, el decreto señala que "resulta necesario establecer criterios normativos que regulen las actividades económicas llevadas a cabo dentro del ámbito de la medicina privada, toda vez que, si bien se establecen como relaciones entre privados, por sus características específicas, su debida prestación es considerada un derecho de los consumidores".
Asimismo, destaca que "es obligación del Estado implementar políticas que desalienten la inercia inflacionaria que afecta el normal desarrollo de las actividades de las empresas y los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente a los sectores del trabajo y la producción que se intentan proteger".
Jueves, 10 de noviembre de 2022
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