Los analistas aseguran que "puede ser determinante" la alianza que vincula a la Fuerza Popular, el mayor de los partidos de derecha "dura", y Perú Libre, los dos partidos que presentaron un proyecto de ley para prohibir que quienes se retiraron de su partido original no puedan ser electos.

Negociaciones secretas, especulaciones y tensión antecedían en estos días la elección del nuevo titular del Congreso de Perú, con el añadido de que podría ser el futuro jefe de Estado interino si se concretan los planes de destitución contra el presidente Pedro Castillo.

Nombres como Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Eduardo Salhuana o Héctor Acuña, del partido de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP) -aunque los dos primeros con evidente identidad con la derecha más radical-, aparecen en las especulaciones, que no descartan sin embargo a otros congresistas.

En ese marco, para analistas como Rosa María Palacios puede ser determinante la alianza que aparentemente se cocina entre Fuerza Popular (FP), el mayor de los partidos de derecha "dura", y Perú Libre (PL), el partido marxista leninista al que perteneció Castillo hasta la semana pasada.

"Cuando dos polos se atraen siempre es peligroso", advirtió Palacios sobre los acercamientos entre FP y PL, que se evidenciaron con un proyecto de ley conjunto que pretende prohibirles el derecho a ser elegidos como presidentes del Congreso a aquellos que se retiraron de su partido original.

El proyecto, que expertos consideran inconstitucional, apunta contra los 28 legisladores (de 130) que han cambiado de banca, pero específicamente contra los 21 que también dejaron al que fuera el partido de Castillo y le mantienen fidelidad al presidente.

Uno de ellos, Edgar Tello, del Bloque Magisterial, actualmente la bancada más próxima a Castillo, admitió que ese sector tiene interés de postular candidato, lo que se vería afectado con el proyecto que sintomáticamente fue firmado por dos notorios líderes de FP y PL, Alejandro Aguinaga y Waldemar Cerrón.

La elección de presidente del Congreso, para la que aún no hay fecha pero que inevitablemente debe producirse en menos de 20 días, se da en momentos en que la oposición afina nuevos intentos para destituir a Castillo, a quien acusan de estar involucrado en casos de presunta corrupción.

Contra Castillo está en marcha una acusación constitucional en el Congreso que eventualmente podría suspenderlo del cargo, aunque la mayoría de los especialistas coincide en que eso sería inconstitucional por tratarse de presuntos delitos que no califican para ello.

Las investigaciones, que para constitucionalistas deben esperar a que el mandato termine en 2026 para concretarse en acciones judiciales, se basan sobre todo en la supuesta participación del mandatario en maniobras para darle a una empresa la construcción de un puente a cambio de sobornos.

Además, los medios añaden cada día nuevos episodios que supuestamente comprometen en potenciales actos delictivos a Castillo, quien, en sus pocas apariciones públicas, se dice víctima de una persecución política que empezó en el mismo momento en que ganó las elecciones, en junio de 2021.

Para Palacios y muchos analistas, la situación actual de Castillo es de tal precariedad que es difícil apostar a que llegará a 2026, por lo que en medio de la ofensiva política y mediática en su contra, y de sus propios "errores no forzados", quedaría por saber cuándo y en qué condiciones se daría la salida anticipada.

La oposición, además, ha hecho saber en público y privado que el deseo es también sacar a la vicepresidenta Dina Boluarte, contra quien hay en marcha una acusación constitucional por ejercer como presidenta de un club en simultáneo con su rol de ministra, lo que está prohibido.

También en ese punto hay discusión, pues constitucionalistas sostienen que esa falta puede inhabilitar a Boluarte como ministra, pues está contemplado en la ley, pero no necesariamente como primera en la línea de sucesión presidencial.

El congreso de Per a la espera de las elecciones por la posible salida de Castillo
El congreso de Perú a la espera de las elecciones por la posible salida de Castillo.

Como Castillo tiene un solo vicepresidente porque el candidato a segundo, Vladimir Cerrón, fundador y líder de PL, fue inhabilitado en campaña por haber sido condenado por corrupción, la jefatura del Estado en caso de ausencia suya y de su potencial sucesora quedaría en el presidente del Congreso.

Para Palacios, esa es una posibilidad muy fuerte, al margen de que habría que esperar la reacción popular, pues los congresistas han dejado claro que su intención es quedarse hasta 2026, mientras que lo que piden los ciudadanos, según los sondeos, es "que se vayan todos" con nuevas elecciones.

En ese contexto está el recuerdo de lo ocurrido en 2020, cuando el presidente del Congreso, Manuel Merino, quiso tomar el poder tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra, pero la enérgica reacción de las calles lo hizo renunciar tras una semana.

Hoy el Ejecutivo tiene un rechazo en las encuestas de 82 %, pero la del Legislativo llega a 88 %, por lo que parece difícil que el Congreso pueda obviar la voluntad popular.

En 2020-2021 la presidencia del Congreso ha estado en María del Carmen Alva, del partido de centroderecha Acción Popular, pero con inclinaciones más conservadoras que su colectivo, quien no ocultó su accionar en pro de la destitución de Castillo.

Alva quedó tan desgastada que su pFFosibilidad de relección parece nula. APP, fiel de la balanza en la alianza que permitió su triunfo, exige ahora el cargo, lo que explica que de momento las candidaturas más visibles sean de ese colectivo, liderado por el exaspirante presidencial César Acuña.

La exfiscal general Echaíz y el general en retiro Chiabra tienen simpatías de la derecha "dura", pero la bancada de APP se les resiste por sus posiciones más de derecha. Eso los debilita y, si se retiraran para recobrar la libertad, quedarían afectados por el proyecto de ley en marcha.

Salhuana y Héctor Acuña -hermano de César- podrían tener el visto bueno de la bancada, pero no de la derecha "dura", representada sobre todo en FP.

Según analistas, este último partido, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, podría intentar una postulación propia con sus aliados de siempre, Renovación Popular y Avanza País, y sus impensados nuevos amigos de PL.

En el ex PL, dividido en tres bancadas, se busca una candidatura propia, pero de momentos sin nombres y sin aparentes posibilidades de éxito, aunque una aliada de izquierda, Isabel Cortez, exbarrendera de calles que llegó al Congreso desde la lucha sindical, se ha dicho dispuesta.

Más allá de la elección, la expectativa se centra en la actitud que asumirá el partido de Cerrón en un eventual nuevo intento de destitución de Castillo, pues sus 16 votos podrían ser decisivos para lograr o no los 87 que necesita la oposición y que no ha alcanzado en dos mociones anteriores.

La ofensiva opositora y los errores atribuidos al Gobierno tienen al país el vilo desde hace un año, pues nadie se atreve a predecir una fecha de cierre para la gestión de Castillo.

Jueves, 7 de julio de 2022